La tóxica verdad

Trafigura, la empresa multinacional que está detrás del vertido de residuos tóxicos realizado en Abiyán, Costa de Marfil, en 2006, por el que más de 100.000 personas tuvieron que solicitar asistencia médica, debe ser objeto de una investigación criminal en Reino Unido; Amnistía Internacional y Greenpeace así lo afirman en las conclusiones de un importante informe que han publicado hoy. 

The Toxic Truth es el resultado de tres años de investigación y en él se examina en profundidad la trágica letanía de errores que provocaron aquella catástrofe sanitaria, política y medioambiental. En él se describe con detalle el incumplimiento de la legislación vigente destinada a evitar tales tragedias cuando varios gobiernos no impidieron el avance del Probo Koala y su tóxico cargamento hacia Abiyán.

En el informe se cuestiona también la legalidad de un acuerdo alcanzado en Costa de Marfil por el que Trafigura evitó ser procesada por su responsabilidad en el vertido de los residuos tóxicos. El informe arroja más luz sobre las demoledoras consecuencias del vertido tóxico a través de entrevistas tanto con las víctimas del vertido como con los médicos que las asistieron.

“Han pasado seis años desde que se permitió que tuviera lugar esta horrible tragedia –ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional–. Ya es hora de que se obligue a Trafigura a responder plenamente ante los tribunales por lo sucedido. A la población de Abiyán no sólo le falló su gobierno, sino también los gobiernos europeos que no hicieron cumplir su propia legislación. Todavía hay víctimas en espera de obtener justicia, y no existen garantías de que no vuelva a cometerse un delito empresarial de esta índole.”

“Este es un caso de delito empresarial, de abuso contra los derechos humanos y de inacción de los gobiernos para proteger a la población y el medio ambiente. Es un caso que pone de manifiesto el fracaso de los sistemas de aplicación del derecho internacional a la hora de vigilar a las empresas que realizan operaciones transnacionales, y también evidencia cómo una empresa se ha aprovechado al máximo de lagunas e imprecisiones jurídicas y jurisdiccionales, con terribles consecuencias –ha señalado el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo–. No es demasiado tarde para que se haga justicia, para que la población de Abiyán reciba información completa sobre el vertido y para que Trafigura pague por sus crímenes. Sólo entonces será posible esperar que nunca se repita una catástrofe de estas características.”

Los residuos se llevaron inicialmente a Países Bajos, pero Trafigura descartó la posibilidad de que fueran procesados correctamente allí porque el precio le pareció demasiado elevado. A pesar de los motivos de preocupación que suscitaban estos desechos, las autoridades neerlandesas permitieron que salieran de su territorio, lo que supone una grave violación de las obligaciones jurídicas de Países Bajos.

En 2007, el gobierno de Costa de Marfil llegó a un acuerdo fuera de los tribunales por el que Trafigura obtuvo inmunidad frente al procesamiento.  En una demanda civil presentada en Reino Unido en nombre de algunas de las víctimas, Trafigura llegó a otro acuerdo en el que no admitía ninguna responsabilidad. Un tribunal neerlandés declaró a la empresa culpable de exportar ilegalmente los residuos desde Países Bajos, pero la fiscalía decidió no considerar los acontecimientos posteriores en Abiyán ni los efectos del vertido en la salud de las personas.

“No conocemos los hechos –afirma Genevieve Diallo, quien reside cerca de uno de los vertederos de Abiyán–. Los responsables deben ser castigados. Los verdaderos culpables han quedado sin castigo.”

El informe contiene asimismo recomendaciones completas a la comunidad internacional sobre la manera de impedir que se repita una tragedia como esta. Esto incluye directrices claras para conseguir que las empresas que realizan operaciones transnacionales no puedan eludir la plena rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y contra el medio ambiente.

El gobierno británico debe poner en marcha una investigación criminal sobre el papel de Trafigura en el vertido, puesto que la filial británica del grupo empresarial Trafigura tomó muchas de las decisiones clave que dieron lugar a la catástrofe.

El gobierno de Costa de Marfil debe garantizar que las víctimas reciben una indemnización completa. Además, debe reconsiderar la legalidad del acuerdo que alcanzó y por el que Trafigura obtuvo inmunidad absoluta frente al procesamiento en Costa de Marfil.

El Convenio de Basilea, que regula la circulación transfronteriza de sustancias peligrosas y su eliminación, define como peligrosos los residuos vertidos en Abiyán y establece que su exportación sin permiso es delictiva.

El informe se ha presentado con motivo de la reunión en Ginebra de los Estados Partes en el Convenio de Basilea, que representa una oportunidad para garantizar que los desechos tóxicos derivados de procesos industriales realizados a bordo de barcos no vuelven a verterse en países más pobres.

Información complementaria

1.       Se pidió a Trafigura que respondiera a las acusaciones formuladas en el informe. Trafigura ha respondido lo siguiente: “Consideramos que el informe contiene imprecisiones y tergiversaciones importantes, y que simplifica en exceso los difíciles aspectos legales, los analiza basándose en supuestos infundados y llega a conclusiones parciales que no reflejan debidamente la complejidad de la situación ni de los procesos legales. Tribunales de cinco jurisdicciones distintas han examinado los distintos aspectos de los hechos, se han tomado decisiones y se han alcanzado acuerdos. Simplemente es un error insinuar que el asunto no se ha sometido al debido escrutinio judicial”. Trafigura no ha señalado concretamente esas imprecisiones, tergiversaciones y simplificaciones excesivas a Amnistía Internacional y Greenpeace Internacional.

2.       PMI, brazo comercial de Petróleos Mexicanos en el mercado internacional http://www.pmi.com.mx/onepage/public/pmi.jsp

Fotografías, infografías y hojas de datos están disponibles en el link de Amnistía Internacional: http://bit.ly/QtA7EP

El reporte puede ser revisado en: www.greenpeace.org/international/the-toxic-truth

http://www.amnistia.org.pe/2012/09/25/la-toxica-verdad/

61 millones de menores no tendrán vuelta al cole

Por: Autor invitado | 10 de septiembre de 2012

Esta entrada ha sido escrita por Pilar Lara Ruiz-Granados de Ayuda en Acción.

Autor: José Manuel Roman / Ayuda en Acción

Será deformación profesional pero cuando escucho a un niño de 5 años en España decir que quiere ir al colegio, para de mayor ser paleontólogo, científico o superhéroe (aún no lo ha decidido) pienso en el próximo informe de Educación para Todos sobre el estado de la educación en el mundo, titulado Jóvenes,  competencias y trabajo.

La vuelta al cole es, o debería ser, mucho más que libros y uniformes. Incentivar la curiosidad, el esfuerzo, el compañerismo, abrir posibilidades casi ilimitadas (al menos en la infancia) sobre el futuro.

Ahora que las familias españolas preparamos la vuelta al cole: ¡el fin a la ingeniería de horarios! un esfuerzo más en la economía domésticaL, niños y niñas nerviosos llenos de ilusión y modorra…  esta “vuelta a la normalidad”  es para miñones de menores un derecho incumplido.

Unos 61 millones de menores no asistirán a la escuela, como si dejaran de ir al colegio todos los niños y niñas de Europa. En América Latina 6,5 millones no pisarán un aula, lo que en España equivaldría a casi toda la población en edad escolar. Sumando los que comenzarán pero abandonarán los estudios, la cifra podría ascender a 22 millones.

Las oportunidades que se cierran para todos los que no irán, o no volverán, al cole son innumerables. Lo denunciamos las ONGD y organismos internacionales de educación como la UNESCO y lo afirman instituciones centradas en la rentabilidad económica como la OCDE. Ya en 2010 advertía que los más afectados por la crisis financiera eran los trabajadores de menor nivel educativo y, los países que peor la afrontarían, aquellos con población poco cualificada. Un sistema educativo de calidad y accesible para toda la población, marca la diferencia entre la dependencia y la pobreza o las posibilidades de desarrollo y bienestar futuros.

Frente a los más de doce años de instrucción obligatoria que recibe un habitante de Noruega o Alemania, en Guatemala la media de asistencia a la escuela ronda los cuatro años, en Senegal tres y medio y sólo uno y medio en Etiopía. Esos niños y niñas que no asisten a la escuela afrontan un futuro incierto, pero además, comprometen el bienestar de toda la comunidad. La educación es base para combatir la pobreza, mejorar la salud y crear oportunidades de crecimiento.

Pero ¿por qué la asistencia o no a la escuela de una niña etíope o un niño peruano debería ser mi problema? ¿Por qué asumir como propia la injusticia y la desigualdad en otras partes del mundo? Porque la empatía y la solidaridad nos definen como personas. Nuestra capacidad para reconocer al otro como igual, sea o no de nuestro propio clan, tribu (o llamémoslo país) es lo que permitió la colaboración y el intercambio entre grupos: el desarrollo. Perder la conciencia de que los problemas de otros también son nuestros nos destruiría a nosotros mismos.

Seguramente por eso nos pusimos de acuerdo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y decidimos que la educación es un derecho universal. El enfoque de derechos, eso que con la crisis económica debemos defender más que nunca, supone trabajar desde la creencia de que hay cosas, derechos universales, que todas las personas deberíamos poder disfrutar. Cosas que no deben depender de la bondad ni de los caprichos de nadie.

Pero si un derecho es universal, el deber de trabajar para que se cumpla también debería serlo. Y ahí, como para el niño de 5 años que no necesita ningún informe de la OCDE para saber que ir al colegio es fundamental para su formación, las posibilidades son casi ilimitadas. Se puede y debe contribuir al cumplimiento de ese derecho con impuestos, donaciones, denuncias y propuestas. Que cada cual analice sus opciones, pero que en ningún caso se exima de ellas.

Hace tiempo me preguntaron que pasaría si se terminara con la pobreza. Lo mismo que si consiguiéramos una educación de calidad para todos y todas: las personas tendrían la oportunidad de imaginar cómo quieren que sea su vida y tomar sus propias decisiones. La pobreza no es sólo falta de presente, es sobre todo, falta de futuro.

Nota de los editores del blog:

Hay varias campañas abiertas para luchar contra esta situación. Organizaciones como Ayuda en Acción con el reto del cole, Entreculturas con la Silla Roja proponen acciones individuales pero también hay campañas para implicar a las familias a través de los centros educativos como Ahora Toca o Enredate. Estos son sólo ejemplos de la oferta, aprovechen la vuelta al cole para actuar.

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/09/61-millones-de-menores-no-tendran-vuelta-al-cole.html

Un año después el éxodo de Somalia continúa en medio del conflicto y la escasez de lluvias

Miércoles, 06 de Junio de 2012 10:27

© ACNUR/S.Modola. Un trabajador de ACNUR mide el brazo de un bebé de ocho meses en el campo de refugiados de Dadaab, en Kenia, el año pasado.

GINEBRA, Suiza, 5 de junio (ACNUR/UNHCR) – En junio hace un año que los refugiados somalíes desesperados empezaron a huir hacia los países vecinos, empujados de sus hogares por el conflicto, las violaciones de los derechos humanos y la peor sequía en décadas. Este reciente episodio ha sido otro recordatorio del sufrimiento trágico y prolongado de la población somalí que se ha prolongado más de veinte años.

Enfrentándose a la violencia y la hambruna, decenas de miles de personas buscaron sobrevivir en los campos de refugiados de la región. Muchos caminaron por el desierto durante días, semanas a veces, y llegaban exhaustos, enfermos o demacrados, frecuentemente llevando con ellos a sus débiles y moribundos hijos o a las pocas pertenencias que tenían.

Hoy en día siguen vigentes muchos de esos retos. El continuo conflicto y las escasas lluvias de temporada siguen obligando a la gente a huir de Somalia aunque a niveles inferiores de los que vimos el pasado verano. Durante los cuatro primeros meses de 2012, unos 20.000 somalíes buscaron refugio en Kenia, Etiopía, Yibuti y Yemen, frente a los 40.000 somalíes que huyeron al mes entre junio y septiembre de 2011.

Este mes de mayo, los campos de Dollo Ado en Etiopía, que albergaban ya a más de 150.000 refugiados, vivieron un significativo aumento de llegadas y pasaron de menos de 980 en la primera mitad de mayo a más de 2.000 en la segunda quincena del mes. Los recién llegados dicen que huyeron de su país por la creciente inseguridad física y por la escasez de recursos. Concretamente mencionan el miedo a verse atrapados en las operaciones militares, el reclutamiento forzoso, las escasas lluvias y la destrucción de cosechas como las principales razones para abandonar Somalia. ACNUR está trabajando con las autoridades de Etiopía para identificar un nuevo espacio para un sexto campo en esta zona ya de por sí superpoblada y medioambientalmente frágil.

Mientras tanto, en el campo de Dadaab, en Kenia, más de 460.000 refugiados siguen viviendo en un ambiente de seguridad precario. La amenaza de artefactos explosivos improvisados, disparos, secuestros y bandidaje sigue siendo alta. Los envíos de ayuda y las actividades en los campos siguen en marcha a pesar de todo. En Dadaab ACNUR también ha sido testigo de grandes actos de solidaridad durante la emergencia. Los refugiados que llevaban años viviendo allí y la comunidad local asistieron generosamente a los recién llegados y compartieron con ellos los pocos recursos que tenían.

Durante el último año la prioridad y el mayor reto para ACNUR y sus socios ha sido reducir las tasas sin precedentes de mortalidad y desnutrición infantil entre los recién llegados somalíes.

Pese a los cuidados médicos y los programas de alimentación terapéutica en los campos de Dadaab y Dollo Ado muchos de los niños recién llegados no han podido sobrevivir y han muerto a las pocas horas o días de llegar. En el momento álgido del flujo del verano pasado, la tasa de mortalidad estimada llegaba a las 17 personas al día por cada 10.000.

En el inicio de la crisis ACNUR y sus socios establecieron programas de nutrición en los centros de recepción y de tránsito y en los campos. Combinados con las campañas de vacunación masivas y otras medidas sanitarias públicas, estos esfuerzos salvaron muchas vidas durante los últimos 12 meses. Las tasas de mortalidad y desnutrición comenzaron a descender de manera importante en septiembre del año pasado pero todavía se necesitaría un mes más para que se situaran por debajo de los niveles habituales en situaciones de emergencia (menos de 1 muerte por cada 10.000 al día). Hoy en día, los campos de Dollo Ado, en Etiopía, están informando de una media de fallecimientos del 0,8 por cada 1.000 habitantes al mes y de 2,2 en el caso de los menores de cinco años. En el complejo de refugiados de Dadaab, en Kenia la tasa bruta de mortalidad es de 0,2 por 1.000 por mes, y 0,6 entre los menores de cinco años.

Otro logro vital ha sido la reducción de unas tasas de desnutrición nunca no habíamos visto en décadas. La desnutrición fue especialmente grave entre los niños refugiados: en junio y julio de 2011 más de la mitad de los niños que llegaron a Etiopía presentaban desnutrición aguda. Esta cifra era algo menor entre aquellos que llegaban a Kenia, donde también eran alarmantes (entre el 30 y el 40%). Incluso el personal más experimentado de ACNUR declaró que no había visto una situación así desde la hambruna de 1998 en el sur de Sudán o la crisis alimentaria de 1999 en Brazzaville.

Los resultados de las últimas evaluaciones muestran una reducción de la desnutrición entre los refugiados menores de cinco años en Dadaab (7%). En Dollo Ado estas tasas de desnutrición entre los niños también se han estabilizado y en todos los campos se da una tendencia positiva. En los campos de Melkadida y Bokomayo las tasas de desnutrición aguda han descendido al 15%. ACNUR está actualmente elaborando una encuesta de seguimiento en los nuevos campos de Kobe y Hilaweyn en la que se espera ver niveles significativamente reducidos de desnutrición aguda general.

Los amplios programas masivos de agua, saneamiento e higiene han ido de la mano con estos esfuerzos y han sido una parte integral de las grandes mejoras en las condiciones de salud de la población de refugiados somalíes.

Los países vecinos han sido los más afectados por el desplazamiento somalí durante la última emergencia en el Cuerno de África. La presión sigue siendo enorme en las comunidades de acogida en la medida que la crisis de Somalia sigue afectando a toda la región. Ellos necesitan un continuo apoyo internacional.

Unas 300.000 personas huyeron de Somalia sólo el año pasado. Hoy, más de 980.000 somalíes viven como refugiados en las vecinas Kenia, Etiopía, Yemen y Yibuti.

http://acnur.es/noticias/notas-de-prensa/892-un-ano-despues-el-exodo-de-somalia-continua-en-medio-del-conflicto-y-la-escasez-de-lluvias

La revolución de los nadie

La comunidad apátrida de Kuwait, un 10% de la población, reivindica su derecho a la nacionalidad en la protesta más invisible de la primavera árabe

Considerados residentes ilegales por el régimen, no tienen derecho a certificados de nacimiento o defunción, a trabajos ni a educación y sanidad públicas

07.03.2012 · Mónica G. Prieto · (Beirut)

Manifestación de bidun en Sulaibiya, 40 kilómetros al norte de Kuwait City, el 18 de febrero de 2011. (AP / Nasser Wagi)

Cuando era una niña, a Mona Kareem una pregunta le dejó desconcertada. “¿De dónde eres?”, le interrogó una anciana. Ella pensó primero y luego contestó. “Soy de Bidun”. La señora se echó a reir. “No existe semejante sitio. No hay un país que se llame Bidun”. Y Mona quedó marcada por aquellas palabras, aturdida tras descubrir que el adjetivo con el que se describe a su comunidad –los Bidun, unas 120.000 personas- no tenía, en realidad, raíces a las que aferrarse. Como si no existiera.

Hay una revolución en Oriente Próximo que no quiere la caída de su régimen. Ni siquiera clama contra la corrupción o contra las violaciones de los Derechos Humanos: sólo quieren dejar de ser apátridas. En Kuwait, los manifestantes exhiben retratos del monarca, Sheikh Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, y cuando corean su nombre se refieren a él como padre. Pero sus protestas son invisibles a los medios de comunicación, tan imperceptibles como sus protagonistas.

De hecho, los manifestantes técnicamente no existen. Legalmente no nacen, ni mueren, no contraen matrimonio ni se divorcian porque nadie les expide documentos que así lo demuestre. No pueden acceder a un carné de conducir, a un documento de identidad o un pasaporte. Pese a haber nacido en Kuwait son tachados de ilegales, no tienen el mismo derecho que sus conciudadanos a tener educación, garantías sociales, sanidad, acceso a un puesto de trabajo o propiedades. Por eso no extraña que la revolución de los bidun –sin, en árabe, por bidun jinsiya, sin nacionalidad– pase desapercibida, a pesar de que son más de 100.000 los afectados y a las crecientes denuncias de las ONG que exigen que se regularice su situación.

Represión de una de las manifestaciones de bidun kuwaitíes. (@ARB_News)

La escritora y periodista de 23 años Mona Kareem, su portavoz más visible gracias a las redes sociales y a su empeño personal, dedica su vida a darles visibilidad: su última iniciativa ha sido Bedoon Rights, una web escrita por bidun kuwaitíes sobre el terreno donde denunciar las violaciones de los Derechos Humanos a los que son sometidos y documentar los casos con fotografías, vídeos y testimonios: una forma de compensar la ausencia de interés de los medios de comunicación.

Otro de los más activos abogados de la causa de los bidun es un activo twittero al que llamaremos Ahmed -prefiere no emplear su verdadero nombre por miedo a represalias- y que constituye en sí un ejemplo del problema. “Mi abuelo tenía un certificado de nacimiento fechado en 1936 donde se decía que era kuwaití y había nacido en Kuwait. Mi padre es policía y en su certificado, emitido en 1952, se anunciaba que su nacionidad es kuwaití y que su lugar de nacimiento es Kuwait. En el mío, de 1976, en el apartado de nacionalidad figura no kuwaití. A mi hijo no le quieren expedir un certificado de nacimiento. Es como si no existiera”.

Para explicar el origen del problema, Ahmed retrocede a décadas atras. “Hay que recordar que la mayor parte de los países del Consejo de Cooperación del Golfo son nuevos. Kuwait era un completo desierto por el que algunas tribus pasaban en sus viajes de Irak a la península arábiga. Gradualmente, tribus procedentes de Irán, Irak y la Península Arábiga se establecieron formando lo que hoy llamamos Kuwait”. Con la declaración de independencia, en 1961, las nuevas autoridades decidieron conceder la nacionalidad a aquellos que vivían en el interior del muro que rodeaba el antiguo Kuwait desde 1920. “La mayoría de las tribus, que vivían en el exterior del muro, no adquirieron la nacionalidad, pero la Constitución y las leyes locales les consideraban kuwaitíes y les incluyeron en los cargos públicos”, prosigue Ahmed.

Un niño, en una protesta por los derechos de los bidun. (@faisalalmana)

Según el experto en cuestiones relativas a la nacionalidad Sebastian Kohn, autor del blog Justice Initiative, fueron privados de la nacionalidad kuwaití aquellos que “no pudieron demostrar vínculos con Kuwait previos a 1920 [esa es la definición de originario kuwaití según la ley], ya fuera porque eran beduínos o porque no tenían ningún tipo de documentación, así como aquellos que no apreciaban la importancia de tener una nacionalidad y no se registraron como ciudadanos a principios de los 60. Por ejemplo, no lo hicieron muchos de quienes trabajaban en los campos de petróleo porque no tenían tiempo de ir a sus casas a registrarse, o muchos nómadas que no tenían concepto de nacionalidad”.

Ellos no son los únicos miembros del colectivo: el mismo problema tienen los extranjeros que se asentaron con sus familias en Kuwait pero que nunca formalizaron su situación –la mayor parte del Ejército estaba, en los años 60, formado por bidun– e hijos de mujeres kuwaitíes y padre extranjero o bidun, ya que según la ley kuwaití las mujeres no tienen derecho a dar en herencia su nacionalidad.

Al principio, recuerdan los activistas, el estatuto de bidun no revestía apenas diferencias. En los años 60 y 70, los bidun tenían acceso a la educación y a la sanidad gratuíta como cualquier otro ciudadano de Kuwait, pero las leyes aprobadas desde entonces fueron complicando la normalización burocrática del estatuto de los sin. En los años 80, con la guerra Irán-Irak, su situación cambió drásticamente. “En la región se instaló un clima de desconfianza, y en ese contexto, se les comenzó a aplicar el Acta de Residencia de Extranjeros en 1986, por el cual fueron reclasificados como residentes ilegales. Según Human Rights Watch, fue una estrategia deliberada para echarles del país. Como resultado, comenzaron a ser despedidos de sus trabajos y a tener problemas para accceder a carnés de conducir o pasaportes”.

Fue en 1986 cuando el régimen de Kuwait instaló el primer comité gubernamental para tratar el problema de los bidun. Otro sería formado en 1994, bajo el nombre del Comité Ejecutivo para los Asuntos de los Residentes ilegales, que según explica Ahmed “practicó todo tipo de presiones contra los bidun como [quitarles el derecho a] la educación, el matrimonio, los certificados de nacimiento, el trabajo, el carné de conducit, el pasaporte, etc, como formas de presión para que abandonen Kuwait”. La comunidad invisible también fue progresivamente adoptada como una suerte enemigo oficial interno, alguien a quien culpar de todos los males: en 1985 fue acusada del intento de asesinato del emir, y con la invasión de Irak, en 1991, los bidun fueron tachados de colaboracionistas con el régimen de Sadam Husein.

Una manifestación de ‘sin nacionalidad’ en Kuwait. (Stateless in Kuwait)

En 2000 el tedioso proceso de naturalización -posible pero extremadamente complejo y aleatorio, según los activistas- limitó el número de nacionalizaciones de los bidun; incluso con eso, el número de sin que consigue la nacionalidad está muy por debajo de la quota anual establecida. Sin documentos de identidad, no pueden comprar propiedades, abrir un negocio o registrarse como empleados, como tampoco acudir a colegios u hospitales públicos. Lo único que se les asigna es una tarjeta  emitida por el Ministerio del Interior para facilitar su localización a manos de la Seguridad.

Una situación explosiva que encontró su vía de escape gracias a la primavera árabe que comenzó en diciembre de 2010. El 18 de febrero, animados por sus vecinos regionales, los bidun perdieron el miedo y por primera vez acudieron a una manifestación. Al principio eran unos pocos centenares que exigían documentos civiles, más adelante, en las protestas de marzo y diciembre de 2011 fueron miles de bidun quienes exigieron plena nacionalidad: fueron reprimidos con gases lacrimógenos y cañones de agua.

“No tenemos una cultura de activismo y protestas”, explica Mona Kareem en un intercambio de correos electrónicos. “La primera expresión del activismo bidun comenzó en 2008 con la creación del Comité Bidun de Kuwait. El 2011 quedó marcado por grandes manifestaciones. Las escasas protestas previas fueron duramente reprimidas. Tenemos una historia de opresión gubernamental contra nosotros, contra cualquiera que se atreva a hablar, y las asociaciones civiles y los medios nunca informan de esas violaciones de nuestros derechos. Y mientras no se denuncien, no terminará la represión”, aduce la joven activista.

“Es importante recalcar que hemos tenido manifestantes de entre 5 y 10.000 personas: eso es el 5% de la comunidad bidun”, recalca Mona. En enero de este año, las manifestaciones contaron con 13.000 participantes, muy por encima de las expectativas. Eso, a pesar de que “cualquier manifestante o actvista bidun siente que está poniendo en riesgo el futuro de su familia”, como recalca la joven escritora.

Los detenidos en las protestas sobrepasan los 300; sólo en la marcha de enero hubo 108 arrestos según el diario kuwaití Al Rai. “En marzo de 2011 tuvimos 101 arrestados, muchos de ellos torturados, heridos y 36 fueron inculpados con cargos referentes seguridad nacional por los cuales, si llegan a ser condenados, podrán pasar hasta 25 años en prisión por participar en una protesta”, explica Ahmed. “Tres de los inculpados son médicos que han estudiado fuera. Sin embargo, no pueden ejercer en Kuwait porque la ley se lo impide”.

Una pancarta equipara al Comité para los Bidun, organismo oficial de Kuwait, con los nazis. (AP / Nasser Wagi)

Es fácil que surja la pregunta de qué sucede con los detenidos, dado que oficiamente no son kuwaitíes. “El gobierno amenaza con deportarlos pero legalmente no puede. Son apátridas de Kuwait. Si pudieran deportar a un apátrida, lo habría hecho hace tiempo”, afirma Kareem. “Hay bidun que han pasado cinco años en centros de deportación porque ningún país les acepta, dado que no tienen ninguna nacionalidad”.

Motivos sobran para la revolución de los sin identidad, sin papeles, sin derechos básicos, que son al fin y al cabo parte de varias generaciones que han ayudado a construir Kuwait en tiempos mejores y peores. En el pequeño reino de Kuwait, donde 1.3 millones de habitantes se reparten los beneficios del 8% del petróleo mundial y donde la renta media supera los 62.000 euros anuales (se trata del quinto país más rico del mundo) un 10% de su población carece de medios básicos de subsistencia. En el llamado jubileo dorado, la conmemoración del 50 aniversario de la Independencia de Kuwait y del 20 aniversario de la liberación tras la ocupación iraquí, el emir Al Sabah entregó a cada ciudadano más de 3.000 euros a modo de celebración. No hubo nada para los bidun.

(AP Photo)

“Es un problema de egoísmo, clasismo y burocracia”, estima Kareem, en referencia al desprecio social que rodea a los bidun. Para Ahmad, “Kuwait es una familia muy rica que no quiere repartir el pastel. Algunos creen que las verdaderas razones para que no se nos naturalice son étnicas y religiosas, étnicas porque la mayoría de los bidun pertenecen a tribus del norte de Kuwait y religiosas porque el 60% son chiíes”. En cualquier caso, para Sebastian Kohn la única forma de erradicar el problema es la presión internacional. “A Kuwait le importa su reputación internacional, así que son importantes declaraciones claras por parte de la UE, EEUU o la ONU. Actualmente, nadie dice nada”.

http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/la-revolucion-de-los-nadie.html

¿Qué pasa en Senegal?

Por: Blogs ELPAIS.com | 31 de enero de 2012

El presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, en junio de 2006. Foto: Hasan Sarbakhshian / AP

Es un hecho: van tres muertos: un policía en la capital (Dakar) y dos civiles en Podor. Otro: hoy es un martes cargado de tensión, pues hay convocada una gran manifestación no autorizada, a las tres de la tarde, contra el actual presidente del país, Abdoulaye Wade, de 85 años, que puede representar un antes y un despúes de su era (iniciada en 2000). Tercero: la violencia no es una característica habitual de Senegal, un país de democracia asentada, luego su existencia última es prueba de que algo va mal. Y cuarto: una estatua gigantesca (49 metros de altura) se levanta y lo mira todo desde lo alto de una colina en Dakar, el Monumento al Renacimiento Africano. Dicen que el rostro del hombre es el de un Wade joven. Costó 29 millones de euros; fue construida por ingenieros coreanos hace nada y es la prueba pétrea de la megalomanía con que el presidente y su séquito, muy numeroso, muy aferrado al poder, han vivido y gobernado en los últimos tiempos.

 

Monumento al Renacimiento Africano dominando Dakar. Empresa personal del presidente, costó 20 millones de euros.

El Consejo Constitucional en Senegal rechazó ayer lunes de madrugada todos los recursos presentados por la Oposición para impedir que Wade optase a un tercer mandato (siete años más) presentándose a las próximas elecciones del 26 de febrero. El descontento en Senegal con el Gobierno era ya un clamor desde antes de 2011: subida constante de precios de alimentos y viviendas, obras faraónicas sin sentido y dejadez de otras imprescindibles (como la mejora en educación

o de la Administración): en Dakar, por ejemplo, se construye desde hace una eternidad una autopista ¡de peaje!, mientras las normales (la normal, sólo hay una de entrada y salida a la ciudad) son un caos o la mayoría de las calles no tienen asfalto; las obras del nuevo aeropuerto internacional son un agujero sin fondo, y la organización de eventos culturales o saraos comerciales millonarios con afán multinacional espanta desde hace mucho a algunos senegaleses.

La corrupción y los favores políticos entre los privilegiados son moneda cotidiana. Otro detalle: con poco menos de 13 millones de habitantes existían hasta hace nada ¡24 ministerios (aunque Wade los rebajó a 17 hace un tiempo)!, muchos son y con una clara utilidad: colocar a las familias de unos y otros en los cargos. De su población, alrededor de la mitad vive por debajo de la línea de la pobreza y la esperanza de vida es de 56 años; la falta de oportunidades empuja a los más jóvenes a abandonar el país y llegan a Europa de forma ilegal (o muertos), en un goteo constante de salidas que ninguna campaña ha conseguido parar. La tasa de paro juvenil es tan brutal que basta asomarse a la calle para contempla las masas de jóvenes desocupados vendiendo pequeñeces para subsistir. Además, la inseguridad ha aumentado en las calles de Dakar en los últimos tiempos.

Karim Wade, hijo del presidente. Fotografía vía AfrolNews.

Una situación de la que muchos culpan a este presidente ya anciano, considerado títere de su hijo Karim Wade (la mano que se ve detrás de todo), y a una política que nada tiene del programa inicial del Partido Democrático Senegalés (muy apoyado en 2000 por los mismos grupos que ahora lo repudian) que clamaba por libertades y democracia, ni con los nuevos retos del país. Más interesado por lo de fuera que por lo de dentro, hecho a la medida del gobierno francés es considerado Wade desde hace ya rato.

Cuestión de tiempo era el estallido social. Pero se aceleró más desde el momento en que Wade anunció en diciembre, bien rodeado y alentado por lo que llaman «los hombres del presidente», su intención de presentarse de nuevo y hasta de modificar la Constitución para lograrlo. De golpe de Estado constitucional y preludio de otro electoral, lo definieron de inmediato sus opositores.

Las revoluciones en el Norte de África han tenido eco entre la población y los incidentes y manifestaciones de los indignados también han existido (#OccupySenegal), con inmolaciones incluidas frente al palacio presidencial en protesta por una situación de desesperanza, pobreza y corrupción difícil de sostener: un país pequeño, hermoso y rico culturalmente, calmado, muy valorado y bien relacionado con Europa y Estados Unidos, con aspiraciones comerciales (aunque no tenga ninguna materia prima de las golosas, como petroleo) y turísticas, y posibilidades de prosperidad gracias a los muchos senegaleses de la diáspora y, digamos, a otras ayudas internacionales (por el control de fronteras, la pesca y otros) y de cooperación al desarrollo. Y más: Senegal es uno de los Estados más estables del África subsahariana, un modelo, uno de los contados países africanos que nunca sufrió golpe de estado, usual mediador de conflictos. Con una tradición de consenso y de paz que Wade parece querer dinamitar.

Qué hará hoy la población, no se sabe. Nuestro compañero Cheikh Sène se preguntaba si es necesario en verdad inquietarse y apuntaba ayer a la capacidad de sus compatriotas para olvidar pronto y hacer como sin nada pasara. En la BBC se hablaba de la inconveniencia de una Primavera Árabe en el África Subsahariana. «A medida que se incrementan los niveles de vida, que las poblaciones se vuelven más cosmopolitas y mejor educadas y a medida que la sociedad en general alcanza una mayor condición de igualdad, las personas comienzan a demandar no simplemente más riqueza, sino reconocimiento de su estatus… Estos son exactamente los cambios sociales que están sucediendo hoy en día en África. El progreso se logró y sólo puede mejorar. Estas peticiones y el deseo de las personas por ser escuchados -para que sus gobiernos rindan cuentas- sólo pueden ser tratados por fuertes instituciones democráticas en desarrollo y no simplemente deshaciéndose de presidentes y sus gobiernos. Esto es lo necesario en la siguiente fase de la democracia de África y no una Primavera Africana cortada por el mismo patrón de la Primavera Árabe», escribe Jimmy Kainja, académico de Malaui en la London Metropolitan University.

Al Jazeera se pregunta si Senegal se desliza hacia el caos poniendo en riesgo así una de las democracias más maduras del continente. En Le Monde hablan de que Wade no está a la altura de sus antecesores, no es verdadero hombre de Estado.

El periodista José Naranjo, en el terreno, desde el portal GuinGuinbali (que está haciendo seguimiento constante), reflexiona sobre qué mensaje quiere dar Senegal hoy al mundo: «Las grandes dudas que a mí particularmente me asaltan respecto a este martes 31 de enero son: ¿Qué capacidad, que fuerza real, tiene la oposición para movilizar al pueblo senegalés? Estamos a unas horas de averiguarlo. ¿Tiene Wade las cosas atadas y bien atadas, tal y como aparenta, o este artista de la prestidigitación se está tirando un farol? En el caso de que las cosas se pongan más feas todavía, ¿cómo reaccionarán las fuerzas del orden? ¿Dispararán contra la multitud, como ocurrió hoy en Podor? ¿Cuál es el límite hasta el que están dispuestos a llegar los líderes de la oposición? ¿Cuál es el límite que nunca franqueará Wade, la barrera invisible que le dicta su conciencia?».

Amnistía Internacional asegura que las muertes de estos días representan una escalada de violencia peligrosa y amenazante de cara a las elecciones y pide a las autoridades que no se usen balas contra los manifestantes pacíficos en ningún caso. Y los EE UU aseguran respetar la decisión judicial pero también que un tercer mandato de Wade no parece ser lo mejor para el país, lo natural sería que cediera ya el poder a la siguiente generación.

Más o menos lo que piden los manifestantes. Músicos, artistas, periodistas, raperos senegaleses son bien activos en el movimiento contra Wade; han creado agrupaciones muy implicadas, como Y’en a Marre (Estamos Hartos), e involucradas en todas las propuestas y protestas públicas.

Así pues, la noche del 27 de enero pasado, la gente salió a la calle en masa de nuevo en todo el país. En esta ocasión la razón era la llamada de los partidos de la oposición (agrupados en el llamado M23) a la protesta masiva ante la decisión del Consejo Constitucional de autorizar 14 candidaturas, entre ellas la del actual presidente Abdoulaye Wade, para las elecciones. Y en la misma lista, el rechazo al cantante Youssou NDour (un asunto menor para la población senegalesa pero que se ha vendido como motivo de indignación en muchos medios internacionales), por no haber reunido las firmas necesarias, al no poder ser verificadas casi 4.000. Youssou NDour denunció un «coup de force» para eliminarlo.

Las dudas sobre la legalidad de la decisión del Consejo se explican bien aquí. Según la Oposición, Wade no tiene derecho a presentarse, pues es la tercera vez. Según el partido del presidente, no es así, sino que esta ocasión sería la segunda si se tiene en cuenta la revisión de la Constitución que se produjo en 2001 y que se empieza a contar desde ese momento. El Consejo Constitucional admitió esta última opción.

Las fuerzas del orden intervinieron y un policía joven resultó muerto esa tarde. Luego todo se aceleró: el cantante, que aseguraba iba a mantener su candidatura a toda costa, fue vapuleado; los líderes del M23 (una coalición de partidos y sociedad civil), incluido el más conocido, Alioune Tine, arrestados en diversas ciudades; la sede de Y’en a Marre sitiada; la entrada a la ciudad de Saint-Louis quedó bloqueada, y unos y otros acabaron firmando recursos contra la candidatura de Wade en un último intento de parar todo esto. «Estado policial», decían unos dentro, mientras los líderes religiosos de la hermandad mouride, la comunidad islámica más importante en un país de mayoría musulmana, hacía un llamamiento a la calma, la paz y el diálogo. Pero se produjeron incidentes en el Norte y dos nuevos muertos. Si Senegal se desestabiliza, se desestabilizan otras muchas cosas. Quizá ese temor frene hoy a la gran masa.

Aquí se recogen las declaraciones del cantante senegalés tras el incidente con las fuerzas policiales.

Durante estos días la Red arde en críticas y acusaciones. Las conexiones comenzaron a fallar (algo nada raro, por otra parte; es otro asunto pendiente: la modernización del suministro de energía y de las nuevas tecnologías) y las sospechas de control de los teléfonos, de Skype y otros, a crecer como la espuma entre los usuarios reunidos en la plataforma de bloguerose #sunu2012 o en otros como #dakar, #yenamarre, #wordonthestreet, #Senegal y diversas cuentas de Twitter y Facebook… Internet sirvió para la información minuto a minuto, mientras las cadenas retransmitían los incidentes y grandes como BBC o Al Jazeera pedían entonces (y lo hacen en estos momentos) voluntarios a través de las mismas redes para que retransmitieran desde Dakar información directa sobre el terreno.

Medios como Seneweb, DakarActu o Africatime repasaban las reacciones dentro y fuera, con la comunidad internacional pidiendo desde todos los foros calma a los ciudadanos y respeto a las instituciones del Estado. La mejor manera de eliminar a un presidente es no votándolo, decían algunos. Y los portavoces de Wade aseguraban garantizar unas elecciones limpias. Pero muchos senegaleses (aunque con tendencia a la calma y la confianza, como escribía Keyti ayer) no se fían ya demasiado.

La decisión de Consejo Constitucional senegalés incendió la calle. La lista de candidatos quedaba así.

La presentación de Wade a las elecciones se vive como una provocación, le reprochan querer mantenerse en el poder a toda costa. En junio pasado, de hecho, promovió una modificación del escrutinio presidencial que permitiera la elección de presidente y vicepresidente (su hijo Karim) con un 25% de votos en la primera ronda. Dadas las violentas manifestaciones de junio contra el proyecto, se echó atrás.

«Wade ha modificado numerosas veces la Carta Magna y sin acuerdo del Parlamento, se ha encargado de nombrar él mismo a los senadores y de desestabilizar el paisaje político senegalés. En once años acumula cinco primeros ministros, cuatro presidentes de la Asamblea Nacional y más de cien ministros que se han ido sucediendo y duraban apenas unos meses», escribe la periodista Mathilde Boireau en Quoi Info. Así, esta campaña se ha convertido en patata caliente, pues muchos de sus antiguos cargos son ahora miembros de la Oposición que le cuestionan.

De lo que suceda hoy en esta llamada «gran manifestación de resistencia» de hoy y en estos días preelectorales depende el fúturo político de este pequeño país.

(*) Los nombres de los candidatos y las tendencias electorales a día de hoy se pueden consultar en www.sunu2012.net
(*) Si estás en Senegal y los estás viviendo, coméntalo aquí con nosotros.

Disturbios el 27 de enero en Dakar.

http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2012/01/qu%C3%A9-pasa-en-senegal.html

violencia verbal

Minerales de sangre bajo el árbol de Navidad

Los principales regalos para esta Navidad son dispositivos electrónicos, muchos de los cuales son fabricados con minerales de regiones con conflictos armados que causan masivas violaciones a los derechos humanos.

Una nueva ley de control de este negocio se retrasa en EEUU.

23.12.2011 · IPS · Amanda Wilson (Washington)

Al igual que los “diamantes de sangre”, expertos afirman que la venta de los llamados “minerales de conflicto” de grupos armados a empresas que fabrican productos para el mercado de Estados Unidos va en aumento.

Se denuncia, por ejemplo, que financia atrocidades en República Democrática del Congo (RDC), donde ya han muerto cinco millones de personas en el conflicto más cruento de África, después del genocidio de Ruanda de 1994.

La Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank es más conocida por regular el mercado financiero de Estados Unidos, pero parte de la norma trata sobre la responsabilidad corporativa fuera del territorio de este país en la compra de minerales de conflicto.

Algunas disposiciones requieren que las compañías que figuran en la Comisión de Valores y Cambios (SEC, por sus siglas en inglés) informen si obtienen el tungsteno, el estaño, el tantalio y el oro de zonas de RDC relacionadas con violaciones de derechos humanos perpetradas por grupos armados.

La norma obligará a las compañías a activar el proceso llamado “debida diligencia para una cadena de suministro”, para brindar a la SEC la información sobre el contenido de los productos utilizados.

Pero la disposición está estancada en un proceso de reglamentación de la SEC, encargada de definir cómo se aplicará ese punto específico de la Ley Dodd-Frank. El organismo tiene ocho meses de retraso según su propio plazo. El asunto figura en el sitio de Internet entre las tareas pendientes para este año que termina.

Los defensores de la ley, entre los que hay organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Estados Unidos y de RDC, se preguntan sobre las razones de la demora.

Global Witness, organización de control de recursos naturales de conflicto, recordó que están en juego vidas humanas.

La demora, “de hecho, permite ganar tiempo a las organizaciones armadas responsables de horrendos ataques contra civiles en Congo y obtengan mayores beneficios del comercio de minerales”, según Global Witness.

Una investigación realizada por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en RDC informó que 300 personas de tres aldeas cercanas a yacimientos mineros en la oriental provincia de Kivu Norte fueron violadas en agosto de 2010.

El foro mundial atribuyó el episodio a la competencia por el acceso a los minerales.

Global Witness realizó sus propias investigaciones, incluido un mapeo de la cadena de abastecimiento, e informó que el comercio de minerales de conflicto aviva la apropiación de tierras y el desplazamiento de personas en Kivu Norte, donde “los abusos a los derechos humanos, incluidas violaciones y esclavitud sexual, alcanzaron proporciones catastróficas”.

Los opositores a la norma, muchos de ellos defensores de los intereses corporativos, arguyen que las disposiciones pueden cortar el comercio con RDC o ser muy difíciles de cumplir, y que será extremadamente complicado rastrear el origen de los minerales.

En cambio, los partidarios sostienen que la procedencia de los minerales, tungsteno, estaño y tantalio, pueden remontarse hasta unas pocas fundiciones en el mundo.

También sostienen que la norma no bloqueará el comercio y que solo requerirá que las corporaciones investiguen si compran minerales suministrados por organizaciones armadas de RDC, revelen la información y tomen medidas con la “debida diligencia” para buscar otras minas de abastecimiento.

El gobernador de Kivu Norte dijo a investigadores de Global Witness en abril que hay guerra desde 1996 y les preguntó “por qué el gobierno de Estados Unidos no aprobó esta ley hace 10 años”.

El representante Jim McDermott, partidario de la norma, señaló que el proyecto de ley fue una medida actualizada que permitirá a consumidores e inversionistas decidir si entablan una relación de negocios con empresas que adquieren minerales de conflicto.

“Es importante si creemos en la justicia social de cortar los fondos de quienes matan y violan en África“, dijo McDermott.

El estado de California utilizó la norma como modelo para su propio proyecto de ley, que aprobó en septiembre y que prohíbe hacer negocios con compañías que utilizan minerales de conflicto.

“Creo que hubo mucha presión política de diferentes grupos, algunos del sector corporativo”, para que no saliera la ley, dijo Corinna Gilfillan, directora de la oficina de Global Witness en Estados Unidos.

“Estamos hablando de dos disposiciones realmente fundamentales y que son importantes para los derechos humanos y tenemos ocho meses de retraso. ¿Cuáles son las consecuencias?”, preguntó.

Una disposición de mayor alcance geográfico de la Ley Dodd-Frank, también vinculada a la transparencia, es otra de las que sufre demoras en el proceso de reglamentación de la SEC.

La disposición requerirá que compañías mineras, de gas y petróleo informen a la SEC los impuestos, las regalías, los derechos de producción, entre otros, y las primas que pagan a los gobiernos.

La coalición de lucha contra la corrupción Publiquen lo Que Pagan, integrada por 600 organizaciones religiosas, ambientalistas y de la sociedad civil, trabaja para implementar esa medida desde 2004.

“En muchos países ricos en recursos naturales buena parte de la población vive con menos de dos dólares al día”, indicó Isabel Munilla, directora de Publiquen lo Que Pagan, en un foro organizado por la Brookings Institution en Washington.

Las iniciativas que promueven la transparencia financiera disminuyen la corrupción y aumentan la capacidad de la ciudadanía de los países con recursos naturales para reclamar su justa parte de los beneficios.

McDermott urgió a ciudadanos de Estados Unidos a apoyar la total implementación de la Ley Dodd-Frank.

“Creo que la ganancia honesta puede convivir con la justicia social, y de eso se trata esto”, indicó.

La SEC se negó a hacer declaraciones sobre las causas de la demora.

http://periodismohumano.com/economia/minerales-de-sangre-bajo-el-arbol-de-navidad.html

¿Cuál muñeco es malo?

Civiles atrapados entre dos fuegos

21.06.2011 · IPS · Ashfaq Yusufzai · (Peshawar, Pakistán)

Civiles huídos de zona talibán(AP Photo/B.K. Bangash)

.Grupos de civiles que lograron huir de las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA) y llegar a Peshawar, capital de la vecina provincia de Khyber Pakhtunkhwa relataron cómo eludieron los controles de las áreas tribales del noroeste de Pakistán controladas por el movimiento islamista afgano Talibán que los usan como escudos humanos para protegerse de los bombardeos.

“Caminamos 10 horas hasta un lugar seguro donde tomamos un vehículo que nos llevó hasta Peshawar“, relató Abdul Jabbar, vendedor de verduras de la Agencia de Bajaur, donde desde 2009hay operaciones militares. ”El Talibán quiere que nos quedemos para usarnos de escudo contra el ejército”, se lamentó Jabbar, quien llegó a esta ciudad el 3 de este mes.

“Miles de hombres, mujeres, niños y niñas esperan al borde del camino en varias localidades tras conocerse la noticia de que el gobierno lanzaría una operación masiva”, indicó el activista de derechos humanos Jawad Ali. Está haciendo lo mismo que hizo cuando en 2007el ejército implementó una campaña militar en el distrito de Swat, en Khyber Pakhtunkhwa, apuntó. ”Miles de personas quedaron atrapadas cuando comenzó el ataque porque los insurgentes no los dejaron ir hasta los puestos de control“, recordó. “Usar a la gente de escudo humano es una vieja estrategia del Talibán”, añadió.

Desde que Estados Unidos expulsó al movimiento islamista de Afganistán, en 2001, combatientes del Talibán se esconden en FATA adonde llegan cruzando la permeable frontera entre ambos países. Las áreas tribales ocupan unos 47.000 kilómetros cuadrados, donde viven cinco millones de personas. El Talibán, y también la red extremista Al Qaeda, atacan a las fuerzas regulares pakistaníes en FATA y en Khyber Pakhtunkhwa, lo que llevó al gobierno a realizar campañas militares para tratar de erradicarlos. Hay siete operaciones en seis de las siete agencias tribales, o distritos, con excepción de Waziristán del Norte, donde una inminente ofensiva militar causó disturbios entre la población.

Niños afganos desplazados por los enfrentamientos (UN Photo/Eskinder Debebe)

“El Talibán no nos deja abandonar el área porque se exponen a las duras acciones del ejército”, señaló Mohammad Nawaz, maestro de la zona de Mamozai, en la Agencia Alto Orakzai, base del movimiento islamista. ”Los insurgentes utilizan a los civiles como escudos humanos”, dijo el agente de asistencia política, Javid Jan, de Waziristán Sur.

El ejército aseguró 96 por ciento de la zona, pero espera trasladar a los civiles a un lugar más seguro para lanzar un ataque a gran escala. El Talibán perdió ímpetu y ya no puede hacer frente a las fuerzas regulares, explicó Jan. ”Pero mantienen a la gente de rehén para demorar la intervención del ejército”, apuntó. ”Tenemos problemas para lanzar operaciones generales”, señaló el administrador de Asistencia Política, porque la población civil sigue atrapada en zonas de FATA.

Las áreas tribales, entre Afganistán y la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, depende directamente del gobierno federal de Islamabad. ”Las autoridades arreglaron al detalle refugios para las personas que serán desplazadas por las acciones militares en Waziristán del Norte, pero el Talibán no las deja salir”, dijo el ministro de Información de Khyber Pakhtunkhwa, Mian Iftikhar Hussain.

Residentes de la Agencia Mohmand se quejan de la grave escasez de vehículos para trasladar a la gente a lugares seguros pues los transportistas también le temen a los insurgentes. En algunas áreas, el Talibán construyó barricadas para impedir el paso de vehículos. Además registran los automóviles que salen de cualquier agencia, indicó Shafiq Shah, de Waziristán del Sur. Las personas audaces logran cruzar los puestos de vigilancia controlados por el movimiento islamista y llegan a lugares seguros.

“Mis hermanos, sus esposas y nueve niños están atrapados en la Agencia de Mohmand porque el Talibán no los deja salir”, señaló Bilal Jan, de 44 años. Él logró llegar al campamento de Jalozai, cerca de Nowshera, uno de los 25 distritos de Khyber Pakhtunkhwa, pero está preocupado por su familia. “La vida en Bajaur es dura porque colapsaron las instalaciones civiles”, indicó Aziz Ali, residente de la aldea de Loi Sam, quien logró llegar a Peshawar, donde vive con familiares. Los comercios están cerrados y no hay ninguna actividad, añadió.

 

http://periodismohumano.com/en-conflicto/civiles-atrapados-entre-dos-fuegos.html

Esterilizadas a cambio de arroz

Las víctimas del programa de esterilización forzada que el FMI exigió al expresidente Fujimori piden justicia en los tribunales peruanos

DIANE CAMBON Enviado especial en Huancabamba

Tenía 30 años cuando me hicieron la operación y desde entonces soy casi inútil en el campo», asegura Cléofl Neira, de 50 años, desde la puerta de su casa de adobe. En Yanguila, un pueblo de unos cien habitantes cerca de la ciudad de Huancabamba, en el norte del Perú,más de 15 mujeres sufrieron la misma operación de ligadura de trompas. La mayoría de estas campesinas se quedaron inválidas y con problemas dolorosos de salud. Hoy siguen reclamando justicia ante las autoridades y han llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otras vías judiciales están en estudio para obligar al Estado a indemnizar a las víctimas.

«No quería someterme a esta operación, perono sabía que ya no podría nunca más tener hijos, no me lo dijeron. Ellos venían con promesas de comida, de medicamentos pero no vimos nada, sólo los dolores», explica Cléofl, madre de siete hijos que tuvo antes de la operación.

«Ellos» son los emisarios del Ministerio de la Salud del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) que fueron enviados a la sierra de los Andes entre 1995 y 2000 para cumplir los órdenes de las autoridades: reducir la tasa de natalidad en el campo como lo había reclamado el FMI. El Banco Mundial entregó fondos para ayudar a aplicar el programa de planificación familiar que consistía en la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Más aún, Estados Unidos, a través de US Aid, financió el proyecto de Fujimori, el cual tenía las manos libres para actuar, disfrutando de una cómoda reelección en 1995.

«De voluntaria no tenía nada. La gran mayoría fueron forzadas o engañadas a cambio de unos kilos de arroz o de azúcar», asegura Josefa, una militante de defensas de derechos de mujeres. En todo Perú, se calcula que unas 300.000 mujeres fueron víctimas de la esterilización forzada. Todas eran campesinas, indígenas, pobres y analfabetas o con muy poca educación.

«Cada día, una enfermera de fuera venía a vernos para convencernos de operarnos y nos decía que no podíamos seguir pariendo como cuyes [conejillos de indias], era muy ofensivo lo que nos decía y al final fuimos un grupo de cinco mujeres, todo pagado, el trayecto y la comida hasta Huancabamba», cuenta Cléofl.

Hoy en día, ninguno de los médicos o enfermeros que practicaron las operaciones sigue trabajando en el hospital de Huancabamba. «Desaparecieron cuando empezamos a hacer la investigación. El Gobierno los llevó a Lima y algunos fueron destituidos», comenta Josefa. En 1996, salieron a la luz los primeros testimonios de las mujeres que fueron operadas. Organizaciones como el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), bajo la responsabilidad de Giulia Tamayo, juntaron informaciones y presentaron denuncias.

Luchar contra este crimen

«Un día fui al hospital y vi cómo había unas 20 mujeres tumbadas en el piso en un charco de sangre, todas recién operadas. En ese momento empezó la lucha para parar este crimen», cuenta Josefa.

Vestida con su tradicional sombrero de paja, Bacilia Herrera se acuerda como si fuera ayer de su operación. «Fui al hospital porque tenía un dolor en la espalda y de repente me pusieron en una camilla y me dieron inyecciones. Al día siguiente estaba operada», cuenta Bacilia, madre de cinco hijos, un número bajo en la sierra, donde las mujeres llegan a tener entre siete y diez hijos.

Junto a su padre y su marido intentó denunciar el caso, pero ni la alcaldía ni los responsables tomaron en cuenta su testimonio. «Me hicieron firmar un papel que era la autorización de esterilización, pero no lo pude leer. Hoy, me arrepiento de haber firmado», concluye.

En su drama, Bacilia tuvo la suerte de ser operada por el doctor Jesús, hoy fallecido. No fue el caso de la mayoría de las mujeres, que pasaron por las manos de practicantes de enfermería, los cuales tenían metas que cumplir. «Se descubrió luego, al interrogar a médicos, que les pagaban un porcentaje por cada mujer esterilizada», asegura Josefa.

Unas 18 campesinas perdieron la vida a raíz de las operaciones. Muchas se quedaron con secuelas de por vida. «La operación era muy rápida y el día después nos dieron una sopita y fuera a la calle; muchas volvimos a trabajar a la chacra [granja] como si nada, pero después ya no podíamos movernos», cuenta Cléofl. Ella es una de las más afectada de Yanguila. Siete meses después de su operación, fue ingresada de urgencia en el hospital por padecer dolores intensos. Los médicos habían olvidado un hilo de seis centímetros en su vientre.

«Ahora siempre tengo ardor en la cintura, no puedo cargar leña», confiesa mostrando la cicatriz que le dejaron, que se asemeja a otro ombligo. Como la gran mayoría de las mujeres operadas, ya no puede mantener relaciones sexuales con su marido. «Tengo suerte, mi esposo no me rechazó», explica. Muchos hogares quedaron destruidos tras las operaciones, ya que los maridos dejaron a sus mujeres, consideras como inútiles para la casa.

Tras la gestión de varias comisiones de Derechos Humanos en el Congreso, las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas en la época de Fujimori se encuentran en la Fiscalía de la Nación y avanzan lentamente, aduciendo falta de recursos. La ONG peruana Manuela Ramos presentó junto con CLADEM el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas esperan todavía alguna indemnización, pero su suerte depende ahora de quién ganará las elecciones presidenciales en la segunda vuelta del 5 de junio.

«Si gana la Keiko [la hija de Fujimori] contra Ollanta Humala, ya no podremos esperar justicia; caeremos en el olvido para siempre», asegura Cléofl Neira con angustia.

http://www.publico.es/internacional/372318/esterilizadas-a-cambio-de-arroz