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Posted on 27/12/2012By Hernan CortesEconomía y NegociosEspañol

Hace pocos días que he finalizado la lectura de un libro que recomiendo casi obligatoriamente a cualquier persona interesada en los motivos que nos han llevado a la actual situación de crisis. Entendiendo la misma no como una crisis financiera del mundo desarrollado de los últimos 5 años sino como un escenario en el que las finanzas gobiernan el sistema internacional, habiéndose convertido en el gran agujero negro de nuestros días. El libro en cuestión se titula Treasure Islands: tax havens and the men who stole the world (Las islas del Tesoro: los paraísos fiscales y los hombres que roban el mundo) y está escrito por Nicholas Shaxson miembro de la red internacional en defensa de la justicia fiscal, la Tax Justice Network.

Recientemente las noticias sobre fraude fiscal, evasión y elusión fiscal, tramas corruptas de blanqueo de dinero, cuentas secretas en Suiza o Luxemburgo, listas de personalidades con cuentas secretas, nombres famosos como Starbucks, Gerardo Diaz- Ferran, Mitt Romney, Gao Ping, etc. están constantemente presentes en los medios de comunicación. Esto se debe, bajo mi parecer, a tres motivos. Por un lado, la necesidad del sistema político de poner bajo control (aunque sea de forma disimulada) el sector financiero que actúa como el gran free-rider del siglo XXI; por otro lado, la presión de la ciudadanía sobre el porqué recae en ella el coste de la crisis financiera que el sector financiero ha generado y de la cual se beneficia; y tres –y quizás la más importante- la sed de recursos que tienen los gobiernos para sanear las cuentas públicas y cumplir los requisitos de las Instituciones Financieras Internacionales y de los inversores.

Todo ello tiene un nexo común más allá de las cuestiones ideológicas, y no es otro que los paraísos fiscales. Verdaderos agujeros negros de nuestro sistema, que no sólo toman forma de islas caribeñas con cocoteros, aguas turquesas y mega yates. Los paraísos fiscales están más cerca de lo que pensamos: Andorra, Chipre (que ocupa la actual presidencia de  la UE), Luxemburgo, Suiza, Holanda, Irlanda o, salvando las distancias, Londres y la City. Es harto difícil explicar todo lo que subyace alrededor de los paraísos fiscales en tan pocas líneas, pero lo intentaré.

¿Qué es un paraíso fiscal?

Como bien lo define Nicholas Shaxson en el libro anteriormente citado, un paraíso fiscal es un lugar que busca atraer negocios ofreciendo una infraestructura políticamente estable para ayudar a las personas o entidades evadir las normas, leyes y regulaciones del resto de jurisdicciones.

El dinero duerme tranquilo en el paraíso fiscal. Fuente: Impuestos para andar por casa.

¿Cuántos paraísos fiscales existen? Según la OCDE, organismo que debería regularlos, no muchos. La realidad nos dice que hay alrededor de unos 60 divididos en cuatro categorías: los europeos; los relacionados con el pasado imperio británico y que tiene la City de Londres como la joya de la corona; los relacionados con los EUA; y finalmente otro grupo de estados como podría ser Uruguay.

¿Cuánto dinero albergan los paraísos fiscales? Los cálculos han ido variando a lo largo de los años, pero según un reciente estudio del Tax Justice Network titulado The Price of off-shore revisited (El precio de los paraísos fiscales revisado) estaríamos hablando de aproximadamente entre 20 y 30 billones de dólares. Esta cifra, calculada de forma prudencial y que no incluye propiedades físicas como yates, inmuebles, obras de arte o joyas, es equivalente a las economías de los EUA y Japón juntas. Si a esta cantidad se le gravase un impuesto del 30% (cuantía que varios países europeos aplican en su impuesto de sociedades) la cantidad recaudada sería de casi 300.000 millones de dólares, prácticamente dos veces el montante de la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

¿Dónde y cuándo nacen los paraísos fiscales? Esta es una pregunta difícil de responder por la complejidad del asunto, pero para poder hacerlo debemos remontarnos a mediados del siglo XX y la creación del mercado conocido como “Eurodollar / Euromarket” en la City de Londres con la aquiescencia del Banco de Inglaterra. Los años 50 eran la época en que los tipos de cambio eran fijos y los movimientos de capital financiero estaban regidos por las ideas de John Maynard Keynes quien declaraba que “la libertad de las finanzas globales ataría las naciones a una condición de esclavitud”. En ese momento histórico los bancos norteamericanos, aún bajo la herencia de la Gran Depresión, estaban regulados de forma estricta por el gobierno, la rama de inversión separada de la comercial (Ley Glass-Steagal) y su libertad de movimientos limitada.

Un crecimiento desorbitado

El Reino Unido, después de la debacle que supuso la pérdida de su hegemonía imperial (independencias de colonias, pérdida de Suez, etc.) y del rol de capa caída de la libra en los mercados, aprovechó la ocasión que se le brindaba de atraer capital foráneo (EUA, URSS, Europa, etc.) para reforzar su posición. Es así como millones y millones de dólares empezaron a fluir hacia la City de Londres, auspiciados por el “vacío legal” que creó el Banco de Inglaterra, dando lugar a lo que se conoce como el “Euromarket”. Un mercado no regulado, con condiciones ventajosas y secretismo para todos aquellos que depositasen sus dólares en la City –barrio de Londres totalmente fuera de control, un estado dentro de un estado desde hace décadas. A partir de este momento el mercado empezó a crecer de forma descontrolada: 1970, 46.000$ millones; 1980, 500.000$ millones; 1988, 2,6$ billones, etc. Tal y como comenta Nicholas Shaxson, el mercado de “Eurodolares” creció tanto que el organismo que supervisa los flujos financieros globales, el Banco de Pagos Internacionales, ha desistido en su intento.

Paraísos fiscales en el mundo. Fuente: pandugarasufisie

¿Por qué se permitió su crecimiento desmesurado? De forma breve podemos establecer dos factores además de los anteriormente citados respecto a los objetivos del Reino Unido de recuperar parte de su hegemonía y de los bancos americanos de “romper las cadenas regulatorias” de su gobierno. Por un lado, el “Euromarket” fue la vía de escape de los dólares acumulados durante la crisis del petróleo de los años 70 por los estados con superávit (productores) hacia los deficitarios (consumidores); y, por otro lado, los EUA vieron el flujo de dólares hacia la City de Londres como la oportunidad de afianzar definitivamente su poder financiero con el dólar como moneda de intercambio y de reserva mundial, así como la posibilidad de engrosar su déficit sin control.

¿Quién intenta detener esta hemorragia de dinero libre de impuestos? Desde hace años se creó en Inglaterra la Red de Justicia Fiscal, quién lleva a cabo estudios sobre el impacto de estos flujos en el mundo y que recientemente está empezando una tarea de socialización de este problema entre la ciudadanía a través de la web Tackle Tax Havens. Esta misma red es la creadora del índice que a día de hoy identifica con mayor precisión los paraísos fiscales en el mundo, el Financial Secrecy Index (Indice de Secreto Financiero). Este índice nos muestra como los cinco primeros puestos de los paraísos fiscales en el mundo están ocupados por Suiza, las Islas Caimán , Luxemburgo, Hong Kong y los Estados Unidos. Otras organizaciones que trabajan alrededor de esta temática son EURODADGlobal Financial IntegrityChristian AidATTACOxfam. Por bien seguro que en tiempos venideros muchas organizaciones más se sumaran a la lista, pues la preocupación pública por este tema va in crescendo.

Kostas Vaxevanis, el periodista griego que intentó divulgar la lista de evasores fiscales en Grecia.

Este artículo podría extenderse muchísimo más explicando, por ejemplo, los efectos de los paraísos fiscales en la población o en la cooperación internacional, pero puede servir como una breve aproximación a uno de los retos más acuciantes y urgentes del siglo XXI: lograr la justicia fiscal.

http://www.unitedexplanations.org/2012/12/27/un-lugar-llamado-paraiso-fiscal-o-como-permitir-la-evasion-de-impuestos/

“Los rectores y decanos deberían dimitir en bloque”, entrevista a Jorge Riechmann

TOMÁS MUÑOZ (REDACCIÓN)

LUNES 1RO DE OCTUBRE DE 2012.  NÚMERO 182
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CANTOBLANCO. Una joven realiza una pancarta en la acampada que se instaló en la Universidad Autónoma de Madrid para protestar por el aumento de las tasas universitarias / FOTO: David Fernández

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se presentó el nuevo anteproyecto de ley educativa, las únicas preguntas dirigidas por los periodistas al ministro de Educación, José Ignacio Wert, trataron sobre la recentralización que supone que el ministerio pase a decidir del 55% al 65% del contenido curricular en detrimento de las consejerías autonómicas de educación, además de una pregunta cuestionando la legalidad del traslado forzoso de docentes. Ninguno de los periodistas le planteó al ministro si había consultado a la comunidad educativa su proyecto de reforma.

“Llevamos años oyendo que no se pueden cambiar leyes educativas sin llegar a consensos y [Wert] la ha sacado absolutamente solo sin contar con padres, profesores ni nadie de la comunidad educativa”, afirma indignada Cecilia Salazar, de Ciudadanos por la Educación Pública. A José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos, de Madrid, le llama la atención que una reforma que se plantea “en supuesto beneficio de los alumnos y las familias, se haga sin tener en cuenta ni la opinión de los alumnos ni la de las familias”.

CONTRARREFORMA IDEOLÓGICA

El ministro Wert aseguró que su reforma no era ideológica, aunque no explicó de forma convincente por qué. En la comunidad educativa hay un amplio consenso en sentido contrario. Para Enrique Díez, coordinador federal del área de educación de Izquierda Unida, “está fuera de duda que desde sus prejuicios ideológicos han establecido sus pautas aplicables a la educación, y su modelo está muy claro: es un modelo para que los ricos puedan llegar a los puestos más altos, que serán los másters y los doctorados; los grados para la clase intermedia técnica y el resto en una precariedad permanente en un mercado laboral en permanente rotación”.

Guillermo Valenzuela, profesor interino que participa en la Marea Verde de Aragón, también cree que es una reforma ideológica porque “profundiza en la supeditación de la educación al mercado laboral. El proceso educativo se diseña en función de las necesidades que tiene el mercado laboral y se concibe que los estudiantes son solamente futura mano de obra. La educación no tiene un sentido por sí mismo”. Cecilia Salazar añade que “la segregación muy temprana de alumnos lo que propiciará es que pocos alumnos lleguen a bachillerato y sean desviados hacia un mercado laboral de mano de obra muy barata”.

TRES VÍAS DE SEGREGACIÓN

La primera segregación se producirá con los llamados “programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento”, en 2º y 3º de la ESO, en los que se agruparán alumnos con dificultades que recibirán contenidos devaluados. La segunda segregación llegará al terminar 3º de ESO. Un segmento del alumnado, el que más dificultades arrastre, será desviado a un curso puente que impedirá el reenganche al bachillerato. Estos ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Cecilia Salazar explica que “los PCPI estaban pensados para alumnos de más de 16 años que iban a dejar el centro; era un intento para reenganchar de alguna forma y que pasasen a Formación Profesional de Grado Medio”. Sin embargo, “en la ley Wert se convierte en una salida, es decir, tiran directamente un alumno a la basura. Esto que antes era un ‘recoger’, ahora es una salida que no va a ningún lado, porque no hay titulación de ESO para este itinerario”. Enrique Díez va un poco más lejos y cree que “no sólo es para que salga mano de obra barata, sino para que salga cuanto antes”. En el texto del anteproyecto se puede leer que ‘se animará a estos programas a los que tengan una situación socioeconómica desfavorable’. Para Díez, “equipara la pobreza con la poca capacidad para el estudio”.

La tercera vía de segregación se hace a través de asignaturas optativas para que en 4º de la ESO los itinerarios para FP y para el bachillerato estén bien diferenciados. Para Enrique Díez, “la consecuencia es que deriva a la población escolar con más dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio o hacia el mercado laboral. Por tanto, convierte a la FP en una vía de segunda categoría. Cuanto antes se segrega, más se atenta contra la igualdad de oportunidades”.

Una de las razones esgrimidas por el ministro para implantar la segregación en itinerarios ha sido la mejora de los datos de fracaso escolar. El catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Cádiz, J. Félix Angulo, en un informe difundido por Soy Pública, explica que “dicha división en itinerarios pretende segregar disfrazando de esta manera el fracaso escolar”. Para el catedrático, el fracaso escolar es un problema de clase social, ya que la proporción entre hijos de trabajadores del sector servicios (profesionales y gerentes) e hijos de trabajadores sin cualificación es significativa: con respecto al acceso al bachillerato, por cada 2,7 alumnos del primer grupo llega 1 del grupo de trabajadores no cualificados, en FP la proporción es de 0,4 por cada 1; en cuanto a abandono de los estudios tras la secundaria es de 0,5 por cada 1 y el ratio de alumnos que abandonan la secundaria es de 0,12 –de la descendencia del primer grupo– por cada uno del grupo segundo.

La segregación viene acompañada de una nueva FP, con formación dual, una parte en la empresa y otra en el centro educativo, copiando el modelo alemán. No obstante, y como apunta Cecilia Salazar, “aquí no existe un tejido empresarial que pueda absorber eso y dar una formación efectiva al alumnado. En grandes empresas puede que sí, pero aquí lo que hay fundamentalmente son pymes que no pueden absorber a todas estas personas, por lo cual no tiene el menor sentido fuera de que se realiza trabajo gratis”.

El anteproyecto planteado por Wert introduce tres exámenes-reválida al término de cada etapa educativa (6º de primaria, 4º ESO y 2º Bachillerato), que serán realizados de forma externalizada, no por los profesores del centro. Para el catedrático J. Félix Angulo “no son pruebas de diagnóstico, sino que abren o cierran la posibilidad de continuar estudiando o bien marcan (como en primaria) al alumnado para el resto de su escolaridad, clasificándolo”. Guillermo Valenzuela indica que es profundizar “en la línea pedagógica que incide en la importancia del examen y de la evaluación. Todo el proceso educativo tendría como fin último poder pasar esas pruebas. Es un sistema de evaluación doblemente reduccionista. Hay muchas maneras distintas de evaluar un proceso de aprendizaje, y nosotros criticamos que la única manera de evaluar sea esa”.

Enrique Díez cree que esto muestra que la educación se concibe “no como algo que te sirva para desarrollarte, sino como un campo permanente de obstáculos, un suplicio permanente como si esto fuera un vía crucis”. Además, sostiene que el “modelo busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, y por eso establece esas pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados, con el fin de que los ‘clientes’ puedan comparar y elegir el centro que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral”.

Cecilia Salazar cree que aquí se pueden dar las mismas consecuencias que se han dado en países que han implantado este sistema. “Lo que ha sucedido es que se ha establecido un ránking en función del cual depende la dotación económica del centro. Esto puede implicar que los centros que tienen más problemas cada vez tengan menos dinero, por lo que cada vez irán peor”. Cecilia cree que si la dotación de un centro depende de las notas de los alumnos en esta evaluación externa, “los profesores no vamos a tener más remedio que dedicarnos a enseñar exclusivamente cómo se aprueba, porque la dotación depende de ello. La reflexión crítica, la creatividad, se va a acabar porque nos vamos a dedicar a hacer pruebas tipo test para que cuando los alumnos se enfrenten al examen puedan pasarlo”.

En este nuevo escenario competitivo, Enrique Díez cree que las escuelas se van a hacer más selectivas y van a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades porque les puede hacer descender la posición en el ránking. “Esto tiene que ver con que se instaura el pago por resultados, propio del mundo empresarial”, apunta. La reforma acaba con la selectividad y cada universidad podrá elegir, si quiere, sus pruebas de acceso, como se hace en el mundo anglosajón.

SIN DEMOCRACIA ESCOLAR

Otra de las novedades que introduce el anteproyecto es el refuerzo del poder del director, nombrado por la administración y al que se le exigirá un perfil de gestor acreditado con titulaciones específicas. El informe de J. Félix Angulo alerta sobre la supuesta autonomía de los centros que esto supone: “Se convertirá, a través del control que el Gobierno pueda ejercer por las reválidas que implante, en una autonomía cautiva, que lleva a una especie de privatización encubierta de la escolaridad”. A Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), le parece “sangrante la pérdida de capacidad de decisión de los consejos escolares, en cada centro se le relega a un papel consultivo sin carácter vinculante, lo que nos parece una tomadura de pelo”. En los consejos escolares se sientan padres y madres, alumnos y docentes, y actualmente tienen capacidad de decisión sobre algunos aspectos del centro. Otro padre que participa en la vida activa del instituto de su hijo, José Luis Pazos, cree que “el ministerio plantea esto porque entiende que la democracia la tienen que ejercer solamente unas cuantas personas”. Los profesores también alertan sobre esta medida. Guillermo Valenzuela cree que generan un modelo de educación “muy autoritario, concentrándose la gestión del centro en el director, que pasa a tener más poder”. Guillermo cree que se va a dejar “muy poca autonomía para los profesores, que tendrán menos capacidad para decidir lo que van a impartir y cómo van a evaluar”. Además, tiene sus reservas con que los directores puedan elegir a los interinos, “en nuestro sistema no es más que inducir al enchufismo y a la corrupción”.

Para Cecilia Salazar es una falta de democracia absoluta. “Ahora en Madrid tenemos el problema de los profesores irlandeses contratados de forma ilegal por la comunidad, pero con la Ley Wert sería legal; hasta hoy en los centros públicos se hace con un baremo, de forma trasparente… Si el director gestiona esto, se saltan muchos derechos al mismo tiempo”. Enrique Díez cree que va a suponer “la profesionalización de la dirección escolar como si fueran gerentes: lo que van es a gestionar los centros públicos con rentabilidad económica, y no con rentabilidad social”.

A este cambio de modelo hay que añadirle la degradación que los centros ya han sufrido con los recortes presupuestarios. Díez asegura que “lo que pretenden es convertir la educación en un negocio. Los datos de la Unesco dicen que se mueve en el mundo de la educación dos billones de dólares anualmente. Ahora el capitalismo ha conquistado toda la geografía, y la última frontera que les queda son los servicios públicos”. José Luis Pazos cree que la reforma pone la puntilla a las agresiones presupuestarias. “Se quiere desmantelar gran parte de los avances que la educación pública ha conseguido en las últimas tres o cuatro décadas”.

 

http://www.diagonalperiodico.net/La-educacion-publica-retrocede-30.html

La tóxica verdad

Publicado: septiembre 25, 2012 en Víctima

Trafigura, la empresa multinacional que está detrás del vertido de residuos tóxicos realizado en Abiyán, Costa de Marfil, en 2006, por el que más de 100.000 personas tuvieron que solicitar asistencia médica, debe ser objeto de una investigación criminal en Reino Unido; Amnistía Internacional y Greenpeace así lo afirman en las conclusiones de un importante informe que han publicado hoy. 

The Toxic Truth es el resultado de tres años de investigación y en él se examina en profundidad la trágica letanía de errores que provocaron aquella catástrofe sanitaria, política y medioambiental. En él se describe con detalle el incumplimiento de la legislación vigente destinada a evitar tales tragedias cuando varios gobiernos no impidieron el avance del Probo Koala y su tóxico cargamento hacia Abiyán.

En el informe se cuestiona también la legalidad de un acuerdo alcanzado en Costa de Marfil por el que Trafigura evitó ser procesada por su responsabilidad en el vertido de los residuos tóxicos. El informe arroja más luz sobre las demoledoras consecuencias del vertido tóxico a través de entrevistas tanto con las víctimas del vertido como con los médicos que las asistieron.

“Han pasado seis años desde que se permitió que tuviera lugar esta horrible tragedia –ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional–. Ya es hora de que se obligue a Trafigura a responder plenamente ante los tribunales por lo sucedido. A la población de Abiyán no sólo le falló su gobierno, sino también los gobiernos europeos que no hicieron cumplir su propia legislación. Todavía hay víctimas en espera de obtener justicia, y no existen garantías de que no vuelva a cometerse un delito empresarial de esta índole.”

“Este es un caso de delito empresarial, de abuso contra los derechos humanos y de inacción de los gobiernos para proteger a la población y el medio ambiente. Es un caso que pone de manifiesto el fracaso de los sistemas de aplicación del derecho internacional a la hora de vigilar a las empresas que realizan operaciones transnacionales, y también evidencia cómo una empresa se ha aprovechado al máximo de lagunas e imprecisiones jurídicas y jurisdiccionales, con terribles consecuencias –ha señalado el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo–. No es demasiado tarde para que se haga justicia, para que la población de Abiyán reciba información completa sobre el vertido y para que Trafigura pague por sus crímenes. Sólo entonces será posible esperar que nunca se repita una catástrofe de estas características.”

Los residuos se llevaron inicialmente a Países Bajos, pero Trafigura descartó la posibilidad de que fueran procesados correctamente allí porque el precio le pareció demasiado elevado. A pesar de los motivos de preocupación que suscitaban estos desechos, las autoridades neerlandesas permitieron que salieran de su territorio, lo que supone una grave violación de las obligaciones jurídicas de Países Bajos.

En 2007, el gobierno de Costa de Marfil llegó a un acuerdo fuera de los tribunales por el que Trafigura obtuvo inmunidad frente al procesamiento.  En una demanda civil presentada en Reino Unido en nombre de algunas de las víctimas, Trafigura llegó a otro acuerdo en el que no admitía ninguna responsabilidad. Un tribunal neerlandés declaró a la empresa culpable de exportar ilegalmente los residuos desde Países Bajos, pero la fiscalía decidió no considerar los acontecimientos posteriores en Abiyán ni los efectos del vertido en la salud de las personas.

“No conocemos los hechos –afirma Genevieve Diallo, quien reside cerca de uno de los vertederos de Abiyán–. Los responsables deben ser castigados. Los verdaderos culpables han quedado sin castigo.”

El informe contiene asimismo recomendaciones completas a la comunidad internacional sobre la manera de impedir que se repita una tragedia como esta. Esto incluye directrices claras para conseguir que las empresas que realizan operaciones transnacionales no puedan eludir la plena rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y contra el medio ambiente.

El gobierno británico debe poner en marcha una investigación criminal sobre el papel de Trafigura en el vertido, puesto que la filial británica del grupo empresarial Trafigura tomó muchas de las decisiones clave que dieron lugar a la catástrofe.

El gobierno de Costa de Marfil debe garantizar que las víctimas reciben una indemnización completa. Además, debe reconsiderar la legalidad del acuerdo que alcanzó y por el que Trafigura obtuvo inmunidad absoluta frente al procesamiento en Costa de Marfil.

El Convenio de Basilea, que regula la circulación transfronteriza de sustancias peligrosas y su eliminación, define como peligrosos los residuos vertidos en Abiyán y establece que su exportación sin permiso es delictiva.

El informe se ha presentado con motivo de la reunión en Ginebra de los Estados Partes en el Convenio de Basilea, que representa una oportunidad para garantizar que los desechos tóxicos derivados de procesos industriales realizados a bordo de barcos no vuelven a verterse en países más pobres.

La verdad tóxica, informe de AI y GreenpeaceInformación complementaria

1.       Se pidió a Trafigura que respondiera a las acusaciones formuladas en el informe. Trafigura ha respondido lo siguiente: “Consideramos que el informe contiene imprecisiones y tergiversaciones importantes, y que simplifica en exceso los difíciles aspectos legales, los analiza basándose en supuestos infundados y llega a conclusiones parciales que no reflejan debidamente la complejidad de la situación ni de los procesos legales. Tribunales de cinco jurisdicciones distintas han examinado los distintos aspectos de los hechos, se han tomado decisiones y se han alcanzado acuerdos. Simplemente es un error insinuar que el asunto no se ha sometido al debido escrutinio judicial”. Trafigura no ha señalado concretamente esas imprecisiones, tergiversaciones y simplificaciones excesivas a Amnistía Internacional y Greenpeace Internacional.

2.       PMI, brazo comercial de Petróleos Mexicanos en el mercado internacional http://www.pmi.com.mx/onepage/public/pmi.jsp

Fotografías, infografías y hojas de datos están disponibles en el link de Amnistía Internacional: http://bit.ly/QtA7EP

El reporte puede ser revisado en: www.greenpeace.org/international/the-toxic-truth

http://www.amnistia.org.pe/2012/09/25/la-toxica-verdad/

To 10 Economic Super Powers

Publicado: septiembre 11, 2012 en VÍCTIMAS Y VERDUGOS

http://visual.ly/10-economic-super-powers

Por: Autor invitado | 10 de septiembre de 2012

Esta entrada ha sido escrita por Pilar Lara Ruiz-Granados de Ayuda en Acción.

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Autor: José Manuel Roman / Ayuda en Acción

Será deformación profesional pero cuando escucho a un niño de 5 años en España decir que quiere ir al colegio, para de mayor ser paleontólogo, científico o superhéroe (aún no lo ha decidido) pienso en el próximo informe de Educación para Todos sobre el estado de la educación en el mundo, titulado Jóvenes,  competencias y trabajo.

La vuelta al cole es, o debería ser, mucho más que libros y uniformes. Incentivar la curiosidad, el esfuerzo, el compañerismo, abrir posibilidades casi ilimitadas (al menos en la infancia) sobre el futuro.

Ahora que las familias españolas preparamos la vuelta al cole: ¡el fin a la ingeniería de horarios! un esfuerzo más en la economía domésticaL, niños y niñas nerviosos llenos de ilusión y modorra…  esta “vuelta a la normalidad”  es para miñones de menores un derecho incumplido.

Unos 61 millones de menores no asistirán a la escuela, como si dejaran de ir al colegio todos los niños y niñas de Europa. En América Latina 6,5 millones no pisarán un aula, lo que en España equivaldría a casi toda la población en edad escolar. Sumando los que comenzarán pero abandonarán los estudios, la cifra podría ascender a 22 millones.

Las oportunidades que se cierran para todos los que no irán, o no volverán, al cole son innumerables. Lo denunciamos las ONGD y organismos internacionales de educación como la UNESCO y lo afirman instituciones centradas en la rentabilidad económica como la OCDE. Ya en 2010 advertía que los más afectados por la crisis financiera eran los trabajadores de menor nivel educativo y, los países que peor la afrontarían, aquellos con población poco cualificada. Un sistema educativo de calidad y accesible para toda la población, marca la diferencia entre la dependencia y la pobreza o las posibilidades de desarrollo y bienestar futuros.

Frente a los más de doce años de instrucción obligatoria que recibe un habitante de Noruega o Alemania, en Guatemala la media de asistencia a la escuela ronda los cuatro años, en Senegal tres y medio y sólo uno y medio en Etiopía. Esos niños y niñas que no asisten a la escuela afrontan un futuro incierto, pero además, comprometen el bienestar de toda la comunidad. La educación es base para combatir la pobreza, mejorar la salud y crear oportunidades de crecimiento.

Pero ¿por qué la asistencia o no a la escuela de una niña etíope o un niño peruano debería ser mi problema? ¿Por qué asumir como propia la injusticia y la desigualdad en otras partes del mundo? Porque la empatía y la solidaridad nos definen como personas. Nuestra capacidad para reconocer al otro como igual, sea o no de nuestro propio clan, tribu (o llamémoslo país) es lo que permitió la colaboración y el intercambio entre grupos: el desarrollo. Perder la conciencia de que los problemas de otros también son nuestros nos destruiría a nosotros mismos.

Seguramente por eso nos pusimos de acuerdo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y decidimos que la educación es un derecho universal. El enfoque de derechos, eso que con la crisis económica debemos defender más que nunca, supone trabajar desde la creencia de que hay cosas, derechos universales, que todas las personas deberíamos poder disfrutar. Cosas que no deben depender de la bondad ni de los caprichos de nadie.

Pero si un derecho es universal, el deber de trabajar para que se cumpla también debería serlo. Y ahí, como para el niño de 5 años que no necesita ningún informe de la OCDE para saber que ir al colegio es fundamental para su formación, las posibilidades son casi ilimitadas. Se puede y debe contribuir al cumplimiento de ese derecho con impuestos, donaciones, denuncias y propuestas. Que cada cual analice sus opciones, pero que en ningún caso se exima de ellas.

Hace tiempo me preguntaron que pasaría si se terminara con la pobreza. Lo mismo que si consiguiéramos una educación de calidad para todos y todas: las personas tendrían la oportunidad de imaginar cómo quieren que sea su vida y tomar sus propias decisiones. La pobreza no es sólo falta de presente, es sobre todo, falta de futuro.

Nota de los editores del blog:

Hay varias campañas abiertas para luchar contra esta situación. Organizaciones como Ayuda en Acción con el reto del cole, Entreculturas con la Silla Roja proponen acciones individuales pero también hay campañas para implicar a las familias a través de los centros educativos como Ahora Toca o Enredate. Estos son sólo ejemplos de la oferta, aprovechen la vuelta al cole para actuar.

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/09/61-millones-de-menores-no-tendran-vuelta-al-cole.html

De bancos malos y gobiernos terribles

Publicado: septiembre 6, 2012 en Verdugo

Alberto Garzón Espinosa– Consejo Científico de ATTAC España

Este viernes el gobierno de España anuncia un nuevo decreto ley que pondrá en funcionamiento el llamado banco malo. Se trata de una medida que venía incorporada en el memorándum que el Gobierno negoció con la troika, el cual no es otra cosa que un conjunto de condiciones económicas que ha de realizar España a cambio de los 100.000 millones de euros del rescate. Es decir, se trata de una nueva imposición que refleja la pérdida de un grado más en la soberanía de nuestro país.

Pongámonos en contexto. Actualmente estamos viviendo la resaca de la burbuja inmobiliaria, durante la cual se construyeron entre 2002 y 2007 más viviendas que en Francia y Alemania juntas (y ambas cuentan con el doble de población y el triple de territorio). Ese proceso de construcción desaforada permitió enormes ganancias al sector de la construcción-inmobiliario, que en alianza con los poderes políticos locales pudo utilizar mecanismos como las reclasificaciones y recalificaciones de suelo para añadir unos cuantos ceros a sus ganancias habituales. La conocida y práctica habitual del “pelotazo urbanístico”.

Pero en ese proceso no se utilizaba sólo dinero ahorrado sino también dinero prestado, así que durante todos esos años la economía española vio como su endeudamiento privado se disparaba. Las grandes empresas de la construcción se regaban con deudas y también los hogares (especialmente los más ricos) multiplicaban su endeudamiento para comprar varias viviendas y poder participar en la orgía especulativa. El acceso a la Unión Europea había supuesto el desmantelamiento del sector industrial y agrario de España, así que el binomio construcción-inmobiliarias se convirtió en el motor del crecimiento español y de la creación de empleo. Cuando la patata caliente estalló y ya nadie quería comprar viviendas todo se vino abajo. Las constructoras tuvieron que cerrar tras despedir a miles de trabajadores y sus activos (viviendas, suelo, préstamos, etc.) pasaron a formar parte de los bancos y cajas que les habían prestado el dinero.

Pero estos bancos y cajas tenían a su vez deudas contraídas con los bancos extranjeros, y ahora las viviendas, suelo y otros activos que recibían ya no valían lo mismo que antes. Incluso, podría decirse, ya no valían nada. Así que muchos bancos tuvieron y tienen que ser rescatados. Y los únicos que los pueden rescatar somos todos nosotros, el dinero público.

Esta es precisamente la esencia de todo el problema actual. Si el banco quiebra entonces se produce un efecto dominó y los que prestaron a los bancos españoles no pueden cobrar su dinero. Si el banco es rescatado, entonces los flujos de dinero seguirán yendo hacia el extranjero al menos durante un tiempo más (que puede ser infinito mientras sigan produciéndose este tipo de rescates). Por supuesto estos rescates siempre van acompañados de condiciones, por más que los ejercicios de retórica del Gobierno pretendan hacer creer lo contrario. La troika y el Gobierno del PP, en esencia, no están rescatando a España sino a los acreedores, es decir, a los bancos alemanes y de otros países que prestaron a los bancos españoles en su afán por sacar beneficios de la burbuja inmobiliaria. Ya ocurrió con Grecia y Portugal.

El banco malo sólo persigue cambiar esos activos que no valen nada por algo de dinero que valga algo. Buscan salvar los muebles como puedan, nunca mejor dicho. El banco acepta una pérdida (que compensará de otra forma) al vender una vivienda o suelo por debajo del que la recibió, pero muy por encima de lo que recibiría si lo quisiera vender ahora mismo a cualquier sujeto económica. Por esa razón el propietario del banco malo, el Estado, pierde mucho más. Esto es, perdemos todos. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Una clarísima transferencia de dinero desde lo público hasta lo privado. Una explicación completa y detalla del funcionamiento genérico del banco malo puede leerse aquí.

El coste es inmenso. En primer lugar porque el gobierno asumirá pérdidas en esas operaciones: comprará las viviendas y suelo muy por encima de lo que ahora mismo valen y esperará, quién sabe cuanto, a venderlas más adelante. No es probable (¡ni deseable!) que vuelva una burbuja inmobiliaria, así que las pérdidas están aseguradas. Pero en segundo lugar porque todas estas medidas no corrigen los problemas reales de la economía, que son la falta de crecimiento económico que genere empleo. Más al contrario, aceleran el empobrecimiento de la economía y llevan a una mayor recesión. El crédito bancario no puede volver a fluir porque los bancos están absolutamente empantanados con deudas e incluso aunque no fuese así no tendrían a quien prestar en una economía en recesión. Pero el plan del memorándum y la troika prosigue porque el objetivo no es crear empleo sino empobrecer la economía (con objeto de acabar compitiendo con países como China, con bajos salarios y a través de la exportación). Estas cuestiones las expliqué con más detenimiento aquí.

Hay alternativas al banco malo, y a falta de una Unión Europea sensata (que rescate a las personas y no a los bancos) todas pasan por dejar quebrar a los bancos y nacionalizarlos después. Las viviendas y otros activos inmobiliarios podrían servir para crear un “banco bueno” que creara un stock de viviendas de alquiler público barato. Las estimaciones del censo de 2011 (que todavía está realizándose) plantean que en nuestro país hay entre 5 y 6 millones de viviendas vacías, muchas de las cuales son propiedad de los bancos. De forma paralela es conocida la necesidad de vivienda por gran parte de la población, especialmente joven. Hablamos de un problema que tiene solución técnica, pero que requiere enfrentar con la radicalidad necesaria a los poderes económicos y financieros que nos gobiernan sin legitimidad alguna.

El gobierno acredita con esta medida y una vez más que estamos ante una inmensa estafa y con un plan que responde únicamente a los intereses de los poderes financieros extranjeros. Este gobierno no se preocupa de los ciudadanos sino que sólo obedece las órdenes de instancias no democráticas que son las que realmente mandan. Ausencia de democracia y un gobierno traidor a sus votantes y a sus ciudadanos.

Publicado en Pijus Economicus
Ilustración del artículo usada bajo licencia CC por gentileza de luckyfotostream

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

http://www.attac.es/2012/09/04/de-bancos-malos-y-gobiernos-terribles/

Crédito de la fotografía: Save The Children

Entre 2007 y 2008, los precios mundiales de los alimentos se dispararon. El número de personas viviendo en la extrema pobreza alcanzó los 150 millones. La ONU encargó a Oliver De Schutter una investigación sobre las causas de esta crisis alimentaria. La conclusión de su informe es estremecedora: potentes especuladores internacionales provocaron una enorme burbuja en el mercado mundial de alimentos.

En este post vamos a explorar la responsabilidad de algunas instituciones financieras en semejante catástrofe humanitaria. Veremos cómo Goldman Sachs jugó un papel central. Pero, antes de nada, necesito introducir un concepto importante: “los derivados financieros”. 

 ¿Qué son los “derivados financieros”?

En las noticias sobre la crisis bancaria seguro que habéis escuchado el término “derivados financieros”. Pero, ¿qué es un “derivado financiero”? Vamos a verlo con un sencillo ejemplo.

 Un ejemplo de “derivado financiero”

Imaginemos a un agricultor que produce trigo y a un panadero que necesita el trigo para hacer pan.

El precio del trigo fluctúa con el tiempo. Ni el agricultor sabe por cuánto podrá vender el trigo en el futuro, ni el panadero sabe cuánto le costará comprarlo. Por ejemplo, si dentro de una año hay una gran sequía, la cosecha será escasa y el precio del trigo aumentará.

La mayor preocupación del agricultor es que el precio del trigo baje. Imaginad que compra semillas y tractores calculando que podrá vender cada tonelada de trigo por 100 euros y unos meses después, cuando termina la cosecha, en el mercado sólo le pagan 5 euros.  ¡Desastre!

Al contrario, lo que más preocupa al panadero es que el precio del trigo suba. Imaginad que invierte dinero en su panadería calculando que podrá comprar el trigo a 100 euros y unos meses después resulta que vale 200. ¡Desastre!

Como los riesgos del agricultor y del panadero son complementarios (el agricultor teme que baje el precio del trigo y el panadero teme que suba), ambos pueden protegerse firmando un contrato que diga:

“Yo (agricultor) me comprometo a venderte una tonelada de trigo por 100 euros dentro de 9 meses. Y tú (panadero) te comprometes a comprármelo.”

Este contrato es un ejemplo de derivado financiero. Un derivado es un instrumento cuyo valor depende del precio de un bien subyacente. En nuestro ejemplo, “el instrumento” es el contrato de compra-venta y el “bien subyacente” es el trigo.

Hasta aquí, los derivados financieros pueden ser muy beneficiosos para la economía: al disminuir los riesgos, panaderos y agricultores pueden invertir en sus negocios sin temer la bancarrota si un año llueve un poco más o menos de lo habitual.

Goldman Sachs y los grandes especuladores entran en escena

Sigamos con nuestro ejemplo donde teníamos panaderos y agricultores. Ahora introducimos unos participantes nuevos: los especuladores.

Al contrario que panaderos y agricultores, los especuladores ni producen trigo ni necesitan trigo. Sin embargo, en su justa medida, los especuladores benefician tanto a los panaderos como a los agricultores. Por ejemplo, imaginad que un agricultor produce 100 toneladas de trigo al año. Tendría que encontrar a muchos panaderos para vender la totalidad de su cosecha y firmar un contrato diferente con cada uno de ellos. Para el agricultor es más sencillo vender su trigo a un especulador, quién, a su vez, asume el riesgo de encontrar a los panaderos. Dicho en la jerga económica: “los especuladores proporcionan liquidez al mercado”.

La crisis alimentaria estalló cuando un “invento” de Goldman Sachs junto a un cambio legal en EEUU provocó que los grandes especuladores se convirtieran en los únicos jugadores relevantes en el mercado de alimentos.

Allá por los 90, los banqueros de Goldman Sachs se inventaron un derivado financiero sobre un índice que mezcla los precios de 24 materias primas, entre ellas, el café, el trigo, el maíz y la soja (“Goldman Sachs Commodity Index”). En 1999, la agencia norteamericana encargada de vigilar este tipo de productos financieros decidió desregularlos, permitiendo a los especuladores ciertas operaciones antes prohibidas (en particular, las llamadas “posiciones a largo”).

Goldman Sachs diseñó su derivado financiero para los inversores que buscaban “aparcar” su dinero. Los alimentos parecen la apuesta perfecta: las empresas tecnológicas pueden quebrar si la competencia inventa un producto mejor, pero la humanidad siempre necesitará comida. ¿Qué mejor lugar para invertir?

La desregulación provocó un enorme flujo de capital hacia los derivados sobre alimentos. Se calcula que entre 2000 y 2008, la inversión en estos productos financieros se multiplicó por 50. La consecuencia fue una tremenda burbuja: cuanta más demanda para derivados financieros sobre alimentos, más sube el precio futuro de los alimentos y cuanto más sube el precio futuro de los alimentos, más demanda para los derivados. La crisis financiera no ha frenado esta tendencia: los alimentos siguen siendo un “valor seguro” para los especuladores (ver esta gráfica).

Permitidme terminar con el esclarecedor testimonio ante el Senado estadounidense de Michael W. Masters, ex-manager de un hedge fund que especula en el mercado de los alimentos:

“En este mismo momento, hay cientos de miles de millones de dólares preparados para entrar en los mercados de las materias primas. Si no se toma una acción inmediata, los precios de la energía y los alimentos seguirán subiendo. Esto podría tener consecuencias catastróficas para millones de consumidores estadounidenses. Y podría significar, literalmente, la muerte por inanición de millones de personas en los países más pobres”.

Nota.- Si estáis interesados en este tema, os recomiendo: 1) El informe de Oliver de Schutter para la ONU, 2) Este artículo de Frederik Kaufman en Foreign Policy y 3) El testimonio completo de Michael W. Masters ante el senado norteamericano.

http://www.principiamarsupia.com/2012/09/03/como-goldman-sachs-creo-una-crisis-alimentaria-internacional/

Por: EL PAÍS | 15 de agosto de 2012

Autor invitado: Chido Onumah (*)

Traducción de Virginia Solans. Ver original en inglés aquí

Pasaron varias semanas hasta que me enteré de que un antiguo compañero había fallecido en el accidente de un avión de Dana Air que se estrelló el pasado 3 de junio. Me causó una gran tristeza pensar que decenas de nigerianos inocentes de todas las clases sociales habían muerto en un suceso tan espantoso. Pero aún me resultó mucho más triste saber que una de las víctimas era alguien a quien había conocido y con quien había trabajado. Al fin y al cabo, ¿no somos todos víctimas? Comentaré este asunto más adelante. Aun se desconocen las posibles causas del accidente. Pero espero que cuando el jurado emita su sentencia y aparezcan posibles evidencias de que el avión se estrelló por culpa de una negligencia de la compañía, las autoridades aseguren, por el bien de los fallecidos en aquel fatídico día, que los responsables sean castigados como corresponde.

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El presidente Jonathan Goodluck llorando en el lugar del accidente. Fotografías de Reuters/AFP.

El accidente del avión de Dana Air ha provocado tal angustia y empatía entre los nigerianos como pocos otros sucesos anteriores. Quizá ello ha tenido que ver con el perfil de los pasajeros que viajaban en aquel fatídico avión. O con la cantidad de historias de interés humano que se han conocido. Tal vez ha sido porque hemos sido testigos de un nuevo accidente de avión después de la racha que padecimos a principios de 2000. Y sin embargo, todo el alboroto que se ha formado desaparecerá. El asunto se olvidará y la historia lo borrará de su memoria tal como sucederá con los cuerpos destrozados de las víctimas del siniestro de Dana.

 

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En Nigeria nos hemos acostumbrado a presenciar la muerte. Aquí la vida humana no vale nada. Y la muerte, aun siendo algo terrible, se ha convertido en “una de esas cosas” con las que tenemos que convivir. El otro día sin ir más lejos, una torre de alta tensión se desplomó en Ibadan, la capital del estado de Oyo, causando la muerte de siete personas. Cientos de nigerianos han muerto extrayendo queroseno y petróleo de los pozos y los gaseoductos carentes de mantenimiento. Decenas de nigerianos mueren cada día por la explosión de una bomba y en accidentes de tráfico. Multitud de mujeres mueren cada año al dar a luz. Para millones de niños nigerianos, “su futuro es un ataúd del tamaño de su cuerpo porque no tienen acceso a las vacunas más básicas”.

La esperanza de vida en Nigeria (47 años) es, según los expertos, la más baja entre los países de África occidental. El doctor Abdulsalam Nasidi, profesor de Virología humana y biotecnología y director de proyectos, afirmó recientemente: “Uno de cada cinco niños muere de polio y otras enfermedades infecciosas antes de cumplir cinco años. Nigeria es uno de los cuatro países donde la polio es todavía una enfermedad epidémica”.

Queda pues claro que todos somos víctimas. Victimas de un estado que ha institucionalizado el asesinato. Uno de los análisis más interesantes que he leído sobre el accidente del avión de Dana Air es el del profesor Pat Utomi titulado “Un accidente como síntoma”. La idea central del análisis de Utomi es que “el accidente (de Dana) es solamente un síntoma de una grave enfermedad que, al igual que el cáncer cuando presenta metástasis, se ha extendido a cada una de las partes que componen nuestro país. El problema de Nigeria es que vive negando el fracaso del país como estado”.

Resulta duro decirlo pero la realidad es que Nigeria es un estado desmoronado. Y cuando un estado fracasa como Somalia, por ejemplo, ya nadie se preocupa de si las leyes funcionan bien o mal. Solamente tenemos que observar el día a día para apreciar el colapso de la ley y el orden. Algunas personas se sienten incómodas cuando se compara a Nigeria con otros países. Sin embargo, yo no comparto esa apreciación. Creo que Nigeria ha sido bendecida con recursos humanos y materiales y no hay ninguna razón por la que el país tenga que encontrarse en una situación como la actual. Pero parece como si el resto de África estuviera manteniendo a nuestra querida nación y estuviéramos a la cola del resto de los países de África.

Recientemente estuve en Kenia en un viaje de estudios organizado bajo el patrocinio de la John Hopkins University School y la Fundación Bill & Melinda Gates. El viaje fue muy instructivo en muchos aspectos. Kenia y Nigeria tienen muchas cosas en común especialmente cuestiones como la corrupción, la violencia política y el terrorismo, así como profundas divisiones étnicas y culturales. Sin embargo Kenia es un país que reconoce que tiene serios problemas y parece realmente comprometido a enfrentarlos.

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Una de las tardes la dediqué a buscar grupos electrógenos en Nairobi y mi guía keniata, un redactor de Nation, el mayor periódico de África central y oriental, no podía contener su perplejidad. Mi guía me dijo que en Kenia no tienen problemas de cortes de luz por lo que no necesitan grupos electrógenos. Cuando le expliqué la situación por la que atraviesa Nigeria, lo único que pudo mascullar fue: “amigo mío, tendríais que echar a alguien”. ¡Ojala que nuestro único problema fuera simplemente echar a alguien! Al parecer, a los habitantes de Kenia los avisan si se produce un corte de luz durante al menos una hora. Algunas de las cosas que me explicaron sobre Kenia me hicieron pensar que tengo razón cuando pienso en mi teoría sobre el desmoronamiento de Nigeria como nación.

Durante los diez días que permanecí en Kenia no escuché un solo sonido de sirenas. La ley solo permite al presidente del país utilizarlas. Otros de los grupos que tienen permiso para ello son las ambulancias y los vehículos de emergencia como los camiones de bomberos. Esta es la primera lección que los keniatas aprenden cuando van a la autoescuela. Algo así es inconcebible en Nigeria. Sus habitantes tienen que soportar todo tipo de brutalidades. Además, se producen numerosas muertes causadas por los innumerables convoyes que conducen a una velocidad suicida.

Al presidente de Kenia, Mwai Kibaki, la universidad Makerere University de Uganda le ha concedido recientemente un doctorado honoris causa. Fue allí donde se licenció en Económicas en 1955 con un expediente académico brillante pero en ningún caso hace ostentación de su “doctorado”. En Nigeria, cualquier payaso que puede pagar sus estudios es “licenciado en cualquier cosa”. El presidente Kibaki pilota aviones comerciales como los de las líneas aéreas de Kenia, una de las compañías lideres de África con más de sesenta destinos a todo el mundo. En Kenia, el alumbrado público funciona, las carreteras son transitables y sin embargo, abunda la corrupción. La diferencia estriba en que cuando en Nigeria los políticos y los funcionarios roban fondos públicos lo hacen como si no hubiera un mañana. Como si fueran los colonizadores.

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A pesar de que el idioma oficial de Kenia es el inglés, tienen además una lengua nacional (swahili) y una constitución completamente nueva cuyo espíritu es incluir los numerosos desafíos de la sociedad keniana incluyendo seguros para un 35% de sus habitantes. Kenia exporta té y flores. Gran parte de sus ingresos dependen del turismo así que los kenianos se preocupan por cuidar lo mejor posible su país. Nigeria está en la otra cara de la moneda. Es el primer productor de petróleo de África subsahariana y sin embargo tiene que importar productos refinados del petróleo porque las cuatro refinerías del país están paralizadas.

Cuando mi guía y yo terminamos con las comparaciones entre Nigeria y Kenia llegamos a la conclusión de que “son dos países diferentes dentro de todo el continente africano”, lo que significa que a los ojos de África occidental, puede ser que seamos “los países más desarrollados”. No podría estar más de acuerdo. Si bien es cierto que algunos otros han hecho progresos importantes. Kenia es un país moderno. Y una sociedad en la que existen unas reglas de compromiso entre los ciudadanos y entre el gobierno y sus ciudadanos. Todo lo cual confirma dichas cualidades.

Aun así y aunque hay que estar muy seguro para hacer una afirmación como esta, no puedo decir lo mismo sobre Nigeria. Las cifras hablan por sí solas y estos son algunos de los ejemplos: el mantenimiento de la flota de aviones del presidente nigeriano costaba cien millones de euros mientras que el presupuesto total para la industria de la aviación era de casi ciento diez millones de euros. ¿No resulta pues sorprendente que se destine a la aviación comercial una cantidad tan pequeña? Recientemente cayó en mis manos un documento de la Comisión nacional de universidades en el que se publicaba una lista de las cuarenta y cuatro “universidades falsas” que hay en el país. Es decir, en total representaban un tercio de las universidades “auténticas”. ¡Y solamente en Nigeria!

Creo recordar que fue el revolucionario cubano Fidel Castro quien en cierta ocasión dijo “en un país donde no hay leyes, no es legal ser respetuoso con la ley”. Me parece que Nigeria ha hecho suya esa frase. Nuestro presidente afirma que no tiene ninguna intención de declarar públicamente sus propiedades y que le importa un bledo el derecho de los nigerianos a conocer el valor de los mismos, a pesar de que un gesto tan sencillo como ese pudiera aumentar la transparencia política y cambiar nuestra forma de pensar sobre la corrupción.

Y tal como ocurre con la educación, lo mismo pasa con la sanidad. Aunque contemos con la NAFDAC (Agencia Nacional para la Administración y Control de los alimentos y los medicamentos), sus informes confirman que entre el 70 y el 80 por ciento de los medicamentos que se venden en Nigeria son falsos. Y en este sentido, son numerosas las historias que nos cuentan sobre presuntos “médicos” indios que operan en clínicas de lujo de la capital, Abuja, a mujeres nigerianas asustadas y estafadas a las que les habían “diagnosticado” un tumor. Si se instalan médicos y hospitales en nuestras calles sin ningún tipo de trabas, podemos por tanto deducir que también los legisladores, los profesores, los policías, los jueces, los contratistas, los funcionarios, etc. son falsos. En resumidas cuentas, no hay nada que funcione en Nigeria. Ni un gobierno de ahora o uno del pasado. Ni tampoco ninguna institución, desde la presidencia a los ayuntamientos.

Cuando un país actúa con negligencia y asesina a sus propios ciudadanos, ese país no es otra cosa que un estado fallido.

(*) Chido Onumah es periodista nigeriano y autor del libro “Time to reclaim Nigeria”. Ensayos 2001-2011. Es uno de los doce periodistas internacionales que participó este año en el proyecto del International Reporting Project en Kenia, al que también estuvo invitado El País Semanal. Onumah dirige el African Centre for Media & Information Literacy (AFRICMIL).

 

http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2012/08/nigeria-estado-fallido.html#more

Vidas heridas

Publicado: agosto 7, 2012 en VÍCTIMAS Y VERDUGOS
30.07.2012 · · (México)
Mientras las muertes por la violencia relacionada con el combate al narcotráfico copan los titulares de los periódicos, se invisibilizan otro tipo de víctimas, los heridos y mutilados
Se cuentan por miles, sin embargo se ven aún más abandonados por el Estado y es la familia quien carga con el peso de la recuperación
Mientras entrevistamos a varios de ellos, el gobierno de Calderón vetó una nueva ley de víctimas pactada entre la sociedad civil y el poder legislativo que insuflaba nuevas esperanzas

Echa de menos calzarse sus patines y deslizarse por las calles de Ciudad Juárez. Ahora maneja dos ruedas, pero son las de la silla en las que se se transporta. Con solo 25 años, una bala perdida le paralizó las piernas a finales de mayo de 2010. Javier -quien prefiere ocultar su nombre real- reparaba una instalación eléctrica en un garaje de esta urbe fronteriza, cuando vio un tiroteo en la calle. Se agachó a recoger sus herramientas para esconderse y un proyectil le penetró la columna, justo en la séptima vértebra. Perdió el equilibrio al momento. Su jefe lo llevó a la Cruz Roja y de ahí lo trasladaron en ambulancia al Hospital General. Al quinto día le operaron para sacarle el plomo. En ese momento supo que había perdido las piernas. Al trauma físico y psicológico de Javier y de su familia se sumaron los gastos médicos. No estaba asegurado y sus padres tuvieron que asumir todos los costos de la operación y los quince días de internamiento. Pero apenas empezaba el calvario. Javier tuvo que aceptar sus nuevas limitaciones, su dependencia. Pedir ayuda para ir al baño, para ducharse, para acostarse, para subirse a un carro. Su hermano dejó los estudios para ayudarle, porque su madre no podía cargarlo sola. Tuvieron que reacomodarse a vivir solo con el salario del padre. Y así siguen.

Se calcula que por cada muerto a causa de la violencia en estos últimos cinco años hay tres heridos, muchos de los cuales tienen lesiones de por vida. (Bernandino Hernandez/AP Photo)

Javier es solo uno de los miles de lesionados que hay en el país a causa de la violencia ligada a la delincuencia organizada. No hay cifras oficiales, solo en algunas instituciones puntuales, como el Hospital Universitario José Eleuterio González, en Monterrey registran los pacientes que llegan heridos por agresiones físicas. Allí, de acuerdo con el subdirector de Asistencia, Edelmiro Pérez, la escalada de violencia del año 2010 en el estado de Nuevo León, multiplicó siete veces el número de heridos por impactos de bala atendidos. Así, mientras en los años anteriores asistían unos 50 heridos de media, solo en 2010 atendieron a 380 personas con impactos de bala. Este hospital cuenta con 500 camas de internamiento, que representan cerca del 50% de atención brindada a la población en Nuevo León, uno de los estados más violentos.

Arturo Arango, consultor independiente en temas de seguridad, hizo un seguimiento hemerográfico de los periódicos y descubrió que en cada enfrentamiento entre los criminales y las fuerzas de seguridad que se reportean hay una media de tres heridos por cada persona asesinada. Si hoy se computan al menos 60.000 muertos estaríamos hablando de 180.000 heridos o mutilados por el combate al narcotráfico. “El hecho de que no haya cifras demuestra que no se está entendiendo el fenómeno de la violencia de manera integral. No importa solo cuantos muertos hubo sino cuál es la carga social de tantas víctimas primarias y secundarias”, subraya Arango.

La responsabilidad del Estado y la nueva Ley de Víctimas

Según el código penal mexicano cualquier delito de lesión debería juzgarse por oficio, independientemente de que la víctima interpusiera una demanda o no. Si no se encuentra al responsable o éste no tiene recursos, es el Estado el que debería proporcionales asistencia médica e incluso asegurarles una reparación del daño. Sin embargo, en un país con una tasa de impunidad del 98% esto no se cumple. La víctima queda a expensas de los escasos servicios de salud pública y de su familia, quien debe asumir la mayor parte de la carga asistencial y económica de mantener una persona lesionada que no siempre puede reintegrarse a la vida laboral. La familia de Javier lo sabe bien. Levantó una demanda ante la Fiscalía Estatal de Chihuahua pero pronto cerraron el caso por falta de pruebas.

El poeta Javier Sicilia, quién encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y dignidad (a la derecha) besa al Senador José González, después de que la Cámara aprovase la nueva Ley de Victimas de la violencia contra las drogas. Eduardo Verdugo / AP Photo

La lucha contra la delincuencia organizada ha elevado el número de daños y violaciones a los Derechos Humanos sin que exista a la par una respuesta eficiente del Estado. El Movimiento por la paz con Justicia y Dignidad lleva más de un año dando la batalla. Finalmente, este 30 de abril consiguieron que el Senado diera luz verde a una nueva ley de víctimas que recoge algunas de las demandas de las decenas de miles de familias afectadas. Sin embargo casi tres meses después, la ley sigue bloqueada por el Ejecutivo. Para Silvano Cantú, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos, que ha participado activamente en la redacción de la ley “es un reconocimiento del Estado de una situación gravísima de una violencia sin precedentes, que amerita un trato cuidadoso y muy serio que no se le está dando”. El Ministerio de Interior está obligado a hacer efectiva la ley y establecer una comisión política y ciudadana que vele por su aplicación. Sin embargo, el gabinete presidencial está poniendo trabas legales para demorar el proceso. La ley contempla tres ejes: Justicia, Verdad y Reparación. Con ellos, el Estado se compromete a resarcir a las víctimas y sus familiares. De llegar a aplicarse, en el caso de los lesionados, como Javier, tendrán derecho a atención médica de urgencia y de rehabilitación, atención psicológica y acompañamiento incluso ante un juicio, además de una indemnización económica acorde al daño -a no ser que se hallase al culpable y éste pudiese asumir el costo-. Porque como Javier, muchos profesionales trabajan sin seguro social ni fondos de pensiones de los que puedan echar mano para sanar sus lesiones. Y aún cuando tienen derecho a la sanidad pública, la rehabilitación corre muchas veces por cuenta propia.

Mientras llegan estas políticas de Estado, son las ONG las que han empezado a apoyar a las víctimas. Y aún así, en el caso de las lesiones físicas y los mutilados, apenas empiezan a actuar. La Fundación Integra trabaja desde hace 17 años con personas discapacitadas y sus familias en Ciudad Juárez, a través de la coordinación en red de 12 organizaciones que enfrentan diferentes limitaciones físicas y psíquicas desde el acompañamiento emocional hasta la rehabilitación motriz a través de terapias innovadoras como la equinoterapia o la hidroterapia. Desde hace dos años y medio, cuentan con apoyos del programa de Cultura de Paz para Ciudad Juárez, financiado por el Instituto de Desarrollo Social, para atender también a discapacitados por la violencia. Aunque el Estado interceda aquí a través del financiamiento, este programa solo atiende a 63 personas. ‘Javier’ es una de ellas. Conocía a Integra porque había ido varias veces a instalarles aires acondicionados y calderas. Pidió información y le hicieron un estudio socioeconómico a partir del cual pudiese pagar una cuota simbólica. Su familia debía implicarse en el proceso también. Ahora lleva más de un año en rehabilitación y la mejora ha sido evidente.

Está recuperando movilidad y desde hace ocho meses puede ir al baño solo, y meterse en la ducha. Antes, sus padres le aplicaban algunos ejercicios en casa que le había enseñado una vecina cuyo hijo había pasado por lo mismo. No podían pagarse rehabilitaciones privadas. Ahora además, el hecho de encontrarse con otras personas que también padecen severas lesiones a causa de la violencia, y los progresos de recuperación física le ha insuflado nuevas ilusiones. Aunque nunca podrá volver a patinar, el médico le asegura que si trabaja duro, a largo plazo sí podrá volver a caminar.

El Segundo Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Marath Paredes Montiel, recuerda que “es una obligación del Estado mexicano garantizar el derecho a la seguridad pública (…) porque hay casos que si bien las bajas no provienen de las fuerzas armadas, la situación de riesgo que se creó por su actuación motiva una responsabilidad institucional”.

El estado es el responsable último de la violencia, sin embargo pocas veces se hace cargo de reparar el daño a las víctimas. Eduardo Verdugo / AP Photo

Cuando los agresores son los cuerpos de seguridad

Esta responsabilidad se vuelve directa y objetiva cuando los responsables de las lesiones son los mismos cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, aún así, en la espiral de violencia que vive el país, donde hay decenas de miles de soldados en la calle, no es habitual que se reconozca. Según el informe sobre desaparición forzada de la ONU del pasado marzo, el ejército llega a los operativos y tira a matar, pues en las operaciones del Estado siempre hay el doble de muertos que de heridos. Gloria Edith López es un ejemplo. Hace más de dos años que el Ejército le perforó el omóplato y el pie derecho. También asesinó a su esposo, Ramón y su hijo, Gerardo Josué.

Todo pasó el atardecer del sábado 6 de julio de 2009. Gloria y su marido, Ramón, cerraron la tienda y consulta de medicina homeópata que regentaban en la turística ciudad de Acapulco y agarraron su camioneta para ir a la playa de Caleta. Gloria iba al volante, Ramón a su lado, y su hijo Gerardo Josué, de 26 años, y su perrita, en el asiento de atrás, como cada sábado. La doctora enfiló rumbo a Rancho Grande, cuando una patrulla estatal se le acercó. El policía le hizo señas con la mano, pero se alejó antes de que Gloria pudiese entenderlas. “No nos dijo que algo pasaba. No nos cerró el paso. No hizo sonar su sirena o nos echó las luces. Nada. Y a mi se me hizo fácil avanzar”, relata. De repente se encontraron en medio de una balacera. Se aferró el volante y aceleró, hasta que chocó contra un muro. Una bala le había perforado el omóplato. Salió de la camioneta  y se dio cuenta que estaba rodeada de militares. “¡Somos civiles!”, gritó, mientras intentaba incorporarse entre las esquirlas. Otro balazo se le incrustó en el pie derecho. Una bala más, pasó junto a su mejilla. Otro soldado mató a su perrita. Gloria intentó ayudar a su hijo pero ya estaba muerto, agujereado por todos los costados. Su marido se ahogó con su propia sangre. Otro militar se le acercó y le apuntó con su pistola. Gloria apartó su arma con la serenidad de quien ya no tiene nada más que perder y le habló de Dios. No le disparó, pero la obligó a quedarse bocabajo sobre la acera, más de cuatro horas. Estaba tan impresionada por la muerte de su hijo y de su esposo que no sentía dolor. Finalmente, se la llevaron en una ambulancia militar que, para deshacerse de responsabilidades, la trasladó a otra ambulancia civil, y de ahí a la sanidad pública, a la que Gloria estaba inscrita como dependiente de su marido. En cuanto le quitaron las balas salió del hospital, pero se descubrió sola, sin familia, destrozada anímicamente, con la camioneta confiscada -que aún estaba pagando a plazos-, sin un centavo y coja. Durante tres meses no pudo caminar. Pero como Gloria trabajaba por cuenta propia no tenía derecho a baja por incapacidad. Solicitó dinero al Ayuntamiento, pero no le hicieron caso. Pidió un préstamo, y una amiga remató todos los productos de su tienda de salud y con eso alcanzó a sobrevivir. Descubrió que el Ejército metió a su marido y a su hijo en la lista de 16 presuntos sicarios abatidos en una casa de seguridad de la zona.

Dos niños tendidos en el suelo del Zócalo de la Ciudad de México entre siluetas que representan a las personas asesinadas por el Ejército. En febrero, el ministro de Defensa Guillermo Galván reconoció que los militares habían cometido errores en el combate al narcotráfico. (Marco Ugarte / AP Photo)

Interpuso un proceso contra el Ejército, pero no hay avances en la investigación. Tampoco ningún tipo de resarcimiento. Recuperar su camioneta le costó un juicio y dos años de espera. Interpuso otra demanda para conseguir la pensión de su marido, que le permitió pagar las deudas. Pero sigue pendiente de que se limpie su nombre. “Me dejaron sin nada, me robaron la identidad”, espeta. “Es una constante que las autoridades tiendan a darle carpetazo a sus propias investigaciones”, subraya Cantú. De llegar a aplicarse, la nueva ley obligaría al Estado a proseguirlas e incluso dar una disculpa pública o el resarcimiento moral del daño que se acuerde entre la víctima y la justicia.

Pero a Gloria le cuesta creerlo. A ella no le importa si meten a los militares responsables a la cárcel. Lo que exige es la reparación del daño, principalmente económica, porque el dolor, “no se te quita nunca”. “El dinero es necesario, al menos los primeros meses, para que tengas tiempo de descansar, sanarte física y psicológicamente. Te hace falta para concentrarte en tu curación. Y para permitirte volver a empezar donde estés o si necesitas salir de tu ciudad por el miedo. Pero debe ser una compensación digna, nada de un salario mínimo”. La nueva ley estipula esta indemnización e incluso una petición pública de disculpas por parte del Estado para casos como el de la familia de Gloria. Pero mientras no se aplique, como Gloria, miles de personas deben luchar día a día por retomar sus vidas, rotas por la metralla. Ella, tres años después, sigue sin ningún tipo de respuesta judicial por sus heridas, ni por el asesinato de su hijo y su esposo.

Los periodistas, otras víctimas particulares

La información es una de las primeras bajas en cualquier conflicto, y con ella, los periodistas que se resisten a callarse. Desde el 2000 se cuentan en México más de un centenar de periodistas asesinados por hacer su trabajo. Siete en los últimos dos meses. Aunque nadie los cuenta, también se han multiplicado las lesiones a reporteros gráficos en los últimos años. A su vulnerabilidad se suma la precariedad y desregulación laboral que padece el periodismo actual. Ni siquiera el Mecanismo de Seguridad para periodistas y defensores, ni los protocolos que manejan las organizaciones de reporteros, contemplan quién debe asumir la responsabilidad en caso de sufrir lesiones. En el caso de Carlos Sánchez, solo él y su familia.

Era su primer trabajo de fotoperiodista cuando fue víctima de un atentado. Llevaba tres semanas en El Diario, el principal rotativo de Ciudad Juárez, como fotógrafo en prácticas. El 16 de septiembre del 2010 le enviaron, junto a su compañero Luis Carlos Santiago  a hacer fotos a un centro comercial. Estaban parados en el estacionamiento cuando otro vehículo les empezó a disparar. Al menos 12 plomazos. A Santiago, que iba al volante, le tocaron la mayoría de las balas. A Sánchez, tres. Una le rozó en la cabeza, otra en el brazo y otra en el abdomen. Ésta última le perforó el pulmón. “Sentía mi cabeza caliente, la humedad en todo mi cuerpo, hasta que empecé a ver borroso y me dolía la cabeza, pensé que iba a morir allí mismo”, alcanza a contar ahora.

No se ha hecho justicia todavía por el asesinato de Carlos Santiago, de cuerpo presente en la foto. Es solo uno de los más de cien periodistas asesinados en la última década en México, siete de ellos en los últimos dos meses. Raymundo Ruiz / AP Photo

Su compañero sí murió, y en sus narices. Su recuerdo aún le araña la piel. A los cinco días salió caminando del Hospital pero le entró el pánico. Santiago era el segundo reportero de El Diario asesinado en un año. Él hubiese podido ser el tercero. Quería huir, irse a El Paso. Pero no tiene visa, ni siquiera tiene contrato. De hecho, su padre tramitó el Seguro Popular -una cobertura sanitaria básica para la gente que no cotiza- para que lo pudieran atender, porque su acuerdo formativo con el periódico no incluía ninguna cobertura médica ni laboral. Sin embargo, Sánchez regresó al periódico, donde se reincorporó cinco meses después cuando los impactos de bala ya solo eran marcas. Pero aún así, siguió como becario. Ni siquiera el atentado le valió un contrato. Ahora es lo que pide. También propone que en casos como el suyo, de periodistas de la frontera sobrevivientes a un intento de asesinato, se les permita una visa de entrada a los EEUU, “por si la cosa de pone fea”.

http://periodismohumano.com/en-conflicto/vidas-heridas.html

El intelectual sirio acusa a Occidente de no querer sacrificar sus intereses económicos con China y con Rusia

Reconocido y comprometido intelectual sirio, Salam Kawakibi se ha autoexiliado en París porque, dice, es la única manera de poder pronunciarse con libertad sobre su país. Mantiene hilo directo con los que están sobre el terreno y no oculta su cercanía con varios grupos opositores. Acusa a Occidente de no querer sacrificar sus intereses económicos con China y con Rusia a costa de los sirios, y advierte de las implicaciones regionales del conflicto sirio, que califica de “una nueva guerra fría”.

Pregunta. La superioridad militar del ejército es evidente. ¿Qué estrategia tienen en mente los rebeldes? ¿Cómo aspiran a derribar al régimen de Bachar el Asad

Respuesta. No quieren hacer una guerra de trincheras. Su opción es la guerra de guerrillas, las escaramuzas. Por eso lo tienen más complicado en Damasco. Alepo es diferente porque los rebeldes han conseguido crear una zona liberada, una continuidad territorial desde la frontera de Turquía. Las carreteras están bajo el control del Ejército Libre Sirio. Por ahí pueden llevar refuerzos de hombres, armas… La idea es que si consiguen tomar Alepo, podrán crear una zona de exclusión en el norte.

P. ¿Cómo se las arregla la gente en Alepo para sobrevivir?

R. El problema es que ahora en Alepo hay seis millones de personas, el doble de su población, porque está lleno de refugiados internos que habían llegado de Homs y de zonas rurales más castigadas. La situación humanitaria es crítica. Faltan medicinas y comida. La electricidad está cortada 10 horas al día. Un problema añadido es que el partido Baaz destruyó la sociedad civil. No hay ONG ni asociaciones que puedan ahora organizar a la gente.

P. Se habla de la presencia de Al Qaeda en las filas opositoras.

R. Hay gente que viene de otros países. No forman parte del Ejército Libre Sirio, simplemente se aprovechan del caos y de las fronteras porosas. No creo, sin embargo, que sea un fenómeno muy importante. La sociedad siria nunca ha estado próxima a esta ideología, pero hay que estar atentos a la explotación ideológica y religiosa del conflicto.

P. ¿Hay peligro de que el conflicto termine en enfrentamiento entre sectas y confesiones?

R. No creo que eso vaya a suceder. La shabiha [los matones progubernamentales] no son hombres de una sola religión. Son simplemente gente utilizada por el poder para llevar a cabo su represión. Los sirios saben que no son los alauíes los que matan, que es el poder el que mata. A menudo los países occidentales hablan de guerra sectaria para justificar su inacción.

P. ¿Qué puede hacer Occidente?

R. Mucho. Hay muchos intereses económicos con Rusia. La cuestión siria es solo una parte de sus relaciones. Aparte de hacer comunicados de condena, Occidente puede ejercer una diplomacia efectiva con China y Rusia. Los rusos por lo menos son claros. Dicen lo que quieren y lo hacen. EE UU, no. Habla mucho y luego adopta posturas que no son muy distantes a las de los rusos.

P. ¿Qué diferencia hay entre la siria y otras primaveras árabes?

R. Hay que tener en cuenta el factor israelí. La posición geopolítica de Siria provoca el riesgo de que estalle un conflicto regional. Asistimos a una nueva guerra fría con varias fuerzas regionales. No hay que olvidar la posición iraní y cómo utilizan la carta siria. Las relaciones entre Teherán y Damasco son un matrimonio de conveniencia y los iraníes esperan un precio por el apoyo que prestan a Siria. Eso complica las cosas.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/02/actualidad/1343926164_113542.html