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Feliz Navidad

Publicado: diciembre 24, 2012 en COMERCIO JUSTO

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04.05.2012 · periodismohumano · Olga Gayón
Continúan los debates en el Parlamento Europeo para la aprobación o el rechazo de los TLC entre UE con Colombia, Perú y los Acuerdos de Asociación con Centroamérica
Aunque todo apunta a que se aprobarán, aumenta el número de eurodiputados escépticos
Representantes de la sociedad civil europea y americana siguen informando en Bruselas por qué estos Acuerdos son injustos, asimétricos y perjudiciales para las poblaciones americanas. Solicitan que no sean aprobados

Un grupo de niños juegan en un río bajo una tubería de petróleo en la provincia Sucumbios, Ecuador (Dolores Ochoa / AP)

Si Europa permitiera que las multinacionales entraran a explotar sus territorios sin ninguna clase de regulación y que se pusiera en riesgo la vida de sus habitantes, la propiedad de la tierra, sus recursos naturales y el equilibrio ambiental, la UE caería estrepitosamente. Si además, el capital extranjero entrara arrasando los derechos laborales, sociales, económicos y culturales de sus países, no quedaría en tierra ni el más endeble de los cimientos sobre los que se construyó la UE.

Pues Europa esta próxima a hacer lo que no quiere para ella, si los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Asociación entre la UE con Colombia, Perú y Centroamérica, son aprobados por el Parlamento Europeo.  Quienes negociaron tanto de parte de la UE como de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, únicamente lo hicieron teniendo en cuenta los intereses de las empresas locales y multinacionales, asumiendo con desdén las necesidades de más de cien millones de habitantes de esos países.

Para deslegitimar las solicitudes de los pueblos afectados por estos acuerdos comerciales, el lobby multinacional y los gobiernos locales, argumentan que las poblaciones o son manipuladas por fanáticos de izquierda o que son pueblos que se oponen al desarrollo sin darse cuenta de los múltiples beneficios que les van a reportar las grandes exportaciones salidas de sus territorios.

Redes europeas con sede en Bruselas como Oidhaco, Grupo Sur, Cifca y Alop, que han apoyado a las sociedades civiles de los países inmersos en estos acuerdos, realizan diversas actividades en el Parlamento Europeo (PE) para dar a conocer el drama de las poblaciones americanas que aumentará todavía más con la entrada en vigor de estos TLC. Una de ellas ha sido la Conferencia “América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales”, celebrada en la Comisión Internacional del Parlamento Europeo (INTA). Allí acudieron expertos de América que denunciaron que estos TLC no han tenido en cuenta ni requisitos medioambientales ni los reclamos de las sociedades donde se desarrollarán megaproyectos de extracción minera, hidroeléctricas y monocultivos.

Alberto Alonso-Fradejas, de la organización Congcoop (Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala) denuncia que en su país existe una “fiebre del oro verde”, desencadenada por la crisis financiera, energética y ambiental, y por políticas como la Directiva de Energía Renovable de la Unión Europea ha conducido a que “en 10 años, un 29 % de las tierras dedicadas al cultivo de alimentos y otro 20 % de selva tropical fueran destinadas a la plantación de palma aceitera en Guatemala”,  que no produce alimentos y que han desplazado el cultivo del país, el maíz, producto esencial en la dieta de indígenas y campesinos.

“La deforestación y el abuso del empleo del agua en cultivos para agrocombustibles y en la extracción minera son responsables directos de las inundaciones en invierno y la sequía en verano que ha llevado a una vulnerabilidad ambiental extrema y a impactos sociales muy negativos”, argumentó en el PE Amanda Cruz, directora ejecutiva del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Ante el eslogan de que los megaproyectos traen consigo empleo, esta experta económica lo contradice de plano. “No sólo no han traído más empleo en los campos sino que el desempleo, la precarización y la informalidad ya rondan el 70% en Centroamérica”. Cruz advirtió de que estos TLC no generan empleos decentes “y violan los estándares de la OIT”.

“Nadie pagará los pasivos ambientales porque no hay capacidad física ni presupuestaria para hacer un control efectivo de estos proyectos, y porque en estos TLC no existen garantías de que las empresas respondan”, recalcó Tatiana Rodríguez de la organización colombiana Censat-Agua Viva. “Aquí se ha negociado únicamente en beneficio de los grandes capitales sin tener en cuenta las consecuencias negativas ni mucho menos quiénes serían los responsables para pagar por ellas”, concluyó Rodríguez.

Para conocer la nefasta influencia que pueden tener estos acuerdos sobre poblaciones enteras en Centroamérica y Suramérica, hay que tener en cuenta cuatro elementos fundamentales allí que son vitales para la pervivencia de culturas autóctonas y de comunidades campesinas y negras: la tierra, el agua, la soberanía alimentaria y el tejido social.

Conflictos económicos y sociales que devienen en grandes violaciones a los derechos humanos

En todos los territorios de América Latina, en las últimas tres décadas, con el desarrollo de megaproyectos en áreas rurales, las poblaciones se han visto afectadas por conflictos generados por la extrema protección por parte de la fuerza pública a los intereses de las empresas que explotan los recursos, y por la ausencia de respeto a los derechos de las comunidades. En la actualidad el 38% de la prospección minera mundial y el 27% de la prospección de oro tienen lugar en Suramérica. Como consecuencia directa de estos megaproyectos extractivos, poblaciones que vivían de los pequeños cultivos y de la pesca y la caza, han sido desplazadas de sus tierras para garantizar las grandes explotaciones mineras y acuíferas, así como los megacultivos. El impacto ambiental y humano es tal en América Latina, que se calcula que entre 1990 y 2000, se deforestaron 467.000 kms. cuadrados para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras e hidroeléctricas. En 2005, la deforestación de la Amazonía brasileña era de 700.000 kms. cuadrados.

A manera de ejemplo, en la selva de Brasil, en el Estado de Marañón, la etnia Awá sólo cuenta con 450 miembros. Esta etnia está a un paso de su extinción. “Son la tribu indígena más amenazada de la Tierra”, advierte Raquel García, portavoz de Survival International para Latinoamérica y España. “La gran crisis se inició en los años 70 a raíz de la explotación de las cercanas minas de hierro de Carajás, impulsada por el propio Gobierno. Se construyeron carreteras y ferrocarriles y llegaron los colonos y los problemas”, explica García para El Periódico de Catalunya. Survival explica en una nota que la “situación es tan grave que algunos ya hablan de genocidio”. El oscarizado Colin Firth, en un vídeo que Survival ha emitido para pedir al mundo la protección de esta etnia ancestral, denuncia. “Están talando ilegalmente la selva de los Awás. Cuando los madereros los ven, los matan. Sus arcos y flechas no son rivales para las pistolas… En cualquier otro momento de la historia, aquí terminaría todo: otro pueblo barrido para siempre de la faz de la Tierra. Pero vamos a luchar para que el mundo no deje que eso pase de nuevo”.

La ofensiva empresarial es causante directa de los conflictos sociales en la región. En Perú, por ejemplo, según datos de la Defensoría del Pueblo, existen más de 60 disputas por el impacto de la minería en las reservas de agua. “Al cierre del 2010, se estima que en América Latina existen al menos 155 conflictos activos en 168 proyectos mineros”, apunta Gian Carlo Delgado en el artículo “Extractivismo, fronteras ecológicas y geopolíticas de recursos”. En él describe también que las “situaciones de despojo de tierra y agua, de violación al derecho de consulta y otros derechos humanos básicos, y hasta el asesinato de líderes han sido constantes en los movimientos de  ambientales de la región”.

En los conflictos creados por los megaproyectos, los gobiernos emplean a la fuerza pública para presionar a las comunidades con el fin de que desalojen las zonas. En no pocos casos, cuando no son suficientes los ejércitos legales para desplazar a las poblaciones, aparecen los escuadrones de la muerte que bañan con sangre el territorio para expulsar a sus verdaderos dueños.  Presionan con paupérrimas ofertas de compra de la tierra que vienen acompañados directamente de amenazas. “O la vende usted o se la compramos más barata a su viuda”, ha sido la estrategia de los paramilitares en Colombia que han conseguido echar de sus tierras a la mayoría de los 5.5 millones de desplazados, dejando a su paso, miles de cadáveres. En Centroamérica también ejércitos privados han empleado estas tácticas de tierra arrasada. En todos los casos primero crean un conflicto, asesinan pobladores, los despojan de su tierra, y tiempo después llegan las grandes empresas a explotar los territorios.

Las poblaciones que han tenido que desplazarse por extracciones mineras a cielo abierto, presas hidroeléctricas y grandes explotaciones minerales, quedan rotas tanto en su cultura como en su tejido social. Con los grandes proyectos se crean campamentos para los trabajadores que en su mayoría son forasteros. Y para que ellos se encuentren a gusto fuera de sus lugares de origen y lejos de sus familias, se crean negocios de ocio que rompen con la tradición cultural de la región. Son miles de casos en los que mujeres indígenas, negras y campesinas se han visto abocadas a la prostitución para conseguir la subsistencia diaria de sus familias que antes estaba garantizada. Los hombres de las comunidades a su vez, se ven inmersos en casos de alcoholismo, consumo y venta de drogas. Poblaciones que no conocían problemas intrafamiliares como consecuencia del consumo de alcohol o drogas, de repente se ven completamente destrozadas.

También, con el desplazamiento a lugares cercanos de la explotación, las comunidades quedan del todo vulnerables ante los ejércitos legales e ilegales. Generalmente los gobiernos no realizan las consultas previas a los autóctonos contempladas en las legislaciones nacionales y por Naciones Unidas, sino que aprueban los proyectos, expropian y reubican a las comunidades. Y cuando estas se organizan en resistencia pacífica para impedir que los despojen de sus derechos, esta protesta social es inmediatamente criminalizada. Son acusados de terroristas y transgresores de las leyes nacionales. Viene entonces la estigmatización de la comunidad ante todo el país y la justificación para que los líderes sean llevados ante la justicia. Y con estos precedentes se abre paso a graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición y el asesinato de los líderes de la comunidad.

En el capítulo de derechos sociales y económicos, la expulsión rural, la migración forzada hacia las ciudades, la destrucción de formas de vida, la precarización y flexibilización laboral, traen como consecuencias la división de las comunidades, destrucción de la economía local y, por supuesto,  violaciones al derecho a la salud y a un ambiente sano. Porque en la mayoría de megaproyectos tanto la tierra como las fuentes acuíferas son contaminadas, causando graves destrozos por el empleo de metales pesados que conlleva al aumento de la mortalidad infantil, malformaciones congénitas, disminución de la fertilidad y al surgimiento de enfermedades desconocidas en la zona y que afectan sobre todo las vías respiratorias.

Los megaproyectos en América Latina han impactado de manera cruenta la tenencia de la tierra de pequeños propietarios y el territorio de comunidades ancestrales que pasan de ser de su propiedad a pocas manos de terratenientes y grandes empresas. En Colombia, por ejemplo, denuncia Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco que agrupa a 30 organizaciones europeas y cuya sede está en Bruselas, “el 62,6% de la tierra está en manos de un 0.4% de propietarios, mientras que el 86,3% de la gente tiene apenas el 8,8% de la superficie. El valor de la tierra y del territorio es la razón principal del drama que viven millones de colombianos. La presión sobre la tierra para convertirla en corredores estratégicos, zonas de control, proyectos agroindustriales y zonas de minería, es alarmante”.

El agua como factor de vida y garantía de la biodiversidad se está acaparando y contaminando de tal forma que han cambiado cursos de enormes ríos, han acabado con muchas especies y el agua ha comenzado a ser un bien escaso para poblaciones que durante siglos la han cuidado y preservado. De esto habló el salvadoreño Carlos Zepeda, autor del documento “Agua para la vida o para el comercio”, ante los eurodiputados en Bruselas. “Con estos Acuerdos el agua es tratada como un bien económico y no como un bien público común”. Sin instituciones y marcos legales que aseguren el derecho al agua, la población más pobre y vulnerable de Centroamérica, Colombia y Perú sufrirá directamente las consecuencias negativas de los TLC. Recordó también Zepeda que el acceso al agua fue declarado por la ONU en 2010 como un derecho humano. “Asegurar el acceso al agua limpia y sostenible para todos como derecho fundamental es un principio no negociable en términos de desarrollo humano”.

Con los megaproyectos de “desarrollo” se ha destruido completamente la soberanía alimentaria al punto que en territorios indígenas de Centroamérica y Suramérica se presentan miles de casos de desnutrición severa en los niños, especialmente en etnias indígenas; se cuentan ya por cientos los niños muertos por física hambre. Y el tejido social preservado por mucho tiempo y garante de la supervivencia de los pueblos, está siendo arrasado porque las comunidades quedan minadas cuando en sus territorios arriba el “desarrollo”. Susanna Daag, portavoz de la plataforma europea Cifca, señala: “el modelo exportador promovido por los Acuerdos comerciales conlleva a un aumento de la competencia por los recursos de tierra y agua, en gran parte utilizado por la expansión de las plantaciones de agrocombustibles, monocultivos y proyectos de industrias extractivas, que ya ha demostrado conducir a una disminución en la producción de alimentos y un aumento en el desplazamiento de los pequeños productores”.

Está previsto para finales de este verano que el PE apruebe o rechace estos TLC. Los expertos americanos y europeos que asistieron a la Conferencia en la Comisión de Comercio del PE, expusieron su oposición a los Acuerdos y solicitaron su no aprobación en la cámara europea.

Las razones son numerosas, pero en la conferencia se centraron en estas: las poblaciones directamente afectadas no fueron tenidas en cuenta a la hora de las negociaciones; los estudios de impacto ambiental que reflejan consecuencias negativas sobre la zona no contaron en las negociaciones; no existen legislaciones ambientales en América Latina que de verdad protejan el medio ambiente; traerán consecuencias nefastas sobre las fuentes de agua, la biodiversidad y el tejido social de comunidades campesinas y etnias indígenas y negras; los países americanos de los Acuerdos incumplen la normativa nacionales e internacionales del trabajo, entre ellas el derecho a la sindicalización; generarán más precariedad laboral e incrementarán la desigualdad y la pobreza; las violaciones a los derechos humanos, graves en la mayoría de países firmantes, aumentarán; afectarán negativamente la supervivencia de pueblos indígenas milenarios; dinamizarán todavía más los diversos conflictos en los países; son acuerdos asimétricos en los que únicamente contó el enorme poder de la UE.

Helmer Velásquez, de la organización Congcoop de Guatemala alertó sobre las consecuencias para su país en caso de aprobarse el Acuerdo: “Un proceso de desarrollo que se basa meramente en el comercio no es desarrollo. Cada vez vemos más a una Europa cuyo único interés es extraer recursos naturales de la región. Ya, sin la entrada en vigor del Acuerdo, con la tala de bosques y el uso indiscriminado del agua, nos acercamos a lo que puede ser una crisis devastadora para la región”. Recordó además que la palma africana y el azúcar, que serán los productos que Guatemala exportará a Europa, generan muy poco empleo y desplazan los que mantiene el cultivo del maíz. “Este tipo de tratados tiene un impacto demoledor en el empleo rural”.

“La UE en las negociaciones fue muy ofensiva en el área de inversiones, obras públicas y propiedad intelectual [caso de los medicamentos y patentes sobre recursos naturales], porque son los temas estratégicos en los que quieren ganar”, comenta Lourdes Castro de la organización Grupo Sur. “Las negociaciones deben hacerse entre iguales; las de estos TLC fueron asimétricas con todo el poder para la UE”, sentenció.

En ese mismo aspecto, Gabriele Küppers, consejera política del Grupo Verde/ALE en el PE, alertó sobre la forma en que negoció Europa: “Si se miran los TLC con Colombia y Perú, y el Acuerdo con Centroamérica, son casi idénticos. La UE fue ya con un documento con comas y puntos para negociar así: yo quiero esto y la contraparte dijo sí porque muchos de los que han negociado están asociados a sectores que se benefician de eso, en este caso, las multinacionales”. Manifestó que no se tuvieron en cuenta las particularidades de cada país. “Sencillamente”, añade Küppers, “la UE ha cumplido con lo acordado a su interior entre los años 2005 y 2006, cuando se concluyó que los países que la integran necesitan del acceso ilimitado a los recursos naturales y a todos los mercados”. Esto con el fin de no quedarse atrás en la carrera tecnológica y comercial emprendida hace años por países como Estados Unidos, Canadá y Japón. Por último, la asesora del grupo Verde se lamentó que al interior del PE “haya grupos políticos que ven más el impacto positivo para las empresas europeas que para las poblaciones en la región”.

“La concentración de la propiedad de la tierra que genera muchos conflictos en nuestros países, y el impulso de megaproyectos que crean más tensión en los territorios, ejercerán una presión muy fuerte sobre el principal recurso de nuestras tierras que es al agua”, subrayó la colombiana Tatiana Rodríguez de Censat-Agua Viva. Expuso que los agrocombustibles, la extracción minera y los megaproyectos hidroléctricos, ya han puesto a los pueblos a competir con el uso del agua. “Ahora”, dijo, “estos Tratados vienen a engordar los conflictos y contribuirán más al sufrimiento, ya insoportable, para muchas de nuestras comunidades”.

Por su parte, Juan Moreno de la Conferencia Europea de Sindicatos recordó a los eurodiputados que una sencilla observación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que persisten las violaciones a los DDHH en toda la región y recalcó que América Latina, particularmente en Colombia y Guatemala, es la región con más sindicalistas asesinados de todo el mundo. “La tasa de sindicalización en este contexto de represión en Guatemala ha descendido del 9% al 2%”. Estos Acuerdos declaró Moreno,  no obligan ni a los gobiernos ni a las empresas a  implementar políticas de empleo decentes. Por tanto, solicitó al PE que rechace estos TLC “porque las condiciones laborales en la región son deplorables y estos Acuerdos las van a hacer todavía más”.

En el tema de DDHH, Colombia es una de los países más azotados por este flagelo. Y las zonas rurales son las más damnificadas y vulnerables ante las diversas violaciones que allí cometen ejércitos legales e ilegales. Vincent Vallies de Oidhaco, lo deja claro: “Allí las zonas de cultivo de palma aceitera y caña de azúcar destinadas a la producción de agrocombustibles se encuentran entre las más afectadas por violaciones a los derechos humanos”. Se teme que el TLC agudice la grave crisis humanitaria que aqueja a ese país.

El eurodiputado español del Grupos Socialista, Andrés Perelló, declaró: “si el Tratado no incluye cláusulas de respeto a los DDHH como el acceso al agua y el respeto al medio ambiente, votaré en contra”. Catherine Bearder, del grupo Alianza de los Demócratas y Liberales (ALDE), encargada de abrir la Conferencia,  recordó cómo los estudios de impacto socioambientales encargados por la Comisión Europea, advierten sobre serios impactos tras la firma de los Acuerdos: “Seguiremos investigando antes de votar”. Por su parte, Jürgen Klute, de Izquierda Unitaria Europea (GUE), manifestó que “el PE debe escuchar las voces que dicen no a estos Acuerdos y poner atención a sus recomendaciones”.

Haciendo un llamado desesperado para que estos Acuerdos no se aprueben y en defensa de las poblaciones indígenas americanas, Jaime Borda de la organización “Vicaría de Sicuani-Cuzco” de Perú, se explicó así. “Para las poblaciones originarias el agua no sólo es un recurso natural, es vida. Y aquí se ha olvidado que los pueblos indígenas tienen unos derechos, y que hay convenios internacionales como el 169 de la OIT que no se cumplen”.

En materia legislativa, Gabrile Küppers denuncia que estos TLC existe una cláusula que no permite incrementar o mejorar la legislación local, “sino bajar o eliminar donde haya un brote de legislación social o ambiental de protección. Un Acuerdo  de estos, no debería tocar la posibilidad de que los países fortalezcan sus legislaciones, juzgar a quienes cometen crímenes, y no deberían dar carta blanca a los beneficios de las multinacionales”, concluye. Lourdes Castro, por su parte, añade: “Europa negocia con  países en condiciones de vulnerabilidad en términos de desarrollo frente a un gigante como es la UE”.  Y respecto a la atractiva faceta positiva con la que presentan estos TLC ante las poblaciones americanas para venderles que las beneficiadas serán ellas, Castro sentencia: “si los TLC son tan buenos y tan ventajosos, ¿por qué no se negocian, por ejemplo, entre la UE y Estados Unidos?”.

Para todos los expertos que asistieron a la Conferencia “América Latina: recursos naturales y acuerdos comerciales” en el PE, para varios analistas especializados en tratados comerciales internacionales y para numerosos eurodiputados, definitivamente los TLC entre la UE con Colombia y Perú y los Acuerdos con Centroamérica, son espléndidos para las multinacionales con las multinacionales y lamentables para los pueblos americanos. La única esperanza que le queda a estas poblaciones, es que el PE no los apruebe o que algunos parlamentos de los 27 que  integran la UE los rechacen.

Algunos conflictos generados por multinacionales europeas en América Latina *

Colombia

Proyecto El Quimbo de las empresas italiana y española Enel y Endesa

Construcción de una presa hidroeléctrica al sur del país. Las fuerzas policiales han atacado y desalojado a miembros de las 500 familias que se oponen a este megaproyecto. Un vídeo colgado en Youtube titulado “Lo que el gobierno colombiano no quiere que veamos”, del periodista Bladimir Sánchez y que ha sido visto más de un millón de veces, demostró cómo la fuerza pública ataca a los pobladores. El periodista ha recibido múltiples amenazas de muerte. Se sumergirán 7.500 hectáreas de reserva forestal y ya está desviando el curso del principal río del país, el Magdalena. Inundará seis municipios en los que habitan 1500 personas que serán reubicadas. El impacto social es muy perjudicial para la zona porque, además de desplazar a las personas,  les priva de sus cultivos tradicionales y de la pesca artesanal, sustento de la economía local.  La licencia ambiental estuvo basada en un estudio de impacto de las empresas. El gobierno ha enviado a la zona a 1.200 soldados para garantizar las obras del megaproyecto. Los afectados han creado una asociación (Asoquimbo) para oponerse al proyecto, al despojo, y denunciar las violaciones a sus derechos y el impacto ambiental negativo sobre esta parte de la Amazonía colombiana.

Honduras

Grupo británico Dinant

Megacultivo de palma aceitera para biocombustibles. Esta empresa está asociada con un terrateniente de la zona, Miguel Facussé, denunciado por numerosas violaciones a los derechos humanos, entre ellas el despojo de la tierra. En los últimos dos años han sido asesinados 46 campesinos, 6 de ellos trabajadores de la empresa. El gobierno ha enviado 1.000 soldados a la región para reprimir la protesta social. Se denuncia también la existencia de grupos paramilitares que aterrorizan a los pobladores para que no reclamen sus derechos. La Corte Interamericana de DDHH ha expresado su profunda preocupación tanto por el asesinato de pobladores como por la impunidad, crisis desatada después del Golpe de Estado.

Empresa cementera francés La Forgie

Allí se ha denunciado la represión laboral, despidos indiscriminados e ilegales a pesar de haber un convenio colectivo, el violento uso de la seguridad privada fuertemente armada en connivencia con la fuerza pública.

Iberdrola en proyecto eólico

Proyecto desarrollado en territorio indígena en la zona denominada Cerro de Hula. La comunidad no fue consultada. Se están rompiendo montañas y soterrando fuentes de agua, acabando con el patrimonio alimenticio de las familias de la zona.

El Salvador

Empresa mixta entre el Estado, Enel de Italia y otra empresa de capital estadounidense.

Se les ha denunciado por evadir impuestos, grave contaminación ambiental, daños en la agricultura local, descomposición social de las comunidades, apropiación de la tierra de pequeños campesinos, no retribución de las prestaciones laborales, y condiciones de trabajo precarias.

Guatemala: Grupo británico Dinant en empresa de cultivos de palma

Allí la criminalización de la protesta social y las luchas de indígenas y campesinos por defender sus derechos son pan de cada día. La empresa EDT Trading se retiró para la participación en un megaproyecto agroindustrial por las denuncias por violaciones a los derechos humanos. También se retiró la alemana DEG de la financiación al Grupo Dinant.

Nicaragua. Grupo Pescanova

Denunciada por violación a los derechos laborales y sindicales, maltrato a los trabajadores a quienes obligan a trabajar durante 12 horas seguidas que, en el caso de los que entran a las seis de la mañana, no se les permite desayunar ni tomar una merienda. Incluso sufren severas restricciones para ir al baño. Ha acabado con las pequeñas camaroneras de la zona y las pocas que quedan son obligadas a vender su producción a la empresa a precios irrisorios. También está denunciada por delitos ambientales como la destrucción de los manglares para la construcción de la granja camaronera y la planta de procesado y congelación de langostinos más grande de América Latina.

Panamá. Proyecto de hidroeléctrico Barro Blanco

Se ha solicitado a la alemana DEG y a la holandesa FMO que se retiren de la financiación del proyecto que ataca directamente a la etnia indígena Ngöbe Buglé. Se construirá una gran presa en territorios ancestrales y para ello se despojará a estos indígenas. Estos pueblos se han organizado para impedir que esto suceda y el gobierno ha enviado a la fuerza pública a reprimir violentamente las protestas. Ya han muerto al menos dos indígenas y muchos más han sido heridos de gravedad. Se habla de muchos desparecidos que se cree, pueden estar muertos.

Repsol YPF en diversos países (recientemente expropiada por el gobierno Argentino)

En Argentina ha sido denunciada por la contaminación de tierras y ríos que ha causado graves enfermedades a las comunidades cercanas a las exploraciones petrolíferas. Particularmente a integrantes de la etnia mapuche que les han  detectado en la sangre niveles de 17 metales pesados que superan ampliamente los normales. Allí la empresa tiene diversas denuncias ambientales sobre unos 900.000 kms. cuadrados en diferentes provincias. También disminuyeron las protecciones en seguridad y se le responsabiliza de la muerte de nueve trabajadores en la exploración de Puertollano. De una planta de 55.000 trabajadores que recibió cuando adquirió YPF en la década del noventa,  al día de la renacionalización por parte del gobierno argentino, quedaban apenas 6.000.

En Ecuador, la explotación que realiza en el Parque Nacional Yasuni, ha afectado enormemente la vida de los indígenas de la zona, causándoles graves destrozos en las fuentes de agua, la alimentación y  la salud. Caso similares se presentan en Bolivia y Perú en los que los más afectados son los indígenas a quienes además de los problemas anteriores, se ha impactado negativamente su hábitat y sus formas de vida tradicionales.

http://periodismohumano.com/economia/los-tlc-de-la-ue-con-paises-latinoamericanos-a-debate.html

En su punto justo

Publicado: noviembre 24, 2011 en COMERCIO JUSTO

Seguir las tendencias puede favorecer la moda rápida, pero existen alternativas éticas como el punto tejido a mano por mujeres.

SOFÍA RUIZ DE VELASCO. 24 DE NOVIEMBRE DE 2011. 08:20 H.

tejedoras nepal

Tejedoras nepalíes que trabajan para People Tree.

Foto: Miki Alcalde

Vivimos un momento de moda rápida. Las tendencias pasan por nuestros ojos sin apenas darnos tiempo a pestañear. Imitar con garbo a Hanneli Mustaparta o a algunas de las it girls fotografiadas por Tommy Tom implica correr a por la última prenda de moda antes de que se esfume del universo fashion, algo que ocurre cada vez más rápido. Tan rápido es este sistema que convierte en absurdos conceptos como la calidad, el diseño y el modo de producción y centra su potencial en el bajo precio, aunque también las casas de lujo que venden sus prendas a precio de oro se aprovechan de la moda rápida. Renuevan su oferta a velocidad del rayo de modo que el bolsazo que ayer era el más deseado, el ‘it bag’, el ‘must have’ y el más ‘hot’ hoy se convierte en una antigualla, hasta que vuelva reconvertido (y revalorizado) por el canal de lo vintage.

Afortunadamente esta es solo una parte del sistema de la moda. Existe otraque busca, a través del diseño, la calidad y la solidaridad “reencontrar el sentido del acto de consumir”. Así lo resume vía email Sylvia Toth, fundadora de la marca Warmi. La firma francesa propone prendas de lana (el 70% de la marca) de diseño trabajado y novedoso. Centra su producción en el punto que tejen mujeres de dos pueblos de Colombia, Tausa y Sutatausa, cercanos a Bogotá. De origen colombiano aunque asentada en Francia desde hace años, Sylvia pretende contar la historia de su país desde otra perspectiva. Cuando conoció al grupo de mujeres que teje para Warmi se prendó de su trabajo y decidió colaborar con ellas: “El ‘savoir faire’ de esta mujeres es esencial para nosotros” explica Sylvia refiriéndose a técnicas artesanales cada día más olvidadas. Las mujeres, por su parte reciben un sueldo digno por su trabajo. “Algunas mujeres viven en el pueblo pero la mayoría tienen su casa en las montañas. Los ingresos de Warmi les permiten completar los de la familia trabajando desde sus casas”.

“Las mujeres que tejen para nosotros ganan un 30% más de lo que ganaban trabajando en líneas de producción industrial”. Quien sintetiza la situación es Safia Minney, británica creadora del imperio de moda de comercio justo People Tree. Las tejedoras que colaboran con Safia viven en Perú o en Katmandú. Algunas trabajan desde sus casas, pues quieren cuidar de sus niños o viven lejos del centro nepalí KTS (Kumbeswar Technical School), donde otras mujeres acuden a trabajar. “A menudo las mujeres en países subdesarrollados no tienen poder de decisión sobre sus vidas. Gracias al dinero que ganan tejiendo o bordando pueden ir a la universidad o llevar a sus hijos a la escuela”, explica Safia por teléfono.

jersey warmi y tejedora

Jersey de Warmi y Yadira Bello, la mujer que lo tejió.

Foto: Warmi

La deslocalización y la carrera por abaratar costes ha producido un sistema de trabajo cruel en el que, como explica Safia, “es imposible mantener la dignidad. He visitado fábricas donde se trabajaba entre 14 y 16 horas al día”. People Tree les paga por jersey además de un bonus al mes, lo que les resulta “útil y motivador”, dice Safia. Un pago justo a un trabajo duro: “tejer en casa prendas pensadas por diseñadores de ropa de alta gama es un trabajo muy exigente”. Safia colabora con diseñadores como Orla Kiely oVivienne Westwood. También Emma Watson diseñó una colección cápsula para la marca. “Necesitamos embajadores e implicar a gente. Es escandaloso lo que está sucediendo en nuestro nombre”, apunta Safia.

El diseño es una pieza clave en esta forma de producción. Cuando hablamos de punto de comercio justo pensamos en prendas duraderas, de calidad, pero que puedan competir en el mercado. El diseño es parte del alma de la prenda y el de Laia Guerrero para su firma Little Rita ha dado fama a las delicadas piezas para niños de esta diseñadora. Suyos son los bodies de fútbol en algodón y los patucos patines o bota de fútbol que tejen para ella mujeres de Bosnia Herzegovina que localizó a través de la organización internacional de comercio justo. “La organización se llama BHCrafts, están super organizadas. Yo les mando una muestra y ellas me devuelven otra para comprobar el color, el tejido”, explica Laia. Las mujeres tejen rápido y cobran un precio por patuco (unos 8 euros). Luego ella suma un 30% a cada prenda, menos del 50% de margen que suele ser habitual: “es comercio justo y la primera que apuro soy yo”, cuenta Laia. Aconseja a la tienda que también recorte su margen de manera que no se encarezca demasiado el patuco, que acaba en 35 euros aproximadamente. Sí, es más caro que los patucos acrílicos trabajados en máquinas en lugares lejanos, pero aún así “la gente aprecia el comercio justo, aprecia el esfuerzo y la calidad”, cuenta Laia.

La forma de producción no es lo único que define una prenda ética. Es imprescindible no adulterar el proceso empleando materiales sintéticos perjudiciales para el medio ambiente. “Mucha gente los prefiere porque el acrílico no destiñe, no hace bolas y es barato, pero no deja transpirar, da alergias y algunos son muy contaminantes”, apunta Laia. Sylvia, de Warmi, está de acuerdo y cree que son incomparables. “El tacto, el brillo, la caída… Es una historia de educación y sensibilidad”.

little rita

Prendas de punto de Little Rita.

Foto: Little Rita

Una sensibilidad que parece que estamos perdiendo en favor de estrenar ropa con frecuencia y seguir a pies juntillas las últimas tendencias. “La fast fashion ha hecho un daño enorme a nuestra percepción de los procesos de producción y al valor de una prenda. Nosotros decimos no al frenesí de la tendencia y la prenda desechable” dice Sylvia. Lo mismo opina Safia: “Hay que maximizar el valor de las fibras orgánicas y de la artesanía porque se pueden crear trabajos reales y trabajos dignos a través de la moda”.

La pregunta es por qué no nos preguntamos las razones de que nuestra ropa sea tan barata. “Nos hemos desculturalizado”, opina Laia. Sin embargo, cada vez más, los intentos de volver a apreciar las prendas con carácter funcionan. Henrik Biskov, el alocado diseñador danés, trabaja ahora con un club de señoras en Copenhague que tejen a mano prendas para su firma. Es otra bonita forma de evitar la deslocalización, controlar la producción y asegurarse de que se trabaja en condiciones dignas.

El punto, por su carácter universal y sencillo podría liderar una pequeña rebelión contra la tiranía de la tendencia, contra la moda low cost y contra la uniformidad estética. “Es cierto que el punto esta súper de moda ahora y con toda la tendencia del Do It Yourself aún mas. Es una técnica relativamente fácil, democrática. Pero no es la única, ¡hay mil otras para explorar!”, cuenta Sylvia.

Existen, claro, otras formas de moda ética que podrían acabar en tu armario, aunque por el momento puedes hacer un corte de mangas a la tendencia del punto baratero y darle al punto justo. Volver a tocar una prenda tejida a mano con fibras naturales, con todas las peculiaridades de una prenda única, con sus imperfecciones y su personalidad es un lujo, “el lujo de lo sencillo“, lo llama Safia.

 

http://smoda.elpais.com/articulos/en-su-punto-justo/444

Por: Xavier/Associació Udutama

En un pueblo akha de Tailandia quieren encontrar una salida comercial más digna al café que cultivan. Se han hecho muchas preguntas sobre la certificación de comercio justo más conocida, el sello FLO, y las respuestas no han gustado. En Udutama creen que otra certificación es posible. ¿Tú qué crees?

Mae Jantai es un pueblo del norte de Tailandia habitado por unas cuarenta familias de la etnia akha. Los akha son agricultores. Su economía de subsistencia está centrada en el cultivo de arroz. Durante muchos años cultivaron también opio, que consumían básicamente con fines medicinales y que les servía como moneda de intercambio con otros pueblos que los proveían de productos que les faltaba, como azúcar o sal. En la década de los 70 y 80 del siglo pasado, el gobierno tailandés, presionado por las mismas naciones que unos años antes habían incentivado su consumo entre la población local, erradicó casi totalmente su cultivo. Como alternativa se introdujeron plantas de té y café en la zona.

Lee es un joven akha de Mae Jantai que tuvo la suerte de estudiar con unos monjes budistas que le pagaron su educación. Desde el año 2007 está embarcado en un proyecto social en colaboración con los campesinos de su pueblo. Intentan producir un café cada vez de mayor calidad, darle una marca comercial y conseguir así mejores precios negociando directamente con compradores de las ciudades cercanas. Lee se dio cuenta pronto que obtendrían un precio mayor si conseguían vender el café del pueblo en mercados más lejanos, como el europeo. Pero la realidad es que en Europa sólo es posible pagar un precio justo para un café de estas características si consigue entrar en el mercado de los cafés selectos, de café ecológico o si es un café con el certificado de comercio justo.

Cuando contactamos con Lee, visitamos su pueblo y nos aseguramos que realmente se trataba de un proyecto social no lucrativo, nuestra asociación decidió ayudarle. La opción más obvia parecía la de conseguir la certificación de comercio justo. Pero después de un año de entrevistas con diferentes actores hemos abandonado la idea. Este artículo quiere dar un toque de atención sobre la injusticia del proceso de certificación de los productos de “comercio justo”.

La injusticia de la certificación del comercio justo

En España el mercado de productos de comercio justo está básicamente monopolizado por el sello FLO. Los estándares de certificación del sello FLO los define FLO International, una organización sin ánimo de lucro de la que forman parte las asociaciones, fundaciones y cooperativas principales de este mercado en nuestro país. Sin embargo, la entidad certificadora, FLO-Cert, con base en Alemania, es una empresa privada con ánimo de lucro que impone los precios y procedimientos de la certificación. Los productores deben pagar 400 euros al día a un auditor alemán que viaja para certificar el producto, y la misma cantidad al analista alemán que verifica que todo sea correcto. A razón de tres días de media que pasa el auditor en el terreno, más un día del analista, más la cuota inicial para comenzar el proceso, la auditoría asciende a unos 2.000 euros, que además tienen que pagar cada año para conservar el certificado. Esta cantidad supone el 25% del precio bruto de venta del café que puede vender la comunidad de Mae Jantai en los mercados de comercio justo. Si lo asumieran, la operación terminaría en pérdidas. Dos mil euros puede que no sea mucho para nosotros pero en Tailandia es el sueldo anual de un trabajador medio. Obviamente este precio podría ser mucho menor si los auditores fueran tailandeses y cobraran sueldos tailandeses. Pero FLO-Cert, fiel a su objetivo de conseguir el máximo beneficio, se niega en redondo a abrir sucursales o capacitar personas en los países productores. Se da así la paradoja de que la empresa certificadora de comercio justo no cumple los estándares que ella misma exige a los productores: ni es democrática, ni reparte los beneficios entre ninguna comunidad ni es respetuosa con el medio ambiente, si tenemos en cuenta los constantes viajes en avión desde Alemania a diferentes partes del mundo.

Antes de renunciar a seguir por este camino en nuestro deseo de apoyar a estos agricultores akha, nos planteamos una alternativa. Sugerida por uno de los integrantes de FLO, consistía en intentar que la comunidad de Mae Jantai se uniera a otras comunidades, aumentaran entre todos la producción y así les saliera a cuenta la inversión en el certificado. Pero esta alternativa entra en contradicción con el principio fundacional del comercio justo, que es precisamente proteger a los pequeños productores ante las multinacionales del sector. Les estaríamos diciendo que dejaran de ser pequeños, que se organizaran en estructuras más grandes, con la consiguiente pérdida de control directo sobre todo el proceso. En nuestro caso esta posibilidad tendría un gran impacto en la comunidad. Tradicionalmente la unidad política, económica y social de los akha es el poblado. El poblado es casi autárquico y crear una estructura superior supondría cambiar un sistema de organización que ha pervivido como mínimo durante 1500 años.

Más allá de FLO: principios para una nueva certificación solidaria

Aun así, seguimos creyendo que un comercio más justo es posible. A nuestro entender, sin embargo, ha de estar basado en otros parámetros. Somos conscientes de que el comercio justo no debe basarse sólo en que el precio que cobre el productor sea justo, con todas las dudas de un precio justo referenciado a los lejanos mercados de Nueva York, sino que además hay otros múltiples factores a tener en cuenta en el proceso que va del productor al consumidor. Debido a esta complejidad y muy variada casuística, desde aquí, humildemente, queremos proponer una alternativa al sello FLO, que deberíamos consensuar entre todos los que pensamos igual. Nos gustaría crear un nuevo certificado basado en el principio general de confianza, que se concreta en los siguientes puntos:

1) coste 0 para el pequeño productor
2) principio general de confianza en los actores implicados
3) el producto es de comercio justo si así lo avala
3.1) en el sur: el productor, organizado en una entidad sin ánimo de lucro o de economía social y
3.2) en el norte: una organización sin ánimo de lucro o de la economía social que colabore, conozca y apoye al productor y dé fe de que en el proceso de comercialización del productor al consumidor no se aprovecha ninguna entidad que directa o indirectamente esté perjudicando los intereses de los productores del sur (con este punto ponemos el filtro a las McDonalds o Nestles de turno)
4) certificado en negativo: el certificado puede ponerse en suspenso previa denuncia documentada que muestre que no se cumple el punto anterior
5) los productos con el nuevo certificado serán consultables vía web, junto con información sobre los productores y las organizaciones que los avalan
6) los productos con el nuevo certificado serán admitidos en todos los canales de distribución de productos de comercio justo y serán aceptados como tales por las administraciones públicas
7) la entidad que mantenga la gestión del nuevo certificado será sin ánimo de lucro, democrática y representativa. Su financiación se sufraga con el esfuerzo de las organizaciones que estén representadas y, si es posible, con la complicidad de la administración pública

Esperamos con este escrito estimular el inicio de este nuevo proceso de certificación para crear las condiciones de un comercio más justo donde ningún actor se aproveche injustamente y, a costa de los pequeños productores a los que supuestamente apoya, desvirtúe el sentido y la noble finalidad que se intenta conseguir.

http://www.canalsolidario.org/noticia/otra-cara-del-comercio-justo/26488

Resumen del libro

¿Cómo se puede lograr que los países más pobres del mundo puedan ayudarse a sí mismos por medio de un comercio más libre y más justo? Cada ronda de negociaciones internacionales ha acabado beneficiando a los países ricos y frustrando a las naciones en desarrollo. En este polémico y estimulante libro, el premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz y su coautor Andrew Charlton presentan un modelo radicalmente nuevo diseñado para abrir los mercados de forma que todos puedan prosperar. Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, es actualmente catedrático de economía en la universidad de Columbia tras una intensa carrera académica como profesor en prestigiosas universidades, como Yale, Oxford y Stanford. Además, ha sido asesor económico del gobierno de Bill Clinton y economista jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial. Autor del best seller internacionalEl malestar en la globalización (Taurus, 2002), también ha publicado Los felices noventa (Taurus, 2003) y Cómo hacer que funcione la globalización (Taurus, 2006).
Andrew Charlton es investigador en la London School of Economics.

http://www.casadellibro.com/libro-comercio-justo-para-todos/1140627/2900001183826

 

 

En América Latina existe una tensión en aumento entre la expansión de las actividades extractivas y agroexportadoras, apoyadas por gobiernos ideológicamente ubicados tanto a la derecha como a la izquierda, y la resistencia de algunas comunidades rurales ante la destrucción de su entorno y modos de vida que conlleva ese modelo de desarrollo. La reprimarización creciente de las economías latinoamericanas durante la última década, siguiendo el ascenso de los precios internacionales de algunas materias primas, y que han revalorizado determinados territorios rurales, ha contribuido a actualizar el debate sobre los límites de los modelos de desarrollo dominantes, sus contradicciones, así como las alternativas posibles en disputa.

La resistencia que llevaron a cabo durante años las comunidades rurales del Valle del Intag, en Ecuador, frente a los intentos de implantación de la minería a cielo abierto en el área y las propuestas impulsadas por sus habitantes organizados en una nutrida red de asociaciones en defensa de “otros modos de desarrollo”, nos sirve como ejemplo para abordar un debate clave para el futuro del mundo rural latinoamericano. Este es el tema que abordamos en el documental Mujeres de Intag, una producción de ALBA SUD encargada por Setem CV y realizada por Javier Calderón, Ríders Mejía y yo mismo.

Durante los últimos años, Ecuador ha potenciado la explotación minera por medio de la presencia creciente de empresas transnacionales, en especial de origen canadiense aunque no en exclusiva. De este modo se ha buscado reducir la dependencia de la renta petrolera impulsando la minería, aunque sin salir de la lógica extractivista. Igualmente, y como parte de un mismo modo de inserción en el mercado internacional, basado en la venta de productos primarios con escaso valor agregado, ha aumentado la producción de flores y bananas destinadas a la exportación, por medio de sistemas de producción intensivos que han dado lugar a lo que se conoce como “maquila agrícola”. Los posibles impactos negativos de la expansión de las actividades extractivas y/o agroexportadoras queda supeditado, según los defensores de este modelo, por las posibilidades de incrementar recursos económicos de que dispone el Estado para llevar a cabo políticas redistributivas y mejorar las prestaciones sociales a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, esta visión adolece de múltiples contradicciones y sus supuestos beneficios difícilmente compensan los problemas que genera, tanto para las poblaciones directamente afectadas como al propio país, que se mantiene prisionero de la “maldición de la abundancia”, descrita de forma precisa por Alberto Acosta.

La amenaza de la explotación minera a cielo abierto de la zona del valle del Intag a partir del año 2004 provocó la resistencia de parte de la población local. Su lucha logró paralizar los planes previstos. Pero lo que convierte a Intag en un ejemplo privilegiado para este debate no sólo es sólo su capacidad de oponerse exitosamente a la minería, si no también el haber formulado de forma práctica un modo de desarrollo alternativo, capaz de generar mayor bienestar a los habitantes de la zona sin, a un mismo tiempo, desentenderse de las necesidades del resto del país. Esta propuesta se articula en base a la intersección entre distintas actividades: agricultura familiar campesina orientada a solventar en primera instancia las necesidades alimentarias locales y basada de forma prioritaria en el cultivo orgánico; transformación y agregación de valor a la producción local en las mismas comunidades; establecimiento de canales comerciales tanto locales como nacionales e internacionales (con el apoyo de redes de comercio justo). Recientemente a estos esfuerzos se agrega el plan de producción de energía hidroeléctrica en base a micro centrales diseñadas con la participación comunitaria aprovechando en abundante caudal y saltos de agua en la zona. Todas estas prácticas productivas se llevan a cabo con una voluntad explícita de respeto y protección del medio ambiente.

Cada una de estas actividades tiene sus particularidades y limitaciones. Sin embargo, su fuerza reside en la diversificación y complementariedad entre ellas, y sobre todo, en la capacidad de control de la gente del lugar sobre las mismas. Lo comunitario tiene formas de expresión y materialización muy distintas en América Latina. Más importante que insistir en encontrar las características y condiciones específicas para definir “comunidad” de un modo absoluto, es necesario valorar y entender su diversidad, centrándonos en la potencialidad de las formas de organización colectiva de la población que habita en un determinado territorio para defender sus intereses.

Las protagonistas de Mujeres de Intag, expresan con firmeza un sentir general en muchas comunidades de la zona. Marcia Ramírez, miembro de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Chaguayacualto, en el Valle del Intag, responde ante la conocida acusación que hizo el presidente Rafael Correa: “ Nosotros no somos ecologistas infantiles, si no que somos personas que nacimos aquí, que crecimos aquí y nosotros queremos defender nuestro territorio. Nosotros queremos disfrutar de esta paz, de esta libertad que tenemos. Que a lo mejor no estamos los bolsillos llenos de dinero, eso es cierto, pero tampoco somos pobres, porque al menos aquí en Intag nadie se muere de hambre, todos tenemos qué comer. Claro que nosotros no estamos en contra del desarrollo, creo que hay diferentes formas de desarrollar.” En el mismo sentido ahonda Silvia Ruiz, socia de la Cooperativa El Rosal: “las empresas mineras no es desarrollo. Lo que nosotros estamos ofreciendo hoy como grupos organizados, a eso le llamamos nosotros desarrollo. Porque es un trabajo limpio, digno, sin contaminación a nadie. Y es una alternativa sana.”

La clave de este “otro desarrollo” tiene que ver con la capacidad para decidir cómo organizarse socialmente, de tomar el control sobre el tiempo y las formas de hacer. Marcia Ruiz lo explica de este modo: “disfrutamos de trabajar y de ser libres. Uno es libre porque en el momento que uno quiere salir a la ciudad, en momentos que hay problemas familiares, que alguien esté enfermo, uno puede estar junto con ellos. Dejar de trabajar uno o dos días para nosotros no es complicado, como los que están sujetos y trabajan en trabajos, diría yo, de empleados, que ahí si le dan permiso un día, no le dan dos días. Entonces yo creo que ellos son personas que están sujetos a algo. Más bien nosotros somos libres en nuestro trabajo.” Silvia Ruiz es concluyente: “todo empleado es explotado (…), y eso es lo que nosotros queremos cambiar”. Los debates sobre desarrollo rural necesitan imprescindiblemente incorporar esta dimensión, que no se limita a mera participación social, si no al ejercicio efectivo de control social, colectivo, de carácter comunitario.

En el fondo de la discusión, la resistencia comunitaria en Intag ilustra otro modo radicalmente distinto de entender el desarrollo, en lo que algunas voces han calificado como ”post-desarrollo”. Intag no puede verse como modelo terminado, si no como el esfuerzo de sus poblaciones por afirmar control social. La base de sus propuestas tiene que ver en última instancia con la “soberanía comunitaria”, es decir con la capacidad de mantener y/o recuperar control colectivo de la gente que vive en un determinado lugar sobre los recursos, territorios, actividades económicas y las relaciones laborales y sociales.

El documental que da pie a la presente reflexión puede verse aquí: http://albasud.org/video.php?id=17&section=4Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118210&titular=soberanía-comunitaria:-intag-como-ejemplo

Oro Negro

Publicado: agosto 2, 2010 en COMERCIO JUSTO, Peliculas

Café de comercio injusto

Publicado: abril 10, 2010 en COMERCIO JUSTO
Con un gran aroma a impactos laborales y medioambientales

 
 

 

 
 

Llega el café de comercio justo a los supermercados e incluso a establecimientos como los de Starbucks. ¿Puede ser un café justo cuando se vende en lugares injustos? 

 
 

STARBUCKS: LA TAZA DE LAS INCOHERENCIAS 

A partir del 2 de marzo Starbucks ofrece a los consumidores españoles la posibilidad de realizar un consumo responsable y justo en los establecimientos de la cadena. Según ha anunciado la Asociación del Sello Fairtrade – Comercio Justo (FLO – Fair Trade Labelling Organization), desde esa fecha la transnacional fundada en Seattle contará con la certificación de que el 100% de la producción de café Espresso que comercializa en España es “justa”. Veamos algunas de las realidad subyacentes tras estas actuaciones empresariales: 

Para quienes destacan las dificultades a la hora de realizar un consumo responsable y crítico en los contextos urbanos; para quienes discuten que las empresas multinacionales no pueden ser un elemento de transformación social; para quienes afirman que la distribución de la riqueza y el cuidado del medio ambiente no forman parte de las prioridades del capitalismo del Siglo XXI…. La Asociación FLO y Starbucks toman esta medida ejemplar, estableciendo una alianza para potenciar el consumo del café certificado de Comercio Justo. 

¿Qué supone exactamente esta certificación? En primer lugar, una inserción parcial del Comercio Justo en el comercio convencional, a través de la participación de empresas lucrativas en la operativa. De esta manera, un café importado por Intermón Oxfam y certificado por FLO puede convivir y competir sin mayores conflictos con un café de Nestlé en los mismos lineales de Carrefour. O bien, como es nuestro caso, un café producido en el Sur, certificado en origen por FLO e importado y distribuido por Starbucks España. Sin duda, se trata de una convivencia física y publicitariamente viable, aunque parece dudosa desde una perspectiva ideológica. 

Es lógico pensar que estas medidas conllevan un incremento notable de los volúmenes de ventas de productos de Comercio Justo. Esto es indudable, tanto como la concentración de poder comercial que tienen estas empresas transnacionales. También es incuestionable el incremento de la accesibilidad física de los productos y la notoriedad social de la idea de un comercio justo. Ahora bien: ¿cuáles son las ideas relativas a la justicia comercial que son más “accesibles” y “notorias” en los lineales de las grandes superficies o los establecimientos de las cadenas transnacionales? 

Aunque, para este análisis no se puede perder de perspectiva que el Comercio Justo denuncia, no sólo los métodos productivos en el Sur económico, sino también al modelo de distribución y consumo en el Norte. Caso contrario, la crítica deja de ser sistémica, ya que, al limitarse a la producción en el Sur, obvia la relación de interdependencia y niega implícitamente al estilo de vida hegemónico en las economías enriquecidas como parte nuclear y determinante de la problemática socioambiental derivada del capitalismo. Las certificaciones ofrecen un atajo de dudosas implicaciones para incrementar la visibilidad y las ventas. En el trasfondo, la paradoja de una alianza entre un movimiento social que denuncia y contesta a un conjunto de reglas, actores e impactos del comercio en la economía globalizada y, precisamente, algunos de esos actores estelares, con sus mismos impactos y reglas, aunque con algunos productos “justos”. 

Starbucks: a por todas 

Como ejemplo más reciente veamos la última gran incursión empresarial en el mundo del Comercio Justo: la transnacional tostadora y proveedora de café nacida en 1971, Starbucks. Desde marzo de 2010 la compañía cuenta con la certificación FLO de que el 100% del café Espresso que comercializa en España es “justo”.

Con una sonada certificación, una potente campaña publicitaria y la puesta en marcha del dominio web con el nombre de, nada menos que, yoapoyoalcomerciojusto.org, el éxito comercial de esta empresa, en una sociedad en que la justicia es un reclamo teórico en alza, parece asegurado. A pesar de que la justicia certificada de esta parte de su actividad productiva en el Sur no se corresponda con la mayor parte de sus políticas y prácticas competitivas en el resto de ámbitos.

Esta empresa, además de las históricas críticas por abusos a los pequeños productores de café en el Sur, ha sufrido denuncias de todo tipo en los últimos años. A modo de ejemplo, en 2006 Intermón Oxfam, una de las organizaciones que actualmente integra FLO España, denunció a Starbucks por bloquear las patentes y el derecho a registrar sus propias variedades de café en un país especialmente empobrecido, Etiopía. Esta cuestión hubiera permitido ampliar el poder de negociación del país en los mercados internacionales de café y mejorar directamente los ingresos de los millones de sus pequeños agricultores, a los que hoy Starbucks dice defender.

En 2007 sindicatos de distintas partes del planeta en las que opera Starbucks denunciaron el acoso a sindicalistas de la cadena. En 2008 fue acusada de malgastar 23 millones de litros de agua diarios, a partir de su “política de higiene” que obligaba a tener los grifos abiertos de forma ininterrumpida en sus aproximadamente 10.000 sucursales. También hay lugar para otro tipo de denuncias: en 2010 el Gobierno mexicano, en concreto la Agencia Arqueológica Nacional, informó de que la compañía le debe pagos por derechos de propiedad intelectual por utilizar en algunos de sus productos imágenes precolombinas. Es más, Starbucks es una de las pocas empresas que cuenta entre sus lauros con un día propio, el Día de Acción Global contra Starbucks, organizado por el Sindicato de Comercio y Hostelería de CNT-AIT de Sevilla y el Sindicato de Trabajadores de Starbucks de la Industrial Workers of the World (IWW) de Estados Unidos.

Enfocando la mirada más al Norte, además de los casi 7.000 despidos anunciados como consecuencia de la reducción de sus beneficios económicos en 2009 a sólo 64,5 millones de dólares, la “justicia” de Starbucks se materializa en la precarización de sus trabajadores y trabajadoras y en su agresiva estrategia de emplazamientos de puntos de venta. Esta práctica empresarial ha promovido el cierre de muchos de sus pequeños competidores, privando a la ciudadanía de centenares de bares y cafeterías, uno de los espacios más utilizados para la socialización.

Así las cosas, si en algún momento esto supone un problema de imagen corporativa, probablemente aparezca otro sello que certifique que todos aquellos pequeños comerciantes que han debido abandonar su actividad económica por la competencia desigual de Starbucks se sienten agradecidos a esta transnacional porque tienen más tiempo libre para disfrutar de la vida. 

Así, asistimos a una situación en la que los injustos sacan carné de justos, algunas organizaciones sociales apoyan esta iniciativa y gran parte de la desinformada ciudadanía confunde el problema con la solución. No es nueva la mercantilización de todo aquello que se ponga por delante del sistema económico, pero sí es una original vuelta de tuerca la fagocitación comercial de la rebeldía y la contestación, en este caso haciendo de la idea de la justicia comercial un rentable nicho de mercado

El rechazo a este tipo de certificaciones tiene que ver con su concepción y con su instrumentalización y con la negativa a apoyar operaciones de “lavado verde” y “solidario”; porque esta idea de la justicia comercial olvida interesadamente el resto de las políticas y prácticas que llevan a cabo estas empresas. ¿Cuánta justicia tiene detrás un café con sello FLO que se vende en un formato de distribución social y ambientalmente insostenible, que promueve el consumismo, distribuye otro 99,9% de referencias no “ecológicas” ni “justas”, además de tener políticas criticadas hasta el hartazgo con sus empleados, sindicatos, proveedores y clientes? Dicen que La Justicia es ciega y que comprar café en Starbucks es consumir de forma responsable. Esta justicia de Starbucks, que nos señala hacia dónde hay que dirigir la mirada, parece ser, interesadamente, miope. Mientras que consumir su café creyendo que se apoya una justicia comercial parece ser, necesariamente, una incoherencia.

 VIDEO: http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=3477

ConsumeHastaMorir, 5 de marzo de 2010

 

La pobreza y la discriminación de género están íntimamente conectadas. Se calcula que el 70 por ciento de la población que vive en la pobreza absoluta es mujer. Casi dos tercios de las mujeres de los países en desarrollo ocupan puestos vulnerables como trabajadoras por cuenta propia o en trabajos familiares no remunerados. En Asia meridional y el África subsahariana, este tipo de trabajo representa más del 80% de la totalidad del trabajo realizado por mujeres. Casi dos tercios de los adultos que no saben leer en el mundo son mujeres.

Las mujeres son con frecuencia las primeras en ser obligadas a abandonar la escuela cuando la familia difícilmente puede afrontar las tasas escolares. Ellas son también las últimas en ser llevadas a un centro de salud cuando necesitan atención médica. Esta injusta situación se traduce en la falta de posibilidades para alcanzar un empleo seguro, para obtener unos ingresos propios, para acceder a la formación… En definitiva, para tomar decisiones sobre su propio futuro. Ante esta realidad, el Comercio Justo se configura como herramienta de desarrollo para las mujeres en las comunidades con las que trabaja. La igualdad entre el trabajador y la trabajadora y el respeto por sus derechos son pilares básicos en este comercio alternativo. Queremos dar el papel principal al Sur y conocer de primera mano su experiencia, su realidad como trabajadoras y como mujeres.

PROGRAMA

10:15 Registro y entrega de documentación

10:30 Bienvenida y presentación. Marta Lozano, directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

11:00 La igualdad de género como objetivo en el trabajo. Gloria Bigné, directora de Intermón Oxfam Madrid y Marjories Siles Presidenta de la Asociación Nicaragüense Aldea Global.

13:00 Desde el norte. Mano a mano con las mujeres del sur. Susi Vidal, técnica de programa de monitoreo de grupos productores del Departamento de CJ de Intermon Oxfam y Chus Álvarez Jiménez, Técnica superior en igualdad de género y fundadora de la asociación MundoM Cooperación y Género.

18:00 Taller: Sentir el café Oler, paladear, tocar… A través de una experiencia multisensorial guiada por Marjoeries Siles y Juan Barberán técnico especialista de Unión Tostadora, el público podrá comprender en su totalidad el trabajo que se realiza en un proceso de producción como es el del café, para acercarnos a la realidad de cientos de mujeres trabajadoras de la asociación cafetalera Aldea Global (Nicaragua).

Duración: 18.02.10 – 18.02.10

Público: Mañana: dirigida a ONG y ONGD, trabajadores de organismos o asociaciones relacionadas con género.

Tarde: Público en general. Precio: Entrada libre hasta completar aforo

LA CASA ENCENDIDA

http://www.lacasaencendida.es/LCE/lceCruce/0,0,73537_2192936_73523%24P1%3D16,00.html

La novedosa y atrevida sugerencia de asociar la palabra justicia a la de comercio se produjo en 1964 en una de las conferencias de la UNCTAD. Ésta supuso el marco en el que floreció la idea de suplantar la ayuda económica de los países pobres por un régimen de apertura comercial de los mercados. Fue en este contexto donde tiene origen el movimiento del Comercio Justo. Nace en Europa en la década de los 60 como una alternativa frente a las desequilibradas relaciones comerciales existentes entre el Norte y el Sur que perjudican y empobrecen a los habitantes de estos últimos, obligándoles a jugar el papel de mano de obra barata o cultivadores de productos para la exportación, con precios cada vez más bajos e insuficientes para poder mantener un nivel de vida digno. Esta iniciativa de procedimientos justos y equitativos a la hora de comerciar con los pueblos del Sur ha derivado en todo un código de conducta aceptado y asumido –en ocasiones por imposición- por gran parte de las redes comerciales contemporáneas.

Varias organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas y numerosos movimientos sociales y políticos (entre los que se encuentran el pacifista y ecológico) proclamaban una serie de fundamentos básicos o principios que asumieron como piedras angulares que toda práctica comercial debería cumplir y promover. Mínimos esenciales que en ocasiones resultan irrisoriamente evidentes pero que debido a la voracidad del mercado y obnubilados por un deseo de lucro, muchos de los actores los vulneran al ignorarlos y pasarlos por alto. Entre los principios que el Comercio Justo promueve encontramos la dignidad en el trabajo respectando los derechos humanos, el rechazo a la explotación infantil, protección del medio ambiente, valorar la calidad y la producción ecológica, igualdad entre hombre y mujeres, pago por adelantado de los compradores, rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales, salarios dignos o evitar intermediarios entre productores y consumidores.

El Comercio Justo es algo más que la mera adquisición de café de origen colombiano, la compra de algún colgante de cuentas tailandés o exóticas tallas de madera traídas del África más tribal. Supone un modelo de intercambio donde la coherencia y los principios éticos acompañen todo el proceso productivo, de distribución y consumo del cacao pero también de otros productos como las lavadoras, los automóviles o incluso de los derivados financieros. Esta gran diversidad de ámbitos donde las prácticas justas han de intervenir (no exclusivamente en productos como la miel, el cacao, café o la artesanía) se refleja a la perfección en propuestas como la Campaña de Ropa Limpia (CRP) dirigida a los productos del textil o la iniciativa de la Banca Ética para unas finanzas transparentes y responsables demostrando que, en todas ellas, es posible hacer compatibles los criterios económicos con los sociales y ecológicos. Lo que la humanidad ha unido no lo separe el comercio, que las desigualdades no se perpetúen gracias –y no a pesar- de éste y que las oportunidades y poder de negocio no queden en el monopolio de los pequeños grupos más perversos. En definitiva, la reducción de la pobreza de los países del Sur gracias a un sistema comercial y/o la no intensificación de ésta debido a un comercio sistemáticamente asimétrico, explotador y cruel.

Esta corriente de pensamiento que persigue la reducción de las desigualdades de los pueblos a través del comercio tiene su imagen más visible en las numerosas ONGD (como Setem, Intermón Oxfam, Ideas, Solidaridad Internacional o Copade en lo que al estado español se refiere) que promueven y operan bajo los valores éticos que el Comercio Justo plantea. Éstas formulan proyectos de financiación y gestión de cooperativas, de empoderamiento a pequeños campesinos, llevan a cabo actividades de denuncia y sensibilización, redactan y publican informes y estudios, ponen a disposición del consumidor la posibilidad de adquirir productos justos en los distintos establecimientos que disponen. Investigan, denuncian, cooperan, educan y comercian. La incidencia de cada una de ellas se ve altamente protegida y adquiere un poder exponencial gracias a la sinergia que la federación les reporta. Un marco de unión, de reunión, reflexión y referencia para la confección de una voz colectiva más incidente y potente. Así, la internacional Fair Trade Federation (FTF) o la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) bajo el lema “Da la cara por el planeta: elige Comercio Justo” invita a la población a sumarse a la campaña de Comercio Justo por la justicia social y medioambiental y pide a los políticos que apoyen el Comercio Justo como instrumento necesario para luchar contra la pobreza y el cambio climático, promuevan una política más respetuosa con el medio ambiente y cambio de las reglas de comercio para que su objetivo sea la justicia global.

Además de las numerosas y ya mencionadas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, al igual que en el sistema convencional, el Justo supone la interacción de un sinfín de actores. En el intercambio intervienen los productores a los que se les facilita asistencia técnica, recursos, asesoría empresarial y acceso directo a los mercados internacionales; las importadoras que adquieren la mercancía de los productores a precios justos y la ponen a disposición del consumidor final; las tiendas de Comercio Justo, establecimientos y puntos de venta de los productos del Sur; los clientes que consumen y presionan por un mercado más ético; las organizaciones y el tercer sector quienes se encargan de garantizar el cumplimiento de los criterios de esta nueva modalidad de prácticas comerciales… La alternativa está claramente definida. El debate está servido. El mensaje es conciso, la denuncia directa, los productos en las estanterías y una población llamada al consumo responsable. La ferviente voluntad de este nuevo movimiento por hacerse con el modelo dominante en lucha con la nula disposición de los más reaccionarios en la cesión de su monopolizado terreno comercial.

“Hacer justicia hace más dulce la vida, mi vida y la suya”

Frase ganadora del concurso de la CECJ

Nagore Lopategui