Archivos de la categoría ‘EXCLUSIÓN SOCIAL’

“Los rectores y decanos deberían dimitir en bloque”, entrevista a Jorge Riechmann

TOMÁS MUÑOZ (REDACCIÓN)

LUNES 1RO DE OCTUBRE DE 2012.  NÚMERO 182
JPG - 33.8 KB
CANTOBLANCO. Una joven realiza una pancarta en la acampada que se instaló en la Universidad Autónoma de Madrid para protestar por el aumento de las tasas universitarias / FOTO: David Fernández

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se presentó el nuevo anteproyecto de ley educativa, las únicas preguntas dirigidas por los periodistas al ministro de Educación, José Ignacio Wert, trataron sobre la recentralización que supone que el ministerio pase a decidir del 55% al 65% del contenido curricular en detrimento de las consejerías autonómicas de educación, además de una pregunta cuestionando la legalidad del traslado forzoso de docentes. Ninguno de los periodistas le planteó al ministro si había consultado a la comunidad educativa su proyecto de reforma.

“Llevamos años oyendo que no se pueden cambiar leyes educativas sin llegar a consensos y [Wert] la ha sacado absolutamente solo sin contar con padres, profesores ni nadie de la comunidad educativa”, afirma indignada Cecilia Salazar, de Ciudadanos por la Educación Pública. A José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos, de Madrid, le llama la atención que una reforma que se plantea “en supuesto beneficio de los alumnos y las familias, se haga sin tener en cuenta ni la opinión de los alumnos ni la de las familias”.

CONTRARREFORMA IDEOLÓGICA

El ministro Wert aseguró que su reforma no era ideológica, aunque no explicó de forma convincente por qué. En la comunidad educativa hay un amplio consenso en sentido contrario. Para Enrique Díez, coordinador federal del área de educación de Izquierda Unida, “está fuera de duda que desde sus prejuicios ideológicos han establecido sus pautas aplicables a la educación, y su modelo está muy claro: es un modelo para que los ricos puedan llegar a los puestos más altos, que serán los másters y los doctorados; los grados para la clase intermedia técnica y el resto en una precariedad permanente en un mercado laboral en permanente rotación”.

Guillermo Valenzuela, profesor interino que participa en la Marea Verde de Aragón, también cree que es una reforma ideológica porque “profundiza en la supeditación de la educación al mercado laboral. El proceso educativo se diseña en función de las necesidades que tiene el mercado laboral y se concibe que los estudiantes son solamente futura mano de obra. La educación no tiene un sentido por sí mismo”. Cecilia Salazar añade que “la segregación muy temprana de alumnos lo que propiciará es que pocos alumnos lleguen a bachillerato y sean desviados hacia un mercado laboral de mano de obra muy barata”.

TRES VÍAS DE SEGREGACIÓN

La primera segregación se producirá con los llamados “programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento”, en 2º y 3º de la ESO, en los que se agruparán alumnos con dificultades que recibirán contenidos devaluados. La segunda segregación llegará al terminar 3º de ESO. Un segmento del alumnado, el que más dificultades arrastre, será desviado a un curso puente que impedirá el reenganche al bachillerato. Estos ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Cecilia Salazar explica que “los PCPI estaban pensados para alumnos de más de 16 años que iban a dejar el centro; era un intento para reenganchar de alguna forma y que pasasen a Formación Profesional de Grado Medio”. Sin embargo, “en la ley Wert se convierte en una salida, es decir, tiran directamente un alumno a la basura. Esto que antes era un ‘recoger’, ahora es una salida que no va a ningún lado, porque no hay titulación de ESO para este itinerario”. Enrique Díez va un poco más lejos y cree que “no sólo es para que salga mano de obra barata, sino para que salga cuanto antes”. En el texto del anteproyecto se puede leer que ‘se animará a estos programas a los que tengan una situación socioeconómica desfavorable’. Para Díez, “equipara la pobreza con la poca capacidad para el estudio”.

La tercera vía de segregación se hace a través de asignaturas optativas para que en 4º de la ESO los itinerarios para FP y para el bachillerato estén bien diferenciados. Para Enrique Díez, “la consecuencia es que deriva a la población escolar con más dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio o hacia el mercado laboral. Por tanto, convierte a la FP en una vía de segunda categoría. Cuanto antes se segrega, más se atenta contra la igualdad de oportunidades”.

Una de las razones esgrimidas por el ministro para implantar la segregación en itinerarios ha sido la mejora de los datos de fracaso escolar. El catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Cádiz, J. Félix Angulo, en un informe difundido por Soy Pública, explica que “dicha división en itinerarios pretende segregar disfrazando de esta manera el fracaso escolar”. Para el catedrático, el fracaso escolar es un problema de clase social, ya que la proporción entre hijos de trabajadores del sector servicios (profesionales y gerentes) e hijos de trabajadores sin cualificación es significativa: con respecto al acceso al bachillerato, por cada 2,7 alumnos del primer grupo llega 1 del grupo de trabajadores no cualificados, en FP la proporción es de 0,4 por cada 1; en cuanto a abandono de los estudios tras la secundaria es de 0,5 por cada 1 y el ratio de alumnos que abandonan la secundaria es de 0,12 –de la descendencia del primer grupo– por cada uno del grupo segundo.

La segregación viene acompañada de una nueva FP, con formación dual, una parte en la empresa y otra en el centro educativo, copiando el modelo alemán. No obstante, y como apunta Cecilia Salazar, “aquí no existe un tejido empresarial que pueda absorber eso y dar una formación efectiva al alumnado. En grandes empresas puede que sí, pero aquí lo que hay fundamentalmente son pymes que no pueden absorber a todas estas personas, por lo cual no tiene el menor sentido fuera de que se realiza trabajo gratis”.

El anteproyecto planteado por Wert introduce tres exámenes-reválida al término de cada etapa educativa (6º de primaria, 4º ESO y 2º Bachillerato), que serán realizados de forma externalizada, no por los profesores del centro. Para el catedrático J. Félix Angulo “no son pruebas de diagnóstico, sino que abren o cierran la posibilidad de continuar estudiando o bien marcan (como en primaria) al alumnado para el resto de su escolaridad, clasificándolo”. Guillermo Valenzuela indica que es profundizar “en la línea pedagógica que incide en la importancia del examen y de la evaluación. Todo el proceso educativo tendría como fin último poder pasar esas pruebas. Es un sistema de evaluación doblemente reduccionista. Hay muchas maneras distintas de evaluar un proceso de aprendizaje, y nosotros criticamos que la única manera de evaluar sea esa”.

Enrique Díez cree que esto muestra que la educación se concibe “no como algo que te sirva para desarrollarte, sino como un campo permanente de obstáculos, un suplicio permanente como si esto fuera un vía crucis”. Además, sostiene que el “modelo busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, y por eso establece esas pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados, con el fin de que los ‘clientes’ puedan comparar y elegir el centro que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral”.

Cecilia Salazar cree que aquí se pueden dar las mismas consecuencias que se han dado en países que han implantado este sistema. “Lo que ha sucedido es que se ha establecido un ránking en función del cual depende la dotación económica del centro. Esto puede implicar que los centros que tienen más problemas cada vez tengan menos dinero, por lo que cada vez irán peor”. Cecilia cree que si la dotación de un centro depende de las notas de los alumnos en esta evaluación externa, “los profesores no vamos a tener más remedio que dedicarnos a enseñar exclusivamente cómo se aprueba, porque la dotación depende de ello. La reflexión crítica, la creatividad, se va a acabar porque nos vamos a dedicar a hacer pruebas tipo test para que cuando los alumnos se enfrenten al examen puedan pasarlo”.

En este nuevo escenario competitivo, Enrique Díez cree que las escuelas se van a hacer más selectivas y van a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades porque les puede hacer descender la posición en el ránking. “Esto tiene que ver con que se instaura el pago por resultados, propio del mundo empresarial”, apunta. La reforma acaba con la selectividad y cada universidad podrá elegir, si quiere, sus pruebas de acceso, como se hace en el mundo anglosajón.

SIN DEMOCRACIA ESCOLAR

Otra de las novedades que introduce el anteproyecto es el refuerzo del poder del director, nombrado por la administración y al que se le exigirá un perfil de gestor acreditado con titulaciones específicas. El informe de J. Félix Angulo alerta sobre la supuesta autonomía de los centros que esto supone: “Se convertirá, a través del control que el Gobierno pueda ejercer por las reválidas que implante, en una autonomía cautiva, que lleva a una especie de privatización encubierta de la escolaridad”. A Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), le parece “sangrante la pérdida de capacidad de decisión de los consejos escolares, en cada centro se le relega a un papel consultivo sin carácter vinculante, lo que nos parece una tomadura de pelo”. En los consejos escolares se sientan padres y madres, alumnos y docentes, y actualmente tienen capacidad de decisión sobre algunos aspectos del centro. Otro padre que participa en la vida activa del instituto de su hijo, José Luis Pazos, cree que “el ministerio plantea esto porque entiende que la democracia la tienen que ejercer solamente unas cuantas personas”. Los profesores también alertan sobre esta medida. Guillermo Valenzuela cree que generan un modelo de educación “muy autoritario, concentrándose la gestión del centro en el director, que pasa a tener más poder”. Guillermo cree que se va a dejar “muy poca autonomía para los profesores, que tendrán menos capacidad para decidir lo que van a impartir y cómo van a evaluar”. Además, tiene sus reservas con que los directores puedan elegir a los interinos, “en nuestro sistema no es más que inducir al enchufismo y a la corrupción”.

Para Cecilia Salazar es una falta de democracia absoluta. “Ahora en Madrid tenemos el problema de los profesores irlandeses contratados de forma ilegal por la comunidad, pero con la Ley Wert sería legal; hasta hoy en los centros públicos se hace con un baremo, de forma trasparente… Si el director gestiona esto, se saltan muchos derechos al mismo tiempo”. Enrique Díez cree que va a suponer “la profesionalización de la dirección escolar como si fueran gerentes: lo que van es a gestionar los centros públicos con rentabilidad económica, y no con rentabilidad social”.

A este cambio de modelo hay que añadirle la degradación que los centros ya han sufrido con los recortes presupuestarios. Díez asegura que “lo que pretenden es convertir la educación en un negocio. Los datos de la Unesco dicen que se mueve en el mundo de la educación dos billones de dólares anualmente. Ahora el capitalismo ha conquistado toda la geografía, y la última frontera que les queda son los servicios públicos”. José Luis Pazos cree que la reforma pone la puntilla a las agresiones presupuestarias. “Se quiere desmantelar gran parte de los avances que la educación pública ha conseguido en las últimas tres o cuatro décadas”.

 

http://www.diagonalperiodico.net/La-educacion-publica-retrocede-30.html

Anuncios

Las luces se apagan en Atenas

Publicado: agosto 27, 2012 en EXCLUSIÓN SOCIAL
En su último ensayo, una recopilación de artículos publicados entre 2009 y 2012, el escritor griego ofrece un desolador retrato de su país inmerso en la ruina y el desánimo
Una mujer, en su tienda de muebles en Atenas. / ANGELOS TZORTZINIS (BLOOMBERG)

En Grecia, además de nuestro Parlamento con sus siete partidos políticos, existe un sistema no parlamentario que forman cuatro partidos: son los cuatro pedazos en los que se ha quedado dividida nuestra sociedad después de 18 meses de crisis económica. El creciente agravamiento de la crisis y la lucha diaria por la supervivencia no han logrado acortar las distancias entre estas partes. Muy al contrario, la brecha que las separa es cada vez mayor. Y, aunque se crean coaliciones entre ellas, hay también guerra en las trincheras.

» En primer lugar, encontramos el ‘partido de los beneficiarios‘, al que pertenecen todos esos empresarios que se han beneficiado del mercantilismo político durante los últimos treinta años, especialmente las empresas de construcción. Éstas vivieron su apogeo en el preludio de los Juegos Olímpicos de 2004, cuando se aprovecharon de un Estado que se veía obligado a pagar a un precio inusitado cualquier encargo urbanístico. También pertenecen al partido de los beneficiarios las empresas que abastecían a los servicios públicos, por ejemplo, aquellas que suministraban productos farmacéuticos y equipos médicos a los hospitales estatales. Hasta hace muy poco tiempo los griegos no eran conscientes del volumen de dinero que se ha despilfarrado en este sentido. Hasta ahora eran los hospitales los encargados de comprar las medicinas y los equipos médicos. Ahora el Ministerio de Sanidad ha establecido que la adquisición de productos se realice a través de Internet y ha puesto a disposición de las instituciones 9.937.480 euros, una suma que se adecua al volumen de gasto que se había venido generando hasta el momento. Sin embargo, esta operación ha revelado que el precio real de los medicamentos solo asciende a 616.505 euros, es decir, un 6,2% de la cantidad que se había invertido anteriormente. Sin las nuevas medidas de contención del gasto todo habría continuado como antes, puesto que precisamente estos beneficiarios, las empresas de construcción y los proveedores de las clínicas, formaban una coalición con el partido del Gobierno y con sus ministros que no funcionaba nada mal.

Todos en el aparato del Estado sabían de la existencia de estos contactos y del coste que suponían para la sociedad, pero todos callaban. No solo porque los partidos se embolsaban así enormes donativos, sino porque estos sectores corruptos financiaban campañas electorales a los diputados, quienes a su vez se aseguraban buenos puestos de trabajo para sus familiares.

Al partido de los beneficiarios también se le podría denominar partido de los defraudadores, pues todos ellos lo son sin excepción, especialmente los trabajadores autónomos con ingresos elevados, como médicos o abogados. Cuando un griego va a la consulta de un médico, éste le informa: “La visita son 80 euros, si quiere factura, entonces serán 110”. Y así, la mayoría de los pacientes renuncian a la factura y se ahorran treinta euros. Debido al acuerdo entre estos profesionales y el partido del Gobierno, las autoridades callan y hacen la vista gorda.

Mientras tanto, el conjunto de los ciudadanos sin recursos no deja de crecer. Muchos de ellos no pueden ni siquiera costearse sus medicamentos. ¿Qué hacen entonces? Recurren a la organización Médicos sin Fronteras, que proporciona de forma gratuita algunas medicinas. Las dos clínicas de Médicos sin Fronteras que existen en Atenas están pensadas para asistir a inmigrantes sin recursos, que llegan a Grecia desde África en barcas de remos. Pero cada vez son más los griegos que piden ayuda. Algunos días hay casi mil personas haciendo cola en Médicos sin Fronteras.

Entre ellos, por ejemplo, diabéticos que ya no pueden permitirse comprar insulina. La miseria de los inmigrantes se extiende a los griegos. Hasta hace apenas medio año, cuando me asomaba a la calle desde el balcón de mi casa, veía a inmigrantes que revolvían entre los cubos de basura, en busca de algo para comer. En las últimas semanas, se han unido a ellos cada vez más griegos. No quieren revelar su miseria, por eso hacen su ronda a primera hora de la mañana, cuando las calles están casi desiertas.

Está claro que los beneficiarios y los defraudadores no tienen tales preocupaciones. Apenas sienten que el país está en crisis. Antes de que Grecia entrase en esta situación, ya habían trasladado su dinero al extranjero. Mientras que los bancos griegos han perdido en los últimos 18 meses alrededor de 6.000 millones de euros, los bancos extranjeros —especialmente los suizos— se frotan las manos.

Y también son los beneficiarios quienes, en evidente sintonía con el Partido Comunista, abogan por el retorno del dracma. Cuentan con multiplicar su riqueza y poder así comprar, con toda tranquilidad, una importante parte del patrimonio del Estado, que —ya sea con euros o con dracmas— deberá ser privatizado forzosamente, pues el Estado carece de recursos.

Una tercera —y fatal— coalición la forman el Gobierno griego y los agricultores, que también son a su vez miembros del partido de los beneficiarios. Desde la entrada de Grecia en la Comunidad Económica Europea (CEE) en el año 1981 todos los gobiernos griegos se han quejado del destino de sus “pobres campesinos” y han proclamado que éstos merecían una vida mejor. Hace tiempo que estos agricultores se han asegurado una vida mucho mejor, gracias a las subvenciones agrícolas de la Unión Europea.

Dichas subvenciones se repartían de forma arbitraria, sin revisar y sin comprobar si los subsidios solicitados se correspondían con la producción real. Los agricultores enterraban sus productos, proporcionaban cifras falsas y se llevaban el dinero. Además, el Banco Agrícola Griego les otorgaba generosos créditos que, a día de hoy, todavía no han sido devueltos.

Mientras, en el Gobierno, los amigos de los agricultores no ejercían presión alguna, porque los votos del campo eran muy valiosos. En la actualidad el Banco Agrícola está en quiebra y estos campesinos se pasean por su pueblo en sus Jeep Cherokee.

» El segundo de los cuatro partidos en los que Grecia se divide en la actualidad podría denominarse el partido de los honrados, aunque yo prefiero llamarlo el partido de los mártires. A este partido pertenecen los dueños de pequeñas y medianas empresas, sus trabajadores y los pequeños autónomos, por ejemplo los taxistas o los técnicos. Ellos rebaten la opinión, tan extendida en Europa, de que los griegos son unos comodones y se zafan del trabajo. Trabajan duro y pagan religiosamente sus impuestos. Sin embargo, aunque el partido de los mártires es el mayor de los grupos no parlamentarios, no es lo suficientemente fuerte para aliarse con nadie. Por eso lo explotan por todas partes. Son los que mayores sacrificios realizan a causa de la crisis, por eso me gusta llamarlos mártires.

El mayor golpe para la pequeña y mediana empresa es la recesión. El desolador paisaje de las tiendas o negocios vacíos comienza a ser un elemento común en todos los barrios de Atenas, incluso en las zonas comerciales más elegantes. Por ejemplo, la calle Patission. La Patission, como la llaman los atenienses, es la más antigua de las tres calles en las que se divide el centro de la capital y se considera el bulevar de la clase media. Como vivo por esa zona, conozco muy bien la calle. La Patission estaba siempre muy mal iluminada, pero no importaba porque los escaparates brillaban con luz propia. Estos días, por la noche la calle está oscura como boca de lobo: uno de cada dos comercios ha cerrado y los que todavía siguen abiertos, intentan sobrevivir a golpe de ofertas especiales.

En la calle Aiolous, una vía también situada en el centro y que siempre había constituido un destino comercial para aquellos con menos ingresos, la situación es aún más terrible. Quedan todavía algunas tiendas, pero están vacías, los clientes no acuden a comprar. Así que la calle Aiolous se ha convertido en una zona peatonal sin peatones. “¿Cuánto tiempo podré aguantar?”, me preguntaba la dueña de una pequeña tienda de ropa de caballero en la que entré a comprar calcetines. “Pueden pasar días hasta que aparece un cliente”. En los últimos tiempos, uno vacila mucho antes de entrar en un comercio, porque, tan pronto como se ha cruzado el umbral, el dueño o los dependientes le bombardean a uno con lúgubres noticias.

La dueña de la tienda de ropa de caballero no aguantó mucho: cuando el sábado pasado regresé a la calle Aiolous, su negocio también había cerrado. Una amiga de mi hermana trabaja en una pequeña empresa especializada en la construcción de viviendas. Es la única empleada: el dueño se ha visto obligado a despedir al resto del personal. ¿Quién quiere construir casas cuando por todas partes hay viviendas en venta que tampoco compra nadie? Hace siete meses que la amiga de mi hermana no cobra su sueldo, sin embargo, está feliz porque, al menos, conserva su puesto de trabajo.

Lo peor para los miembros del partido de los mártires es el desánimo. Han perdido la esperanza. Para ellos, tras la crisis no se esconde perspectiva alguna de alcanzar un futuro mejor. Cuando uno habla con ellos, no es posible dejar de pensar que solo están esperando a que llegue el final. Cuando una gran parte de la sociedad no logra reunir el optimismo necesario, significa que la vida es en verdad agobiante. En muchos de los bloques de viviendas en los que viven ciudadanos con ingresos escasos o moderados ya no se enciende la calefacción. Las familias carecen de dinero para gasóleo, o prefieren utilizarlo para otras cosas. Yo no conduzco. Tengo un taxista que me lleva o me recoge del aeropuerto. Su nombre es Thodoros, no está casado y vive solo. (…) “Mire yo pago por el alquiler de este taxi 350 euros a la semana. Trabajo los siete días, pero solo me llega para pagar el alquiler. Muchas veces tengo que poner yo mismo dinero”.

A los griegos les gusta ir en taxi, porque es muy barato. Por 3,20 euros se puede llegar a cualquier lugar en el centro de Atenas y una carrera un poco más larga nunca cuesta más de seis euros. Hasta hace medio año, en las horas centrales del día era casi imposible encontrar un taxi libre. Ahora por todas partes es posible ver largas colas de taxis a la espera de clientes, no solo al mediodía, sino también por la noche y durante el fin de semana. Y esto no es lo peor.

La recesión no es la única preocupación de los mártires. A pesar de que sus negocios ya no rinden, están obligados a pagar sus tributos por partida triple: primero, el Impuesto sobre la Renta, después diferentes impuestos adicionales y, por último, un complemento de solidaridad. Un impuesto este, el de solidaridad, que el año próximo deberán abonar en dos ocasiones, mientras que otro impuesto indirecto, el IVA, se incrementó dos veces durante el año pasado. Mientras que los defraudadores no pagan nada o casi nada de estos impuestos adicionales o del complemento de solidaridad, porque muchos no presentan la declaración de Hacienda o disfrazan una gran parte de sus ingresos, los ciudadanos honrados no pueden casi ni respirar.

Al grupo de los mártires pertenecen también los empleados y los trabajadores en paro del sector privado. En la actualidad, son muy pocos los trabajadores griegos a los que se les paga puntualmente su sueldo. La mayoría lo cobra en pequeñas cantidades y con un retraso de varios meses. Y todos pasan grandes dificultades y, sobre todo, viven angustiados, con el temor de que la empresa donde trabajan se vaya a pique de un día para otro.

La contención del consumo y la falta de créditos ha frenado el crecimiento económico del país y, por este motivo, son muchas las pequeñas empresas que se hunden estos días. Desaparecen, pero no se llevan consigo las numerosas deudas contraídas. Mi cuñado, representante de moda infantil, me contaba entristecido que solo la pasada semana había vivido tres casos semejantes. Es desesperante. Ahora, delante de las oficinas de empleo, se ven largas colas de parados que cada mes aguardan pacientemente la orden de pago con la que el banco debe transferirles su subsidio. Sin embargo, nunca pueden tener la certeza de que el pago llegue a principios de mes. A veces, tienen que esperar algo más para cobrar sus 416,50 euros, pues el número de parados no deja de crecer y a las oficinas de empleo se les termina el dinero.

Tras el colapso del aparato estatal y, sobre todo, del sistema fiscal, el Ministerio de Hacienda tuvo la brillante idea de cobrar impuestos a través de la factura de la luz. A quien no paga sus impuestos, se le corta la luz. He visto imágenes en la televisión griega de personas mayores que hacían cola en las oficinas de la compañía eléctrica para pagar el primer tramo de sus impuestos. Me entraban ganas de llorar. “El primer tramo asciende a 250 euros”, decía un hombre de unos sesenta y tantos años a la cámara. “A mí me dan una pensión de 400 euros, ¿cómo voy a vivir durante todo un mes con los restantes 150?”.

En ese momento, recordé mi regreso a Grecia en los años sesenta. Entonces me recibió una de las más curiosas estampas que uno pueda imaginar: de los tejados de alquitrán de muchas de las casas de una planta que poblaban los barrios obreros sobresalían llamativas varas de hierro. Eran horribles, pero representaban una promesa: el sueño de la segunda planta. El sueño del apartamento para el hijo o la hija en el piso de arriba. Durante toda su vida esa gente había ahorrado dinero para hacer realidad ese sueño, sacrificando cada céntimo. Y ahora se lo están quitando. Un sistema político en ruinas basado en su nepotismo tóxico y su falsa riqueza ha destrozado la dignidad de un pueblo.

» Otro partido es el partido de los Moloch, cuyos miembros han sido reclutados entre las filas del aparato estatal griego y sus empresas. El partido se divide en dos grupos. Al primero de ellos pertenecen los funcionarios y los empleados de los servicios públicos y las empresas estatales. En el segundo grupo se encuentran los sindicatos. El partido de los Moloch es el brazo no parlamentario del gobierno y el garante del sistema mercantil, pues está compuesto principalmente por cuadros y funcionarios del partido. (…)

El sistema tiene una historia muy larga, que se remonta al final de la guerra civil, en los años cincuenta. Fue entonces cuando los nacionalistas, ganadores en la contienda, llenaron la Administración de compañeros de trinchera y fieles correligionarios. Era el premio por su lealtad a los ideales nacionalistas.

Después, en 1981 —poco después de la entrada de Grecia en la CEE— llegó al poder el primer gobierno del partido socialista, el Pasok. (…) Según este partido, tras el largo dominio de los partidos de derechas, el aparato estatal estaba condicionado para rechazar las fuerzas liberales y resultaba imposible gobernar si su gente de confianza no ocupaba los puestos clave en la Administración. Sin embargo, no se conformaron solo con los puestos clave, y muy pronto todo el aparato estaba en manos de miembros del Pasok y sus contactos. Casi uno de cada dos militantes del partido obtuvo durante estos años un puesto en la Administración.

Desde entonces, todos los gobiernos han comulgado con esta política de enchufes, hasta los primeros meses de la crisis. Hasta entonces había suficiente dinero, gracias a las subvenciones de la CEE y más tarde de la Unión Europea. Cuando el dinero escaseaba, se cubrían los agujeros a golpe de crédito.

La mayoría de los miembros del partido en la Administración no trabajan o hacen solo lo indispensable. Una amiga, ingeniera en un organismo estatal, me contaba su experiencia: hace un año llegó un nuevo compañero a la oficina. El primer día anunció: “Queridos compañeros y compañeras, he olvidado todo lo que aprendí en la universidad”. No trabajó ni un solo día y aquello no pareció contrariar a ningún superior.

Pero el partido de los Moloch está dividido. Una parte se sentiría mucho más cómoda en el partido de los mártires. Se trata de esos funcionarios que no accedieron a sus puestos a través de contactos en el partido, sino que tuvieron que realizar una oposición. Son los únicos funcionarios que trabajan de verdad, en ocasiones llevando la carga de dos o tres compañeros que son miembros del partido. Son las víctimas del sistema. (…)

» El cuarto y último partido de la sociedad griega es el que más me preocupa. Es el partido de los desesperanzados: los jóvenes griegos, sentados todo el día frente al ordenador, buscando en internet, desesperados, un trabajo, sea donde sea. No son emigrantes como sus abuelos, que en los años sesenta llegaron a Alemania desde Macedonia y Tracia para buscar trabajo. Estos jóvenes han ido a la universidad, algunos incluso tienen un doctorado. Sin embargo, cuando terminan la carrera se van directos al paro. (…)

Ya sea a causa de la recesión, de las medidas de contención del gasto, del recorte de la deuda o de las reformas, el caso es que vamos a sacrificar a tres generaciones en nombre de la crisis. Hoy son los jóvenes los que más pierden; mañana lo seremos nosotros, porque en algunos años nos faltarán las fuerzas para seguir luchando. (…)

Las generaciones nacidas después de 1981 no han crecido en una época de verdadera miseria, sino de falsa riqueza y les entra un ataque de pánico cuando tan solo se insinúa la palabra “renuncia”. La pobreza les resulta tan ajena como el desierto.

La espada de Damocles se publica en septiembre en español y está editado por Tusquets.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/26/actualidad/1346007449_775628.html

Por: Autor invitado | 13 de agosto de 2012

Esta entrada ha sido escrita por Valeria Méndez de Vigo, Responsable del departamento de Estudios e Incidencia de la ONGD Entreculturas.

Noland

Imagínate que, de la noche a la mañana tienes que abandonar tu país o lugar de origen, prácticamente con lo puesto. Que has llegado a otro lugar u otro país, a un campamento o una ciudad,  sin conocer el idioma, sin posibilidad de obtener recursos económicos, y  sin saber qué va a ser de tu vida en el futuro, pero con una historia de angustia, sufrimiento e incertidumbre detrás. Pues esto es lo que les ocurre a las 44 millones de personas migrantes forzosas (refugiadas y desplazadas internas) hoy en el mundo.

 

Para llamar la atención sobre esta realidad, en Entreculturas hemos creado de manera simbólica No-land, un país virtual que acoge a las personas refugiadas y desplazadas, con una Constitución que garantiza sus derechos, a la educación, a la salud, a la igualdad, a la protección, derechos éstos tantas veces vulnerados en la práctica.

Tras el desplazamiento, las personas refugiadas y desplazadas sufren adaptaciones muy difíciles a sus nuevas vidas, en los campamentos o en las ciudades. Los campamentos suelen estar situados en lugares aislados o zonas fronterizas, la libertad de movimientos de las personas refugiadas y desplazadas está restringida y dependen de la ayuda internacional, por lo que se encuentran en una situación de “mendicidad sobrevenida”. Aunque sus necesidades más básicas puedan estar cubiertas, sus condiciones de vida son muy difíciles y su realidad cotidiana está marcada por la violencia, sobre todo, la violencia sexual y de género hacia las mujeres. Además, las situaciones se hacen crónicas- la media de estancia en los campamentos es de 17 años- con la consiguiente desesperanza e incertidumbre acerca del futuro.

Una realidad creciente y todavía más invisible es la de las personas refugiadas y desplazadas urbanas, hoy día, el 70%. Si bien la ciudad parece ofrecer más oportunidades de futuro, los refugiados urbanos se enfrentan a numerosos obstáculos. En muchos casos,  tienen conflictos con la población de acogida y son víctimas del racismo y la xenofobia, por lo que prefieren permanecer en el anonimato. Esta invisibilidad ha de ser combatida para que no queden desatendidos: es necesario dar seguridad a las personas refugiadas,  garantizando que tienen la oportunidad de ver satisfechos sus derechos básicos.

Un ejemplo de como funciona noland es el de Darfur. Los nuevos enfrentamientos detectados en la zona alertan de que la situación sigue siendo compleja. Aún un gran número de personas se ven obligadas a vivir desplazadas y sin posibilidad de volver a sus hogares debido a la violencia; podríamos, incluso, hablar de una “nueva guerra” en Darfur.

Entre la población desplazada en Darfur, las niñas y las mujeres jóvenes representan uno de los colectivos más vulnerables, enfrentándose a diario a una grave situación de discriminación y marginalización, manifestada -entre otras cosas- con la exclusión del sistema educativo y la ausencia de oportunidades de formación alternativa y de trabajo.

Además, es muy importante subrayar que este colectivo se ha convertido en víctima habitual de violencia física, sexual y psicológica. Muchas mujeres han sufrido algún trauma producido por la violencia y han visto vulnerado seriamente su desarrollo así como sus opciones para una vida digna.

Ante esta situación, de la mano del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) con quien trabajamos en Darfur desde el año 2006-, hemos decidido priorizar nuestra intervención en esta zona, además de continuar con su trabajo con los refugiados sudaneses en el este del Chad. De esta forma, pretendemos defender y proteger a las niñas y mujeres de Darfur garantizando su derecho fundamental a la educación y creando un componente específico de habilidades para la vida y formación profesional que favorezca su desarrollo personal y social. Más información en http://www.entreculturas.org/noland_darfur

Pero Noland también nos sirve para relaidades mucho más cercanas. En estos momentos de crisis económica, con Noland queremos reivindicar la necesidad de mantener los derechos de las personas refugiadas y desplazadas en el centro de las  políticas públicas. Debemos alimentar el frágil valor de la hospitalidad. La sociedad debe acoger a las personas refugiadas y desplazadas y sanar sus heridas, protegerlas, integrarlas y darles oportunidades. Mñas información en http://www.noland.eu.

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/08/no-land-la-no-tierra-de-44-millones-de-personas.html

Vivir en una chabola

Publicado: agosto 9, 2012 en EXCLUSIÓN SOCIAL
06.08.2012 · · Javi Julio · Euskadi
Desde la entrada de Rumanía en 2007 en la Unión Europea, la población de migrantes de este país en Euskadi se ha cuadruplicado, convirtiéndose en la segunda población extranjera más importantes, por detrás de la marroquí
Visitamos un asentamiento chabolista en el que sobreviven adultos pero también ancianos y niños como Rosana que recuerda como en una inundación reciente, con ellos, huían los ratones.

En la chabola de Sorina y Marcel hace mucho más calor que en la calle. Tampoco cuesta mucho calentar un hogar de 3 metros cuadrados. Dos camas, una pequeña mesa donde hay algunos platos y una cocina de dos fuegos. En las paredes, adornos de la pasada navidad, una gran foto y un reloj. La ropa recién lavada colgada de unas cuerdas mezcla el olor a suavizante y humedad.

El horno, encendido y entreabierto, hace las veces de estufa, y dentro, se secan unos zapatos. Son las nuevas adquisiciones. Hace unos meses tuvieron que salir con lo puesto tras las inundaciones, y perdieron todo lo que tenían, ya que la mayoría de las chabolas están al lado del río. Vieron como sus pocas posesiones y recuerdos eran arrastrados con fuerza por la crecida del río, mientras escapaban con el agua a la altura de las rodillas. Rosana, la niña, me dice que con ellos huían los ratones, que es como ella llama a las ratas que corretean alrededor de las chabolas. Es ella quien ayuda con las traducciones mientras apunto frases en el cuaderno.

Tras pasar dos días durmiendo en el frontón de Astigarraga, volvieron a reconstruir el asentamiento, esta vez, con los restos de los vecinos del pueblo, también afectados por las riadas. Rosana tampoco faltó a la ikastola (escuela que enseña integramente en euskera) donde acude diariamente.

Marcel, su padre, llego a Gipuzkoa hace 5 años, y tras él y a los pocos años, su mujer y su hija más joven. La mayor ya vivía en Madrid y fue allí donde su marido la asesinó. “En Torrejón”, me dicen, “Fue el 4 de abril, ¿lo viste en la tele?”. Me explican con gestos y con un castellano muy básico que su marido la estranguló. Tenía 19 años y estaba embarazada de 5 meses.

Tras ahorrar para poder pagar los 120 euros por persona y tras un viaje de más de 2500Km en autobús, llegaron a Euskadi. “Aquí bien, no me gusta Francia, aquí gente es mejor”. Me confiesa Marcel. “¿Y por qué es mejor?” le pregunto. “Aquí gente no insulta en la calle”.

Dice que aquí, si a alguien a su paso no le gustan los rumanos, tan solo le señalan y cuchichean. “Aquí gente es mejor, no me gritan, tienen buen corazón. Cuando busco en basura gente pregunta: ¿Se lo quiere llevar?”. Se disculpa por no hablar mejor. Le gustaría poder relacionarse con la gente, para poder practicar mas castellano. Lo que sabe lo aprendió acudiendo a clase de la Cruz Roja y en la Escuela para adultos de Hernani. Ahora sonríe y se le ilumina la cara cada vez que Rosana, su hija, me traduce.

En Rumanía vivían con varios de sus hijos en una casa de alquiler. Marcel trabajaba en una fábrica como soldador hasta que cerró hace unos 15 años. Desde entonces, se dedica a la chatarra. “Pero en Rumania no hay nada, ya no hay chatarra”. Aquí, con suerte, pueden conseguir 30 euros cada tres o cuatro días, y con ellos comprar comida o butano. El resto de sus hijos, mayores de edad, viven en Rumanía pero no trabajan, “No hay trabajo, no hay nada”.

Al igual que ocurre en muchos lugares, en Rumanía la gente no contrata a personas mayores de 40 años. Y menos aún si eres negro, como se les llama a los romi, los gitanos rumanos.

Le digo que quiero fotografiar el lugar en el que viven. Sorina sonríe y pide permiso para recoger dos platos que hay encima de la mesa, “Son de la comida y están sucios. Ahora ya puedes hacer foto”.

La chabola de Burcha no es mucho más grande, pero sí hace más frío. Se le acabó la bombona de butano hace unos días y no tiene dinero para cambiarla. Tiene dos colchones a cada lado y una bombilla apagada. Tampoco hay gasolina para encender un generador comunitario.

Encima de un colchón yace su marido enfermo. Señala una zona indeterminada entre el estómago y los pulmones y dice que en unos días tiene una revisión médica. Al día siguiente volverán a Alba, una montañosa región de Transilvania de donde son la mayoría de ellos. No quiere volver, pero aquí no logra encontrar trabajo y vive de lo que puede mendigar por la calle, a veces en Hernani, otras en Donostia… Tampoco habla bien castellano, a pesar de llevar varios años moviéndose con su marido y sus hijos por varias provincias: han estado en Cantabria, Navarra y Gipuzkoa. Apenas si ha tenido relación con la gente de los lugares por donde ha pasado.

Sorprende la tranquilidad con la que dice que no tiene nada ni nadie que le espere en Rumania, mientras apura las últimas caladas de un cigarro. Sólo se encoge de hombros y dice que vuelven. “No gusta vivir así”.El largo peregrinaje de los Romis a través del Urumea comenzó hace unos 6 años aproximadamente. De unas pequeñas casetas formadas por tablas a la altura de las vías del Topo en la parada de Loiola, pasaron a ocupar la casa de Arruabarrena, una villa abandonada en el vecino barrio de Txomin. La gran cantidad de basura acumulada y los malos olores provocaron las quejas de los vecinos y el consiguiente derribo del edificio.

No muy lejos de allí, se encuentra el antiguo instituto de Martutene. El que llegara a ser candidato para albergar el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, llegó a tener en su interior a al menos un centenar de gitanos rumanos, entre los cuales se encontraban niños y ancianos. Volvieron a ser desalojados de nuevo. Las quejas de los vecinos entonces también fueron las mismas que en la anterior ocasión: malos olores y continuos ruidos de golpes. En ninguno de los casos anteriores se refirieron ni se denunciaron problemas de convivencia con la gente del barrio.

Siguiendo las vías del tren, paralelas al río Urumea, y a unos cientos de metros de distancia del instituto de Martutene, se encuentran varias fábricas abandonadas: un pabellón de Iberduero y la empresa Bostak. Estas fueron ocupadas de forma temporal también, hasta que le tocó el turno a la antigua fábrica de Azkar, formando durante dos años aproximadamente lo que fue el mayor asentamiento de Romis de toda la provincia de Gipuzkoa.

Desde hace siete años, todos los martes, Mikel Goenaga, párroco de Astigarraga y voluntarias de Cáritas de la localidad, reparten productos de necesidad básica provenientes del Banco de alimentos, de fondos de la Unión Europea y de la propia Cáritas. Han elaborado un registro, que hace las veces de censo, en el cual, alrededor de 50 personas, algunas individuales, otras representando a familias de varios miembros, acuden por su ración semanal: huevos, aceite, pasta o jabón. La mayoría de personas que son atendidas por este servicio son los propios rumanos. También acuden ecuatorianos, búlgaros y algún local aunque de manera excepcional.

Goenaga es crítico con cómo se hicieron las cosas con el desalojo de Azkar, la empresa ocupada. Entonces, una denuncia del ayuntamiento de Astigarraga, seguida de una investigación de Osakidetza, llevó a descubrir un brote de tuberculosis. Una vez emitido el informe, el protocolo de actuación de Osakidetza hace el resto, y se inicia su desalojo. Para entonces, se calcula que alrededor de 18 personas están incubando la cepa de la enfermedad, teniendo que acudir a los centros de Hernani y Astigarraga a por la medicación. Alrededor de un centenar,  de nuevo niños y ancianos, vivían de manera regular en el interior de la fábrica, donde se habían construido pequeñas chabolas.

Al día siguiente del desalojo del enésimo asentamiento, con las ruinas de la antigua fábrica aún humeantes, lo que para las autoridades es un problema ya resuelto, para los rumanos desalojados no es si no otro nuevo día en busca de un lugar para dormir, otra vez, no muy lejos del anterior, y de nuevo junto a las riberas del Urumea. Varios de los que pasarán esa noche al raso, sin muros que les protejan y con sus pocas pertenencias en carros, comenzarán al día siguiente a buscar materiales para construir las que serán sus actuales hogares.

“Lo que no se puede es mantener constantemente toda la basura que tienen alrededor” dice Goenaga al hablar sobre el asentamiento bajo la autovía del Urumea. “Hace que la gente sea reacia a tratar con ellos”. Cree que mantener el lugar lleno de basura es responsabilidad de los propios rumanos, aunque también reclama una mayor implicación por parte del ayuntamiento de Astigarraga. “Un contendor para ir vaciando el lugar de basura vendría bien”.

En 2007, Rumanía y Bulgaria entraron en la UE. La población de migrantes de origen rumano, se ha cuadruplicado, al pasar de 874 personas en 2005, a 4.096 en 2009, según datos de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, lo que supone un incremento de un 368%. A partir de 2008, y con 15.217 personas censadas, la población rumana es la que adquiere el primer lugar en importancia en Euskadi, por detrás de la marroquí. Muchas de las personas que habitan en este asentamiento sobreviven gracias a la mendicidad. Otros, de comerciar con la chatarra.

Los servicios sociales de Astigarraga no pueden trabajar con las personas del asentamiento, “Necesitamos que estén inscritos en el padrón para poder comenzar a trabajar con ellos”, confiesa Lorena Lopez, técnico del servicio de Asistencia Social. “Ha habido casos extraordinarios” declara, como fueron las inundaciones de hace unos meses, donde la Guardia Municipal se presentó en el lugar para evaluar la situación. Al tratarse de este tipo de urgencias, si se puede intervenir, “pero no se puede hacer mucho más”. Tienen conocimiento de que al menos una familia con una niña que acude a una ikastola de Hernani, ha tomado contacto con los servicios sociales, para gestionar el padrón.

A nivel político, ha habido contactos con el ayuntamiento de Hernani y con la Diputación, que es a quien le corresponde la actuación con este tipo de colectivo “Sabemos que están en el límite del término municipal, que van y vienen constantemente.”

El Gobierno Vasco ha comenzado a realizar estudios sobre los asentamientos de gitanos rumanos de Euskadi, aunque todavía no existe un plan de actuación concreto. “En Rumania no hay dinero, no hay nada”  repite Cosmin. Dice que aquí la gente le conoce y le ayuda, dándole lavadoras, piezas, para que pueda desmontarlas y vender el cobre, aluminio…  A sus 32 años, su cara no se corresponde en absoluto con su edad. Sale de la chabola donde vive con su mujer, y donde ésta intenta protegerse del frío a la luz de la llama de un camping gas.

Mientras habla,  confiesa que tiene miedo. Dice que si la gente ve las fotos del lugar, lleno de basura y donde las ratas campan a sus anchas, les volverán a echar. “¿Y qué harás entonces?” Le pregunto, “¿volverás a Rumanía?”. “No” me responde con una mueca entre la sorpresa y la sonrisa. “Buscar otro sitio cerca de aquí”.

http://periodismohumano.com/economia/vivir-en-una-chabola.html

Por Marianela Jarroud

SANTIAGO, 20 jul (IPS) – La pobreza afecta a 14,4 por ciento de los chilenos, según la última medición, 0,7 puntos porcentuales menos que en 2009, siendo las mujeres y los niños los más vulnerables. Pero expertos cuestionan este resultado positivo por tomar solo los ingresos y compararlos con patrones de consumo de hace 25 años.

La Encuesta de Caracterización Económica Nacional (Casen), divulgada este viernes 20, indicó que también la extrema pobreza pasó de afectar 3,7 a 2,8 por ciento de los más de 17 millones de habitantes de este país, la cifra más baja en la historia del sondeo, que se realiza desde 1985.

En este estudio a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, la línea de pobreza se determina por el valor de la denominada Canasta Básica de Alimentos (CBA), que entre noviembre de 2009 e igual mes de 2011 registró un aumento de 12,4 por ciento, mientras que la inflación fue de 6,5 por ciento.

Según al sondeo, 15,5 por ciento de las mujeres están en situación de pobreza, mientras que los hombres llegan a 13,3 por ciento, con el agregado de que estos últimos son los que más han logrado mejorar en el lapso medido.

En el análisis por grupo etario, se constata que la pobreza aumenta mientras disminuye la edad. Así, los más afectados son los menores de tres años, al totalizar 24 por ciento en esa condición. En contraste, sólo 7,9 por ciento de los mayores de 60 años están en el estamento más desfavorecido de la sociedad.

Además, el estudio constató que hay más pobreza en las zonas urbanas (15 por ciento) que en las rurales (10,8 por ciento), mientras que la indigencia se da a la inversa, con 2,7 y 3,2 por ciento, respectivamente.

La psicóloga Francisca Gallegos, directora del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, a cargo de versiones pasadas de la Casen, señaló a IPS que la disminución de la pobreza se explica en “el aumento que ha habido en el mercado del trabajo y, seguramente, en la (mejora de la) distribución de los ingresos”.

 

Sorpresa y media

Empero, estos resultados dados a conocer por el gobierno derechista de Sebastián Piñera sorprendieron a los expertos, debido a que se estimaba un aumento de la pobreza, debido al alza de los precios de los alimentos y, principalmente, a la precariedad provocada por el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, que afectó a la zona centro-sur de Chile.

En efecto, la última medición registrada fue la Casen Post Terremoto, aplicada en 2010, que fue realizada de modo excepcional y en la cual la pobreza llegó a 18 por ciento de la población.

Según el Ministerio de Desarrollo Social, “el alza del precio de los alimentos por sobre el IPC (inflación) significó que 260.000 personas cayeran bajo la línea de pobreza en el período. En cambio, el efecto del aumento en el empleo (y también mayores sueldos) hizo que 321.000 personas dejaran la pobreza”.

“Estos datos nos alientan, al mismo tiempo hay que ser moderados, porque la pobreza sigue siendo importante en Chile. Y la indigencia también es un flagelo que tenemos que derrotar definitivamente y a eso nos vamos a dedicar con toda el alma en los próximos meses”, prometió el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.

Sin embargo, Lavín reconoció que aún no existe claridad en el margen de error de la encuesta, por lo que los porcentajes generaron dudas.

El margen de error de la encuesta Casen “aún no está ajustado”, admitió Lavín, pero precisó que en los próximos 30 días se conocerán los datos correcto y completos.

La encuesta, que se realizó en 87.000 hogares entre octubre de 2011 y enero pasado, se realizó con números del Instituto Nacional de Estadísticas, microdatos de la estatal Universidad de Chile y bases de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), estas últimas recibidas el miércoles 18.

Se trata del principal instrumento de medición para el diseño y evaluación de la política social del país. Hasta 2011 se realizaba en forma trianual, pero ahora se aplicará anualmente.

¿Disminución real o virtual?

A todo esto, Gallegos advirtió que “el debate está también instalado en qué tipo de pobreza estamos midiendo”.

“Todavía tomamos la situación monetaria y, sin duda, es una concepción que puede ser complementada con otras dimensiones de pobreza como la multidimensional, que puede dar una visión más completa para un país como Chile”, explicó.

Otra de las críticas de los expertos, es que el sistema de evaluación utiliza los patrones de consumo de 1987, los cual estarían totalmente desfasados a la realidad actual de los chilenos.

“El patrón de consumo ha cambiado y, por lo tanto, vale la pena cuestionarse cuál es una canasta básica para el Chile de hoy”, indicó Gallegos.

Añadió que también se debe analizar si todo lo que constituye bienestar, es decir la no pobreza, está asociado a temas monetarios.

“En Chile, uno podría pensar que sí, pero, ¿qué pasa con los indicadores de calidad de la enseñanza, logros educativos, etcétera, que también son consecuentes para el bienestar?, dijo. “Todas estas dimensiones quedan al margen de este tipo de mediciones”, aseveró.

En la misma línea, el presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Rodrigo Jordán, comentó que el tema de fondo de la encuesta Casen pasa por no actualizar la forma de medición.

“Si seguimos así, vamos efectivamente a superar la pobreza extrema en 2014, pero es porque la barra de medida no tiene ninguna exigencia. Es como hacer un poquito de trampa”, criticó.

A su vez, el economista Francisco Castañeda, de la Universidad de Santiago, afirmó que los índices divulgados no son reales ya que están medidos por un sistema unidimensional y estandarizado de acuerdo al mínimo de calorías, equivalente a una canasta básica mensual, que en este país representa unos 146 dólares. Superando ese umbral, la persona no sería pobre.

“La pobreza real es mucho más profunda y tiene que ver con la segregación urbana, rural, con la alteración en el campo de la sustentabilidad social, no solamente ambiental”, indicó a IPS.

Añadió que “no puede ser que estés trabajando y sigas siendo pobre”, para luego subrayar que “los niveles de pobreza en un país tan desigual como Chile inevitablemente se relacionan con la distribución del ingreso”.

Castañeda destacó que la medición que se aplica en Chile en la materia es unidimensional, cuando se trata de un concepto sociológico más amplio, que no solamente queda expresado en calorías por persona.

“La pobreza tiene que ver también con la calidad y el acceso a la educación, con factores urbanos, finalmente con la calidad de vida de la persona a nivel global”, precisó, en coincidencia con Gallegos.

(FIN/2012)

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101246

28.06.2012 · IPS · Ethan Freedman · (Washington)
 
Las comunidades aborígenes constituyen cinco por ciento de la población mundial, pero son más de 15 por ciento de los pobres, según un estudio publicado por el Banco Mundial.

Una de las participantes de la IV Cumbre de Líderes Indígenas de América que sesionó en Cartagena de Indias, Colombia, en abril. (Camilo Segura /AP)

 

La mayor proporción de indígenas se encuentra en China, que llegan a 36 por ciento de los 1.300 millones de habitantes de ese país, le sigue Asia meridional con 32 por ciento y Asia sudoriental con 10 por ciento, según “Indigenous Peoples, Poverty, and Development” (Pueblos originarios, pobreza y desarrollo), un tratado sobre estas comunidades de Asia, África y América Latina.

El grupo de estudio Brookings Institute, con sede en Washington, indicó que hay unas 900 millones de personas pobres, es decir que viven con menos de 1,25 dólares al día.

“Uno pensaría que la gente que está más abajo en la escala social sería la que más progresaría, pero no ha sido así”, señaló Shantayanan Devarajan, economista jefe para África del Banco Mundial.

No hay una definición universal sobre qué es ser indígena, pero Marcelo Giugale, director de reducción de pobreza y economía del Banco Mundial, señaló que son “personas vinculadas por el hecho de compartir”, principalmente recursos, cultura y experiencias.

Los 350 millones de indígenas que se estima hay en el mundo son pobres porque están marginados económica, política y geográficamente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) puso más énfasis últimamente en las poblaciones indígenas, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) celebrando el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en mayo para discutir cómo aumentar su participación en política.

“La ‘trampa de la pobreza’ no es económica, sino política” para los aborígenes, arguyó Devarajan. También se refirió al apartheid como ejemplo de pueblos indígenas excluidos de la política solo por razones raciales.

El creciente énfasis en los pueblos indígenas se debe, en parte, a los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio (ODM), entre ellos reducir la pobreza y el hambre, lograr la educación universal, la equidad de género y la sustentabilidad ambiental, y al esfuerzo dirigido a mejorar la difícil situación de los pobres del mundo.

“No podremos superar la pobreza ni la inequidad ni alcanzar los ODM en nuestra región si no mejoramos la vida de todo el mundo, en especial de los más excluidos”, indicó el director del PNUD para América Latina y el Caribe, el chileno Heraldo Muñoz. También se refirió a las “políticas sociales integradas, financiadas mediante más estructuras fiscales progresistas” para ayudar a promover los cambios necesarios.

La falta de progreso económico en las comunidades indígenas ha sido particularmente importante en América Latina.  Según el Informe de Desarrollo Humano, elaborado por el PNUD en 2010, la extrema pobreza, cuando la gente vive con un dólar al día o menos, en América Latina y el Caribe es el doble en poblaciones indígenas.

El único avance sostenido en reducir la pobreza de poblaciones autóctonas en América Latina se dio en Chile (http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100721), donde cayó de 25 a 15 por ciento entre 1996 y 2005, según Harry Anthony Patrinos, economista jefe de educación del Banco Mundial. Sin embargo, la pobreza en América Latina alcanzó su nivel más bajo en 20 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“La pobreza y la desigualdad siguen en declive en la región, lo que son buenas noticias, en especial en el marco de la crisis económica internacional”, indicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal. ”Pero los avances se ven amenazados por las brechas en la estructura productiva de la región”, apuntó.

El mayor avance entre poblaciones indígenas ocurrió en China. Es el único lugar en que la reducción de la pobreza fue superior en los grupos minoritarios que en el mayoritario, el pueblo han. Una de las razones del logro es que “China apunta a regiones o zonas en vez de a personas”, explicó Patrinos, al ofrecer a los pueblos indígenas más programas que habilitan cambios sistemáticos, en vez de vagos gestos políticos tendientes a cosechar votos.

En Estados Unidos, los aborígenes han tenido históricamente una relación difícil con los inmigrantes europeos, quienes les arrebataron las tierras y terminaron condenando a una cantidad significativa de ellos a vivir en la pobreza y en reservas. Las últimas estadísticas de la Oficina del Censo de Estados Unidos ubicó el grado de pobreza de los pueblos aborígenes en 26,3 por ciento. Pero en 2010, se observó que, comparativamente, solo 15,1 por ciento de la población estaba por debajo de la línea de pobreza.

Pero las personas que se autodefinen indígenas, es decir con sangre aborigen, en 2010 constituyen solo 1,7 por cieno de los 5,2 millones de habitantes de este país. El destrato a las poblaciones autóctonas se extendió hasta nuestros días. En 2000, el Congreso legislativo asignó 1.600 millones de dólares a la Oficina de Asuntos Indígenas, pero no se pagaron todos los fondos.

El lunes 18, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el gobierno federal debía pagar a las tribus aborígenes por los gastos incurridos por ellos en la gestión de programas federales de educación, seguridad interna y protección ambiental.

 

http://periodismohumano.com/sociedad/la-mayoria-de-los-indigenas-esta-en-la-pobreza.html

Un hombre llora inconsolable en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas desde hace dos horas. Tiene los ojos rojos, inflados como nueces. La gente le mira, pero él no mira a nadie más que a su hija y sus dos nietas, porque no sabe cuándo va a volver a verlas. “Nunca pensé que la vida pudiera ser tan cruel. La crisis en España me parte el corazón. ¡Me está separando de mi familia!”, grita Andrés Sammuesa, ecuatoriano, de 47 años. Su hija Neli, de 28, y sus nietas, Gisela, de 9 y Naidine, de 7, vuelven a Ecuador porque España, repiten, “ya no es mejor”. Él se siente obligado a quedarse porque conserva su trabajo de limpiacristales y con su sueldo (1.050 euros) tiene que mantener a los otros cinco hijos que viven con él. Se los fue trayendo poco a poco, con mucho esfuerzo. Ahora ha empezado a despedirlos en el aeropuerto porque el único dinero que tienen es el que les ha dado el Gobierno para marcharse, el del plan de retorno: 400 euros por persona y un billete sin vuelta.

“Yo llegué con 17 años, hace 11”, explica Neli. “He pasado casi la mitad de mi vida aquí. Durante mucho tiempo nos fue muy bien. Mi marido trabajaba en la construcción, sin parar, y yo en el servicio doméstico. Pero llegó la crisis y nos despidieron. Él lleva cuatro años sin trabajar y yo dos. La casa que compramos se la quedó el banco. Ya no podíamos pagarla. Nos volvemos con menos de lo que teníamos cuando vinimos. Hemos fracasado aquí”.

José, su marido, ya está en Ecuador. La menor de sus hijas, Naidine, ni siquiera conoce el país. Sin soltar a su muñeca, muestra su maleta, llena de gominolas para 15 primos a los que no ha visto nunca. “Te quiero, eh”, la abraza su abuelo, Andrés. “En cuanto me quede sin trabajo, no lo pienso dos veces y me vuelvo”, le repite. “Yo vine en el año 2000, cuando España aún era en pesetas. España era mucho mejor en pesetas. Vine con la ilusión de sobresalir, pero si llego a saber esto, mil veces me quedo en mi puto país”, dirá luego, tirado frente al control de seguridad del aeropuerto después de haberse despedido de su hija y nietas.

En ese mismo avión, Ana Carchipulla y su marido, Norberto, regresan a Ecuador sin billete de vuelta tras 13 años en España. Les acompañan sus hijas, Daiana, de 14, y Ana Cristina, de 11, y un perro, “lo más valioso” de su equipaje y de su estancia en España. Se llama Curro, fue un regalo y ladra inquieto en una jaula-maleta antes de ser facturado. “Vine con 18 años porque aquí había más oportunidades y me voy porque con la crisis ha dejado de haberlas”, explica Ana. Su caso es casi idéntico al de la familia Sammuesa. Ella, empleada en el servicio doméstico; él, enganchando una obra con otra hasta que estalló la burbuja inmobiliaria y dejó de haber trabajo en la construcción; un banco que les ofreció un crédito en cuanto entraron por la puerta; una casa embargada; nada que llevarse de España, más que recuerdos.

“Me vuelvo igual que me fui. Intento no pensar en el fracaso. Pero para vivir mal aquí,vivo mal en mi país”, zanja Ana. Cuando vino a España, dejó a su hija mayor en Ecuador. “Estuve dos años separada de ella. Era un esfuerzo inmenso, pero ganabas dinero. Ahora no vale la pena estar separado de tu familia”.

Vladimir Paspuel, presidente de la asociación Rumiñahui, una de las 11 ONG que gestionan los programas de retorno, les da los últimos consejos. Ha despedido a muchos compatriotas en el aeropuerto. En 2003, cuando el Gobierno puso en marcha el plan de retorno voluntario de atención social, se acogieron a él 604 inmigrantes, la mayoría, colombianos (190) y ecuatorianos (175). El año pasado esa cifra subió hasta los 2.119 y solo en los tres primeros meses de 2012 lo solicitaron 480. Existe otro plan de retorno, el que el entonces ministro de Trabajo, el socialista Celestino Corbacho, puso en marcha en 2008 para los extranjeros que se hubieran quedado en paro: podían cobrar todo el subsidio de desempleo de una vez (el 40% en España y el resto una vez en su país) con el compromiso de no regresar a España en tres años. Al principio convenció a pocos, pero la cifra ha ido en aumento a medida que se agravaba la crisis. Desde noviembre de 2008 hasta abril de este año lo pidieron 18.265 inmigrantes, la mayoría ecuatorianos. Más de 2.500 se apuntaron en los últimos cinco meses.

“La situación es extrema”, explica Paspuel. “Vienen de desahucios, de comedores sociales, incluso de la mendicidad, después de haber trabajado tanto; de haber ayudado a tantas españolas a reincorporarse al trabajo después de ser madres. Los inmigrantes han sido personas muy importantes en el desarrollo económico de este país. Y ahora, con la crisis se les lanza el mensaje de que sobran”.

Paspuel denuncia que los fondos del plan de retorno se han agotado justo cuando más solicitudes hay. Tras armarse de valor para reconocer el fracaso en España y pedir ayuda para irse, muchos de esos compatriotas están oyendo que tampoco pueden porque ya no hay dinero. El Ejecutivo prepara una nueva subvención para el año que viene pero vista la lista de espera, podría empezar a gastarse ahora, explican fuentes del Ministerio de Empleo. En Ecuador hay un programa de ayuda —Bienvenido a casa— para los retornados. “También se ha quedado sin fondos”, explica Paspuel. Y una vez allí, las cosas no son fáciles. “Hay familias que reciben a los retornados con mucha alegría pero al ver que vuelven sin nada, empiezan a verlos de otra manera. Siempre se ha asociado al emigrante a maletas llenas de dinero. Ahora vuelven con las manos vacías, ya no pueden ayudar a nadie. Son un problema más”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/10/actualidad/1339345173_164363.html

Burdel sin techo

Publicado: junio 8, 2012 en EXCLUSIÓN SOCIAL

Viernes, 8 de junio de 2012. Por: Omar Taupier

 Si hay algo que no puede faltar en un burdel son las mujeres. Un burdel sin techo es aquel en el que no puedes contar la cantidad de mujeres “disponibles” porque son demasiadas. ¿Pero qué pasa cuando el burdel no es una casa, ni un barrio, ni un distrito, sino la región más extensa de tu país?

La selva es verde, pero puede tornarse negra como el petróleo, marrón como la madera, o dorada como el oro, según la ambición con que se la mire, pero si hay algo que no cambia es su forma, y es que la selva tiene forma de mujer.  En el imaginario colectivo, especialmente limeño, cuando uno va a viajar a la selva se lo imaginan rodeado de mujeres “calientes” o “colaboradoras”, como diría un amigo, y en ese momento se ven a sí mismos con una “charapa” en cada pierna. La primera vez que le dije “charapa” a la madre de mi hijo, también fue la última. “No me digas “charapa”, no soy tortuga”, me contestó.

La visión de las mujeres de la selva, muchas veces construida sobre una serie de mitos, se traslada también a otros elementos amazónicos, como la Coca o la Ayahuasca, y a la selva misma, llamada por algunos un “burdel sin techo”. Estoy seguro de que el término burdel no se limita a la prostitución, que es muy alta en la región, sino a la ausencia de control y, por ende, a la posibilidad de hacer lo que a uno se le da la buena gana.  En la selva esto lo saben perfectamente, por eso es que cuando uno recién llega, lo primero que le recomienda el mototaxista es un hotel, lo segundo es un lugar dónde tomar algo, y lo tercero es alguien que te acompañe. Esto me pasó en mi último viaje a la zona, en la que la compañía era vendida casi como una “ayuda” porque era un “cachuelo para pagarse la universidad”. El trasfondo de este discurso barato de buen samaritano es que el hombre es un cliente y la mujer una divisa. La mujer se ha convertido en un medio de pago.

El sistema no está ayudando a que las niñas de la selva puedan convertirse en mujeres libres para optar por las oportunidades que deseen en la vida. No es casual que las regiones con las más altas tasas de embarazo adolescente -Loreto, con el 31,8%; Madre de Dios, con el 28,3%; Amazonas, con el 22,1%; San Martín, con el 21,3%; y Ucayali, con el 21,1%; con una media nacional de 13.5%- sean casi las mismas que cuando hablamos de deserción escolar: “es posible notar que en los departamentos de la Amazonía se concentra la mayor cantidad de desertores (Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas se encuentran entre las regiones con más desertores, con porcentajes superiores al 15%)[1].

El embarazo adolescente es la segunda causa de deserción escolar. La primera es falta de recursos económicos, que en muchos casos se resuelve justamente prostituyéndose, lo que conlleva un mayor riesgo de embarazo y, finalmente, de deserción. Y basta ver las cifras que propone el portal masigual.org para darse cuenta de que el riesgo es realmente alto: 50% de los adolescentes ya han tenido relaciones sexuales, 30% de los adolescentes no usan ningún método anticonceptivo, y 90% de los adolescentes no ha participado en programas de educación sexual.

Sin embargo, la mejor prevención no es tener anticonceptivos, es tener aspiraciones. Aunque suene contraintuitivo, un estudio del BID reveló que las adolescentes se embarazan para dejar el colegio: “aunque en un puñado de casos el embarazo de adolescentes claramente estimuló a las madres a abandonar la escuela, el tema general que emerge de nuestra información es que el bajo desempeño educacional precede al embarazo y la maternidad adolescente, más que derivarse de él.  La razón principal que adujeron para descontinuar sus estudios fue la falta de interés que había generado bajos niveles de logro y la repetición de uno o más grados”[2].

El problema de quienes siguen aportando a que esta imagen de la mujer amazónica persista es que poco les interesa que al lado del burdel sin techo haya una escuela sin niñas.

http://www.coherencia.pe/articulos/burdel-sin-techo

Por: Autor invitado | 07 de junio de 2012

Esta entrada ha sido escrita por DÉBORAH ITRIAGO. Hace algunos meses, esta investigadora de Intermón Oxfam publicó el informe Dueños del desarrollo: Impuestos para combatir la pobreza, un trabajo muy recomendable sobre la responsabilidad y el potencial de los países pobres en la generación de sus propios recursos para el desarrollo (al final de la entrada incluímos un vídeo en el que resume los argumentos principales). La entrada de hoy destaca algunos argumentos de su trabajo más reciente: Tributación en Paraguay: el ostracismo de la pequeña agricultura.

Soja_paraguay1
Cultivo de soja en Paraguay. Foto tomada de Question Digital.

Paraguay es uno de los principales proveedores de alimentos del mundo (soja, en particular), pero también uno de los países más pobres y desiguales de América Latina. Aunque los minifundios campesinos suponen 8 de cada 10 exlotaciones agrarias del país, su extensión total no ocupa más que el 4,3% de la tierra de cultivo. Una concentración de poder y recursos que amenaza con la pobreza a cerca de la mitad de la población rural.

El aumento de la producción y exportación de soja -controlados por inversores extranjeros y grandes productores- ha marginado otros cultivos de seguridad alimentaria que dependen de la agricultura familiar campesina. Este crecimiento ha ido acompañado de una acumulación de prebendas injustificables que han delineado una realidad incomprensible: una presión tributaria muy baja (de las más bajas de América Latina y el mundo), inestable y excesivamente sesgada hacia impuestos indirectos sobre el consumo, lo que debilita la capacidad del Estado para erradicar la pobreza y perpetúa la desigualdad característica del país.

¿Quiénes ganan con este modelo? Los colonos de brasileños destacan en la producción de soja en varios departamentos del país. Se podría afirmar que uno de estos inversores tendría que haber obtenido una rentabilidad mínima (promedio anual) del 46% en los últimos 10 años para que le valiese la pena haber asumido los riesgos implícitos de hacer negocio fuera de su entorno natural. Fuentes oficiales informan que el agronegocio ha disfrutado de años con rentabilidades cercanas al 69%. Sin embargo, la recaudación del IMAGRO (Impuesto a las Rentas de las actividades agropecuarias) representa menos del 1% de la recaudación total.

En otras palabras, los terratenientes pagan menos de 0,23 céntimos de dólar por hectárea/año por el “cuasi monopolio” privado de la tierra paraguaya.

No existe un impuesto sobre la renta personal, más del 62% de la recaudación se basa en el Impuesto al Valor Agregado (similar al IVA) y las exoneraciones fiscales y subsidios que benefician al sector sojero son de un impacto social como mínimo dudoso.

Hay además claros indicios para sospechar que el IRACIS (similar al impuesto de sociedades), en el que también tributan los agroexportadores, todavía tiene un margen muy considerable para hacer el aporte justo al Estado paraguayo. La concentración del negocio exportador en manos de poderosas multinacionales y el agujero que deja en el sistema de fiscalización la falta de un impuesto a la renta personal alimentan esta sospecha.

Mientras el 40% de la población paraguaya vive en el campo, la pequeña agricultura ha recibido una financiación que representa el 5% del gasto público. El desplazamiento de campesinos (entre otras cosas, por la intensificación de la producción de soja) a ciudades sin perspectiva de empleos dignos es significativo, y una ineficaz regulación ambiental sobre los sojeros amenaza aún más los medios de vida y el ecosistema campesino.

Lejos de haber obstáculos técnicos insalvables, las piedras en el camino están en las esferas del país donde se formulan y  aprueban las políticas que deberían beneficiar a la mayoría y que, por el contrario, están cooptadas por intereses particulares extranjeros y nacionales que impiden construir un mejor país. Hablar de justicia tributaria o fiscal en Paraguay supone dejar al descubierto y desmantelar la excesiva concentración de poder político y económico del país.

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/06/la-injusticia-fiscal-atrapa-a-paraguay-en-la-pobreza.html