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“La crisis mundial nos afecta mucho más que la inundación de cultivos, porque el país compra 100 por ciento del consumo de cebada, lentejas, arvejas secas y garbanzo, 95 por ciento del trigo, 90 por ciento de soja y sorgo, así como 75 por ciento de maíz, entre otros cultivos”, explica el economista Aurelio Suárez, de las no gubernamentales Unidad Cafetera y Salvación Agropecuaria. Suárez afirmó que la última temporada de lluvias, de abril a diciembre, inundó unas 300.000 hectáreas de las cinco millones cultivadas en Colombia. Pero el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural eleva a 800.000 hectáreas afectadas y afirma que la recuperación de la tierra será lenta. “La inflación (en el área alimenticia) se debe a la importación de alimentos caros”, aseguró Suárez. Pero el gobierno y los gremios empresariales intentan manipular la información, atribuyéndole a las lluvias la fallida política de seguridad y soberanía alimentaria”, añadió.

La referencia es la llamada Revolución Verde, que introdujo patrones de empresas transnacionales a mediados del siglo XX en la producción agropecuaria. A ello se sumó, a juicio de los críticos del sistema, la apertura económica de los años 90, que afectó la producción local para dar paso a extensas plantaciones destinadas a la producción de agrocombustibles.“En la agricultura colombiana, la producción de alimentos de consumo básico es cada vez menor, como mayores son los cultivos de palma de aceite, caña de azúcar y los forestales”, sostuvo Suárez.

Entre 2002 y 2009, cuando el derechista Álvaro Uribe estaba en el gobierno, Colombia aumentó las importaciones de alimentos de seis millones de toneladas a 10 millones. Simultáneamente se sucedieron los escándalos por el desvío de fondos destinados a la asistencia de campesinos más vulnerables. Se denuncia que fueron otorgados enpréstamos y subsidios a grandes terratenientes y a personas ajenas al sector agrícola, a través del programa Agro Ingreso Seguro, liderado por el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Entre los principales críticos de la actuación de Arias en el marco del escándalo de corrupción estuvo Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural desde agosto. Restrepo, manifestando las mejores intenciones por la recuperación del campo en crisis durante décadas, comenzó su gestión en medio de la peor temporada de lluvias de los últimos 50 años, según expertos.

Datos oficiales indican que las intensas lluvias y sus consecuentes inundaciones, que afectaron especialmente la región norte del país, dejaron 310 personas muertas, 62 desaparecidas y 300 heridas, además de 2,3 millones damnificadas, 5.600 viviendas destruidas y 1.300 hectáreas anegadas. El gobierno prevé una inversión de 7.000 millones de dólares para las tareas de recuperación.

El cuadro estadístico sirvió de marco para el anuncio de importaciones adicionales por un volumen de 40.000 toneladas de arroz, efectivas a partir de febrero. El ministro Restrepo enfatiza que no hay desabastecimiento hasta ahora en ningún producto, pero tampoco descarta la posibilidad de nuevas compras externas del grano.

Por su parte, los arroceros de los departamentos Tolima, Huila, Meta, Casanare y Guaviare, en el centro y sudeste del país, se expresaron en contra de la medida. “Antes de marzo se movilizarán de manera masiva para solicitar la suspensión de la importación, totalmente innecesaria”, anotó Suárez. “Tres de cada cuatro platos de arroz que comemos los colombianos provienen de la producción de estos departamentos”, continuó, adicionando que la situación de lecheros y cafeteros como “muy grave”.

Con base en la situación en que parecería darse una ascendente política de importaciones, Suárez deduce que el 75 por ciento de cada peso de aumento en el costo de los alimentos corresponde al efecto de la crisis mundial. El restante 25 por ciento se atribuye a las inundaciones y a las dificultades del transporte por el mal estado en que están las vías. “La crisis se origina, entre otras razones, por la disminución de la cosecha de trigo en Rusia, dificultades en Australia y otros países, que nos tienen hoy con el índice de precios más alto de los últimos 50 años, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación”, dijo Suárez.

Pero además está el papel que juegan los intermediarios. “La oferta agrícola es variada y de cosecha. La demanda, dispersa y constante. Para resolver la contradicción, se necesita de un tercer agente que acopia, acumula, almacena, transforma y determina precios. Ellos son los intermediarios”, puntualizó. Gestores de aumento en épocas de mayor consumo. “Los precios suben cuando hay más demanda, como en diciembre. En enero volvieron a bajar, pero esperamos alzas en febrero”, dijo a IPS Saulo Martínez, expendedor en la central de abastos de Paloquemao en Bogotá.

 

http://periodismohumano.com/economia/tras-la-lluvia-la-carestia-de-alimentos.html

Tres veces víctimas

Publicado: julio 28, 2010 en Colombia, CONFLICTOS BÉLICOS

Médicos sin Fronteras alerta de la necesidad de atención psicológica para las víctimas del conflicto colombiano

Dibujo de un niño víctima de la violencia en Colombia

Denuncia el abandono y el olvido que sufren por parte de las instituciones del país y de la sociedad

GLORIA RODRÍGUEZ-PINA – Madrid – 27/07/2010

 
Desde el momento en que el Estado colombiano niega la existencia de un conflicto armado y prefiere hablar de “emergencia compleja” o “lucha antiterrorista”, se elude hablar de víctimas, y en consecuencia, la asignación de recursos sociales y de salud para esta población es insuficiente, según denuncia Médicos sin Fronteras (MSF). La organización médico-humanitaria internacional ha presentado hoy en su sede en Madrid un informe –Tres veces víctimas– en el que evidencia que quienes sufren directa o indirectamente la violencia en Colombia padecen también el abandono y el olvido de las instituciones, y el silencio y el estigma que les impone la sociedad.

Caquetá (404.896 habitantes) es un departamento del sur del país en el que se centra el estudio, que tiene una fuerte presencia de la guerrilla, grupos paramilitares y del ejército. Todos buscan controlar las rutas de comunicación y el territorio, especialmente rico en recursos naturales y en cultivos ilícitos, mientras la población civil queda atrapada en una espiral de violencia. En 2009, más de 7.600 personas se tuvieron que desplazar de su zona de residencia, 265 fueron asesinadas y se produjeron 130 incidentes con minas antipersona, que costaron la vida a 20 civiles.

Las historias que componen estas cifras son las de personas, adultos y niños, que han sido amenazadas o han perdido a algún familiar o persona cercana, que se han visto obligadas a abandonar sus casas y sus tierras, y en muchos casos, se han encontrado sin apoyo institucional para encontrar una nueva vivienda o un trabajo. Para colmo, muchas tienen que guardar silencio sobre sus orígenes y sus problemas porque sus nuevos vecinos, que no distinguen entre grupos armados o víctimas en las zonas en conflicto, les consideran ladrones e incluso asesinos, como explica Carmen Martínez, referente de salud mental de MSF.

Se puede hacer mucho con poco

Teresa Sancristóval, responsable de las operaciones de la organización en Colombia, insiste en que, aunque el Gobierno colombiano alegue que es imposible llegar a las zonas rurales para ofrecer ayuda, y que esta no es bien acogida por la población, “sí que se puede y sí que hay una necesidad y una gran demanda”. Lo demuestran los más de 5.000 pacientes que han atendido entre 2005 y 2009, un 40% de los cuales vivían en zonas rurales del departamento.

Los problemas de salud mental de las víctimas son las habituales en zonas de conflicto: problemas de adaptación, abusos, depresión, ansiedad y duelo son las más habituales. Los médicos se encuentran con niños de cinco años con dolor de cabeza o trastornos de comportamiento y padres con estrés. Las soluciones, debido a la dificultad que encuentran a veces para volver, tienen que ser innovadoras, como la “consulta única”. “No es la estrategia ideal, pero se consigue que puedan seguir con su vida de forma funcional, con un mínimo de apoyos y de guías”, explica Martínez. Según su experiencia, un 94% de los que pasaron por la consulta sólo una vez tuvieron un resultado positivo inmediato, y al menos el 56% de todos los pacientes que han visto estos años ha presentado una mejoría clínica significativa.

En el único hospital del departamento donde se ofrecen servicios de salud mental sólo hay 20 camas para enfermos críticos. Una atención deficiente que MSF cree que se puede y debe mejorar, pero de momento no han tenido mucho éxito en la presión al Gobierno, como ha constatado Sancristóval.

Colombia, cambio, estupidez

Publicado: febrero 5, 2010 en Colombia

Fosas comunes

Publicado: enero 27, 2010 en Colombia
Aparece en Colombia una fosa común con 2.000 cadáveres

Los cuerpos sin identificar ha sido depositados por el Ejército a partir de 2005
Familiares de un desaparecido cuyo cuerpo fue hallado en una fosa común llevan sus restos en autocar. – AFP – 

ANTONIO ALBIÑANA – Bogotá – 26/01/2010 00:05

En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se está descubriendo la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres “NN”, enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000, según diversas fuentes y los propios residentes. Desde 2005 el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.
Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión.
Tras el cementerio de La Macarena, a 200 km. de Bogotá, se enterraron miles de cuerpos sin nombre

El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. “Lo que vimos fue escalofriante”, declaró a Público. “Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy”.
 
Desaparecidos
Ramírez agrega: “El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”.
Mientras la Fiscalía anuncia investigaciones “a partir de marzo”, tras las elecciones legislativas y presidenciales, una delegación parlamentaria española integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví) llegó ayer a Colombia para estudiar el caso y hacer un informe para el Congreso y la Eurocámara. La situación de la mujer como primera víctima del conflicto y la de los sindicalistas (solo en 2009 fueron asesinados 41) centrarán también su trabajo en diferentes zonas del país.
 
Más de mil fosas en el país
El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.
La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.
La última de estas declaraciones ha sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien acaba de revelar ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron “al menos a 800 personas” en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. “Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”, ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz.
 
“El Gobierno no quiere investigar”
Alfredo Molano. Sociólogo y escritor 
Alfredo Molano, uno de los columnistas más influyentes de Colombia, ha recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y paramilitares.

¿Cuál es la situación de las fosas en Colombia?
La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo.

¿Estas fosas tienen que ver con los llamados ‘“falsos positivos”?
Sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” [colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”]. El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes.

¿Cuál puede ser la magnitud de estos hallazgos de fosas?
Terrible. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos son larguísimos y las dificultades técnicas para las identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes.