Hoy 5 de septiembre es el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA, el de aquellas mujeres que se esfuerzan día a día por ejercer plenamente sus derechos, por llevar adelante sus familias, y por ser las portadoras del conocimiento tradicional de sus pueblos…
Por: COMUNICACIÓN / SURVIVAL el 12/07/12 14:30
La foto es de COMUNICACIÓN / SURVIVAL
Los más afectados por los robos de tierras son los pastoralistas suris, bodis y mursis, y los cazadores-recolectores kwegus.
Muchas familias se encuentran ahora desesperadas, ya que no tienen sorgo, y la tierra en la que pasta su ganado también está siendo destruida rápidamente debido a que el Gobierno continúa arrendándola para plantaciones de caña de azúcar y palma de aceite.
Una mujer mursi explica lo que está ocurriendo en este video.
Algunas comunidades bodis ya están siendo reasentadas en los campos en contra de su voluntad. Un hombre bodi ha dicho: “Se están quedando con nuestra tierra a la fuerza. La excavadora incluso destrozó los huertos en los que crecían nuestros cultivos. Pasaron justo por donde crecía nuestro sorgo”.
A los mursis les han dicho que deben vender su ganado, y que serán trasladados a los campos de reasentamiento antes de que termine el año. Una mujer mursi ha declarado: “El otro día fui al río Omo. Fui a mis almacenes para recoger el grano y había desaparecido. Las excavadoras habían tirado mis depósitos de grano. No me gusta lo que están haciendo. Cuando fui, lloré. Nuestras reservas de grano habían desaparecido. Ahora tendremos serios problemas. No sabemos qué hacer. Quizás moriremos”.
El acceso al río Omo está cortado ya que el Gobierno sigue despejando terrenos y construyendo carreteras hacia las plantaciones de caña de azúcar, que son parte del proyecto Kuraz Sugar, de propiedad estatal.
El Gobierno también está arrendando grandes extensiones de tierra tribal a inversores nacionales y extranjeros. Al oeste del Parque Nacional del Omo, los suris se están manifestando contra una empresa malasia que está plantando palma de aceite en parte de sus mejores tierras para pastos.
Según un hombre suri: “El Gobierno vino con soldados y durante dos semanas trataron de evitar que los suris plantaran sus cosechas, para hacer que la gente pasara hambre y que aceptara trasladarse al campo de reasentamiento. La mayoría de los suris tienen miedo de ir al sitio en el que plantan sus cosechas. Solo algunos fueron. En una comunidad cercana a la plantación malasia quemaron tres casas, con los depósitos de grano dentro. Fueron los trabajadores de la plantación quienes lo hicieron”.
Human Rights Watch ha publicado recientemente el informe ¿Qué pasará si llega el hambre?, que documenta cómo las fuerzas de seguridad del Gobierno están empujando a las comunidades a irse de sus tierras mediante la violencia y la intimidación, amenazando su modo de vida al completo sin ninguna compensación o posibilidad de elección de medios de subsistencia alternativos.
Una de las participantes de la IV Cumbre de Líderes Indígenas de América que sesionó en Cartagena de Indias, Colombia, en abril. (Camilo Segura /AP)
La mayor proporción de indígenas se encuentra en China, que llegan a 36 por ciento de los 1.300 millones de habitantes de ese país, le sigue Asia meridional con 32 por ciento y Asia sudoriental con 10 por ciento, según “Indigenous Peoples, Poverty, and Development” (Pueblos originarios, pobreza y desarrollo), un tratado sobre estas comunidades de Asia, África y América Latina.
El grupo de estudio Brookings Institute, con sede en Washington, indicó que hay unas 900 millones de personas pobres, es decir que viven con menos de 1,25 dólares al día.
“Uno pensaría que la gente que está más abajo en la escala social sería la que más progresaría, pero no ha sido así”, señaló Shantayanan Devarajan, economista jefe para África del Banco Mundial.
No hay una definición universal sobre qué es ser indígena, pero Marcelo Giugale, director de reducción de pobreza y economía del Banco Mundial, señaló que son “personas vinculadas por el hecho de compartir”, principalmente recursos, cultura y experiencias.
Los 350 millones de indígenas que se estima hay en el mundo son pobres porque están marginados económica, política y geográficamente.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) puso más énfasis últimamente en las poblaciones indígenas, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) celebrando el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en mayo para discutir cómo aumentar su participación en política.
“La ‘trampa de la pobreza’ no es económica, sino política” para los aborígenes, arguyó Devarajan. También se refirió al apartheid como ejemplo de pueblos indígenas excluidos de la política solo por razones raciales.
El creciente énfasis en los pueblos indígenas se debe, en parte, a los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio (ODM), entre ellos reducir la pobreza y el hambre, lograr la educación universal, la equidad de género y la sustentabilidad ambiental, y al esfuerzo dirigido a mejorar la difícil situación de los pobres del mundo.
“No podremos superar la pobreza ni la inequidad ni alcanzar los ODM en nuestra región si no mejoramos la vida de todo el mundo, en especial de los más excluidos”, indicó el director del PNUD para América Latina y el Caribe, el chileno Heraldo Muñoz. También se refirió a las “políticas sociales integradas, financiadas mediante más estructuras fiscales progresistas” para ayudar a promover los cambios necesarios.
La falta de progreso económico en las comunidades indígenas ha sido particularmente importante en América Latina. Según el Informe de Desarrollo Humano, elaborado por el PNUD en 2010, la extrema pobreza, cuando la gente vive con un dólar al día o menos, en América Latina y el Caribe es el doble en poblaciones indígenas.
El único avance sostenido en reducir la pobreza de poblaciones autóctonas en América Latina se dio en Chile (http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100721), donde cayó de 25 a 15 por ciento entre 1996 y 2005, según Harry Anthony Patrinos, economista jefe de educación del Banco Mundial. Sin embargo, la pobreza en América Latina alcanzó su nivel más bajo en 20 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“La pobreza y la desigualdad siguen en declive en la región, lo que son buenas noticias, en especial en el marco de la crisis económica internacional”, indicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal. ”Pero los avances se ven amenazados por las brechas en la estructura productiva de la región”, apuntó.
El mayor avance entre poblaciones indígenas ocurrió en China. Es el único lugar en que la reducción de la pobreza fue superior en los grupos minoritarios que en el mayoritario, el pueblo han. Una de las razones del logro es que “China apunta a regiones o zonas en vez de a personas”, explicó Patrinos, al ofrecer a los pueblos indígenas más programas que habilitan cambios sistemáticos, en vez de vagos gestos políticos tendientes a cosechar votos.
En Estados Unidos, los aborígenes han tenido históricamente una relación difícil con los inmigrantes europeos, quienes les arrebataron las tierras y terminaron condenando a una cantidad significativa de ellos a vivir en la pobreza y en reservas. Las últimas estadísticas de la Oficina del Censo de Estados Unidos ubicó el grado de pobreza de los pueblos aborígenes en 26,3 por ciento. Pero en 2010, se observó que, comparativamente, solo 15,1 por ciento de la población estaba por debajo de la línea de pobreza.
Pero las personas que se autodefinen indígenas, es decir con sangre aborigen, en 2010 constituyen solo 1,7 por cieno de los 5,2 millones de habitantes de este país. El destrato a las poblaciones autóctonas se extendió hasta nuestros días. En 2000, el Congreso legislativo asignó 1.600 millones de dólares a la Oficina de Asuntos Indígenas, pero no se pagaron todos los fondos.
El lunes 18, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el gobierno federal debía pagar a las tribus aborígenes por los gastos incurridos por ellos en la gestión de programas federales de educación, seguridad interna y protección ambiental.
http://periodismohumano.com/sociedad/la-mayoria-de-los-indigenas-esta-en-la-pobreza.html
Texto: TONI POLO BARCELONA 01/12/2011 08:00
Yamir Adolfo Conejo tiene los 27 años que aparenta y un hijo de cuatro esperándole en el Cauca, una región suroccidental en la cordillera colombiana donde viven ocho pueblos indígenas en 39 municipios. Está residiendo en Euskadi seis meses protegido por el Gobierno vasco. Sobre su cabeza (como sobre la de tantos otros indígenas de una zona rica en oro y petróleo) pesan amenazas de muerte por ser responsable de 13 emisoras de radio, páginas web y documentales que claman a los cuatro vientos que el desplazamiento forzado de sus tierras hace que en estos momentos pueblos indígenas como el suyo la etnia totorez, de 6.900 personas estén en situación de exterminio cultural y físico. Van más de 20 muertos este año, el último, la semana pasada. Pero no tiene miedo: «Eso es lo que ellos quieren conseguir con sus amenazas, que dejemos de defender nuestros derechos. Muchos han caído por esta lucha y hace falta que la comunidad internacional esté al corriente de nuestra situación», dice.
¿Quiénes son «ellos»?
Son los batallones de alta montaña, el Ejército legal que el Gobierno está instalando en la zona supuestamente para protegernos de otros, los actores armados insurgentes, esto es la guerrilla, paramilitares de ultraderecha, narcotraficantes. Todos protegen un mismo poder hegemónico.
El conflicto es la tenencia de la tierra. ¿Cuándo surge?
Históricamente nos desplazaron a las montañas y ellos extrajeron los recursos de los valles. En todos estos siglos hemos conservado nuestra tierra: donde nacen los grandes ríos del Cauca. Por tradición, por nuestros ancestros, por costumbres, por respeto a nuestra madre naturaleza, hemos logrado conservarla.
«El Ejército nos amenaza para que dejemos de defender nuestros derechos»
Ustedes no viven en esas zonas, es territorio espiritual
Son tierras vírgenes. Allí contactamos con nuestra madre naturaleza y nuestros espíritus, que nos protegen. Allí está toda nuestra sabiduría ancestral. Ese conocimiento milenario que nos brinda la madre naturaleza.
¿Son rituales religiosos?
No, la religión es una estrategia de exterminio cultural para los pueblos indígenas. La tierra necesita que la cuidemos y un indio sin tierra pierde toda su esencia. Si hay que dar la vida por nuestra tierra madre la damos.
¿Considera que en la situación actual la están dando?
Sí. El modelo capitalista que quiere apoderarse de nuestros territorios nos cataloga como terroristas. Eso es jugarse la vida. Ellos crean el conflicto para justificar la militarización de nuestros territorios. Es intolerable.
¿Culpan al Ejército, al Gobierno?
Sí. Porque instala la Policía nacional en nuestros cascos urbanos.
«Le pedimos a Rajoy que conozca la situación que están sufriendo nuestros territorios»
Ustedes tienen su propia Policía
La constitución colombiana nos da derecho al autogobierno. Con él hemos creado un mecanismo de defensa, la Guardia Indígena. Empuña bastones de mando pero no va armada. Es defensora de la madre naturaleza, por eso decimos que somos todos, niños, mujeres y hombres. No utilizamos armas y no agredimos jamás para recuperar nuestro territorio.
¿Qué entienden por recuperación de territorios?
Esos derechos que nos corresponden por ancestrales. Cuando explotan nuestros territorios vamos hasta 3.000 personas y acordonamos la zona, sin armas, sin agresiones. Siempre está el diálogo. Como el Gobierno se hace el sordo, dialogamos con la empresa explotadora. El problema es que nunca sabemos el nombre de la empresa que realmente está detrás de la explotación. Nos confunden. Ocultan los nombres de las multinacionales. Esa maquinaria e infraestructura necesita de mucha plata: lavar el oro requiere una infraestructura carísima, de químicos Sacamos toda la energía negativa que dejan, pero el daño irreparable e inmenso ya está hecho. Todos los pueblos nos ayudamos para hacer esos ejercicios autónomos. Y no hacen caso y vuelven al territorio.
¿Cómo se organizan?
Aportamos mucho a la economía nacional. Producimos café y leche. En las grandes ciudades viven de nuestra producción y nos pagan. Vivimos en zonas rurales, cada familia cultiva su pedazo de tierra que es colectivo, la tierra pertenece a todo el pueblo y el cabildo la administra. La idea es que la relación del cabildo con el Gobierno sea de igual a igual. A veces lo respetan, pero ha costado vidas. Los comandantes sobre el terreno, los policías, no tienen ni idea de qué es el cabildo. Y deberían saberlo para respetarnos.
¿Qué esperáis de la Taula?
Que se dé a conocer la realidad. No es cierto que las cosas hayan mejorado, han empeorado. La estrategia megapropagandística del [expresidente Álvaro] Uribe y ahora de [Juan Manuel] Santos es decir que la guerra se acabó y ahora en Colombia hay un posconflicto. No lo hay, la guerra se ha incrementado.
«Queremos gestionar la educación y planteamos sistemas indígenas de salud propios»
¿Por qué ese mensaje?
Porque es lo que les interesa oír a los gobiernos europeos y a la comunidad internacional para justificar la entrada de multinacionales.
¿Qué reclama usted?
Solicitar a Mariano Rajoy que nos visite en nuestros territorios, que conozca la situación que estamos sufriendo a cuenta de la política capitalista de extracción y de entregar nuestros territorios a las multinacionales.
¿Creen posible mantener estos territorios ante el inmenso poder de gobiernos y multinacionales?
Somos muy positivos. No quiero que nos vean a los indios como unos pobrecitos a los que están matando y a los que hay que defender. No nos limitamos a criticar el sistema. Tenemos una alternativa, con nuestros territorios donde cultivar, donde vivir libres espiritualmente y convivir con los otros sectores: campesinos, negros, los que viven en las ciudades. Queremos que el Gobierno nos entregue la educación a los indígenas, porque siempre ha estado en manos de la Iglesia católica. También planteamos sistemas indígenas de salud propios. Necesitamos la ciencia occidental pero complementamos con los métodos tradicionales propios.
La consulta previa es un proceso de diálogo intercultural que inicia el Estado con los Pueblos Indígenas, para darles a conocer a dichos pueblos las medidas legislativas, administrativas o autorizaciones de extracción de recursos naturales ubicados en sus territorios, con el objeto de lograr su consentimiento libre, previo e informado o llegar a un acuerdo con ellos. Asimismo, garantiza su derecho de participación y opinión.
Las recientes protestas han sido lideradas por las naciones aymara y quechua, dos de las 44 familias etnolingüísticas del Perú de tiempos inmemoriales. El gobierno del Apra (2006-2011), en su último mes en el poder, prefirió desatender las demandas de los andes del sur.
Aprobar la propuesta de la Consulta Previa por este Congreso, hubiera significado la penalización de todos los ministros y funcionarios, incluyendo al Presidente de la República, por las muertes de Bagua y Puno.
MARTÍN CUNEO / EMMA GASCÓ SARAYAKU (ECUADOR) 12/08/2011
Indígenas quechuas del pueblo ecuatoriano de Sarayaku protestan con una ceremonia espiritual, el pasado 6 de julio. Jeffrey Arguedas / EFE
La mayoría de los asistentes nunca había visto un juicio. Mucho menos uno retransmitido en directo por internet. Agolpados en una casa comunal de paredes de madera y techos de palma, una cuarta parte de la población de Sarayaku siguió la declaración de sus vecinos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica los pasados 6 y 7 de julio.
El acusado: el Estado de Ecuador. Los cargos: permitir en 2002 la entrada de la petrolera CGC sin consultar a la población y ser responsable de violaciones de derechos humanos. Aún hoy, permanecen en sus territorios una tonelada y media de explosivos enterrados por la petrolera.
Cuando los trabajadores de la empresa llegaban, salían con la cara pintada, lanza en ristre
Los representantes de Sarayaku pidieron a la Corte que el Gobierno declare el área zona libre de actividad petrolera y retire los explosivos. «Que no dejen ingresar a los que andan reventando la tierra», resumía Sabino Gualinga, líder espiritual de Sarayaku de 89 años, al ser preguntado sobre lo que esperaba de la sentencia, que debe ser dictada antes de fin de año.
La mayoría de los 1.200 habitantes de Sarayaku viven de la agricultura de subsistencia, de la caza y de la pesca. Para llegar a su territorio, 135.000 hectáreas de bosques vírgenes amazónicos, hay que viajar en canoa o en avioneta. Algo que ha ayudado a mantener alejados, hasta ahora, los efectos más negativos de la modernidad. Pero ha sido su carácter de «pueblo guerrero», en palabras de José Santi, uno de los jóvenes que protagonizó la lucha contra la petrolera, lo que ha permitido la conservación de su forma ancestral de vida.
En la historia de Sarayaku abundan los episodios de resistencia. Entre los años cuarenta y sesenta, la población obligó a la Iglesia y al Ejército a abandonar sus territorios. En 1989 le tocó el turno a la petrolera Arco-Agip. No en vano, Sarayaku es conocido como el «pueblo del mediodía, que jamás caerá, y, si cae, será el último en caer», dice José Gualinga, presidente de la comunidad.
Las mujeres sarayaku fueron las primeras en decidir que iban a cerrar el paso a la petrolera
Pero fue a partir de 1996 cuando la comunidad empezó a estar realmente en peligro. En ese año, el Estado adjudicó a la petrolera argentina CGC el bloque 23, que abarca 200.000 hectáreas de selva, el 60% de ellas dentro del territorio de Sarayaku. La empresa contrató a una compañía de relaciones públicas y a personas de las poblaciones vecinas para «dividir y enfrentar a las comunidades», según cuenta Gualinga. Y en parte lo logró. La divisiones se dieron incluso dentro de las familias. Según Patricia Gualinga, responsable del área de Mujer y Familia en Sarayaku, «si los hombres dudaban, las mujeres dijeron que no desde el principio. Cuando llegaron los representantes de la empresa, las mujeres ya habían tomado una decisión: no permitir el ingreso de la petrolera».
La experiencia de las comunidades del norte de la Amazonia ecuatoriana, donde la Texaco-Gulf ingresó en 1967, fue determinante. «En Lago Agrio, los peces están envenenados, no se puede beber agua del río y el petróleo se te pega a las manos», comenta José Santi, que viajó a la zona junto con otros 20 jóvenes de Sarayaku para conocer de primera mano los efectos de las petroleras. «Allá nos ayudaron mucho: nos dijeron que no dejemos entrar a la compañía, porque luego ya es demasiado tarde», dice.
«Riqueza es tener fauna, una familia unida, la selva no contaminada… Sin eso, somos pobres»
A finales de 2002, la empresa CGC, con la protección del Ejército, penetraba por primera vez en su territorio. En una asamblea general, el pueblo se declaró en estado de emergencia. En las fronteras del territorio se instalaron cerca de 25 campamentos de «paz y vida». En tiendas de palos y hojas de palma, cerca de 600 personas resistieron durante más de cuatro meses.
Equipados con aparatos de radio, diferentes patrullas custodiaban los límites del territorio. Cuando los trabajadores de la empresa intentaba entrar, daban la alarma y salíanlanza en ristre y con las caras pintadas al encuentro de los invasores. Las patrullas, siempre con las mujeres al frente, les tendían emboscadas y los obligaban a retirarse.
A principios de 2003, fue interceptada una avanzadilla de trabajadores custodiados por militares fuertemente armados dentro del territorio de Sarayaku. Las mujeres rodearon a los militares y les quitaron las armas. Las imágenes de las mujeres devolviendo las pesadas ametralladoras a los oficiales del Ejército unos días después dieron la vuelta al mundo. A cambio de las armas, fueron liberados cuatro indígenas que habían sido detenidos y torturados por el Ejército y la empresa, tal como relataron los testigos en el juicio.
En 2004, tras varias sentencias judiciales, la compañía decidió retirarse. Pero los daños causados en la comunidad eran irreparables. Durante meses, las clases estuvieron suspendidas y los cultivos, abandonados. Los explosivos quedaron enterrados y las divisiones producidas entre las distintas comunidades provocaron numerosos enfrentamientos, con el saldo de decenas de heridos.
Durante el juicio en la Corte Interamericana quedaron al descubierto dos visiones contrapuestas del significado de desarrollo. Uno de los principales argumentos de los abogados del Estado fue que el derecho a la consulta previa, reconocido en la Constitución ecuatoriana, «no puede convertirse en un derecho de veto que atente contra el desarrollo de todo el país».
En cambio, para el presidente de Sarayaku, José Gualinga, riqueza «es tener fauna, una selva no contaminada, una familia unida, conocimientos sobre prácticas agrícolas y medicinales, un sistema propio de educación… Sin eso, nosotros somos pobres».
Parece claro que los planes del Gobierno no coinciden con los de Sarayaku. Según Alexandra Almeida, de la organización Acción Ecológica, una nueva ronda de licitaciones petroleras prevista para octubre de este año vuelve a poner en grave peligro el territorio de este pueblo quechua y toda la región amazónica.
Narcisa Santi, de 66 años, se apoya en su bastón de cedro. Resume de esta forma la lucha del pueblo: «El dinero se acaba. La tierra nunca se acaba si no se contamina. Es la herencia para nuestros hijos».
Por: Autor invitado
CHRIS JOCHNICK es un abogado que ha pasado media vida peleando por un sector privado que respete los derechos ambientales y sociales del planeta. En la entrada hoy nos comenta la victoria multimillonaria de las comunidades de la selva ecuatoriana afectadas por Texaco-Chevron, una de las grandes multinacionales petroleras. La sentencia procede de un juzgado ecuatoriano y no es definitiva, pero, sea cual sea el resultado final, todos hemos aprendido importantes lecciones con este caso.
Como cualquier otra historia de David contra Goliat, sería difícil igualar la lucha que se produjo en la Amazonía ecuatoriana entre un puñado de comunidades pobres y marginales y Texaco-Chevron, una de las compañías más poderosas del mundo. Lo llamativo es que estas comunidades acaban de ganar hace pocas semanas un caso récord de 8.600 millones de dólares contra la compañía. El asunto está lejos de haber quedado cerrado (Chevron peleará “hasta que se congele el infierno, y entonces patinaremos sobre el hielo”, de acuerdo con las declaraciones de su antiguo abogado jefe), así que merece la pena hacer algunas consideraciones.
Viajé por primera vez a la región en 1993, como parte de un equipo de abogados en busca de demandantes para una quijotesca inciativa contra Texaco. En aquel momento, esta compañía acababa de abandonar Ecuador tras haber dejado abiertas 900 fosas de residuos repartidas a lo largo de la selva, además de unos 70 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos vertidos en ríos y acuíferos de la zona a lo largo de 25 años. La compañía, cuyos ingresos anuales triplican el PNB de Ecuador, había obtenido carta blanca para abrir el Amazonas sin contraer ninguna obligación con el medioambiente o la población local.
No tuvimos demasiados problemas en encontrar demandantes. La gente estaba rodeada por vertidos y contaminación que supuraban abiertamente sobre sus únicas fuentes de agua. Aproximadamente 30.000 personas habían sido afectadas por las operaciones de Texaco (uno de los grupos indígenas desapareció). Cuando la compañía terminó sus operaciones, simplemente se esfumó del mapa.
Más allá del ruido de fondo y de los apaños legales, debería haber pocas dudas sobre la culpabilidad de Texaco (y ahora de Chevron). Sí, la compañía petrolera estatal ha causado desde entonces más daños a la zona; y sí, la multinacional retornó e hizo algunos arreglos menores, que consistieron básicamente en llenar una porción de las fosas contaminadas. Pero nada de esto absuelve a la empresa de los devastadores daños medioambientales y del coste para las comunidades.
La responsabilidad legal es un asunto diferente. Chevron-Texaco ha llegado muy lejos para desestimar los cargos, de modo que la demanda inicial fue procreando procedimientos en más de una docena de juzgados. A pesar de la esperanzadora decisión del juez ecuatoriano, es posible que las demandas no lleguen a prosperar nunca. El caso refleja un patrón mucho más extendido de impunidad empresarial. Mientras las compañías se esfuerzan más que nunca por buscar materias primas y mercados en las esquinas más remotas del mundo, encuentran escasa resistencia en unos gobiernos y sistemas judiciales sobrecargados, faltos de recursos y a menudo corruptos. De hecho, este caso es una anomalía por la atención que ha recibido, cuando solo una mínima fracción de las 80.000 empresas multinacionales que operan en el mundo se ven sujetas a demandas legales de cierta importancia.
Esto no significa que la vía judicial sea irrelevante. Incluso cuando se pierden, los casos pueden tener una importancia capital, pero siempre dentro de una estrategia más amplia. La demanda contra Texaco generó una incipiente movilización local e inyectó una energía y atención pública que resultaron determinantes en la involucración de comunidades, ONG y movimientos sociales (indígenas, medioambientales, religiosos). Juntos formaron alrededor de este caso una red –el Frente de Defensa de la Amazonía– que aún hoy constituye un importante actor local y nacional en el debate petrolero. Gracias a la atención mediática, ministros y parlamentarios visitaron la zona e impulsaron legislaciones para gobernar a la industria del petróleo. El caso puso en guardia a otras grandes compañías hasta el punto de que era habitual escuchar a sus representantes “nosotros no somos Texaco”. Cuando el asunto pasó de los tribunales estadounidenses a los ecuatorianos, estos se vieron forzados a realizar importantes reformas en los sistemas locales y nacionales de justicia para poder hacer frente a una demanda de esta naturaleza.
El caso de Chevron-Texaco demuestra todo lo que puede dar de sí la colaboración entre movimientos sociales, ONG y especialistas legales. Pero ofrece también otra lección fundamental: la necesidad de enfoques sistémicos. Texaco destruyó la selva con sus carreteras, sus pozos y sus vertidos, pero eso ocurrió porque el Gobierno ecuatoriano, la débil legislación, la justicia inoperante, la cómplice compañía estatal y la presión del Gobierno de los EEUU se lo permitieron. Cualquier solución sostenible a la destrucción del Amazonas exige atender a cada uno de estos actores como parte de un sistema más amplio. Eso solo subraya la importancia de fortalecer a los actores locales de la sociedad civil, de construir presión y alianzas en el ámbito internacional y de utilizar las nuevas herramientas de comunicación para vincular estos esfuerzos. También de consolidar nuevos instrumentos legales capaces de alcanzar a todos los actores relevantes más allá de las fronteras, tal como ha propuesto Naciones Unidas en un nuevo marco sobre la actividad empresarial y los derechos humanos.
09 de febrero, 2011
Mujeres guatemaltecas y hondureñas estuvieron reunidas para defender a la Madre Tierra y discutir los problemas generados por las explotaciones mineras y el monocultivo en los dos países. El encuentro ocurrió los días 28 y 29 de enero, en tierra del Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán, Honduras.
En pronunciamiento «frente a las violaciones a los derechos colectivos provocados por las empresas mineras” en sus territorios, las mujeres denuncian a los gobiernos de Honduras y de Guatemala por favorecer los intereses de las transnacionales, autorizando concesiones mineras sin informar a los grupos afectados y realizar consultas previas con ellos.
Los gobiernos no protegen los bienes naturales, aun viendo la destrucción que ocasionaron, al contrario, han sido cómplices de estas empresas y han utilizado las fuerzas de seguridad para oprimir a los pueblos que están en constante defensa de sus derechos, y han criminalizado las luchas históricas legítimas que buscan la recuperación del derecho de la Madre Tierra, tal como es el caso de la persecución de ochos mujeres Maya Mam de San Miguel Ixtahuacan San Marcos, que tienen órdenes de captura por defender sus derechos”, señalan.
Según ellas, los estragos causados por la minería son visibles en los dos países. En las colinas y en las montañas de El Estor Izabal y de San Miguel Ixtahuacan, en Guatemala, las destrucciones son responsabilidad de la empresa minera Montana, subsidiaria de la canadiense Gold Corp y CG. En la ‘Valle de Siria’, en Honduras, los problemas fueron causados por la EntreMares, también de la Gold Corp, que explotó oro a cielo abierto.
Contaminación del agua, destrucción de la tierra; demolición de colinas, valles y montañas; muerte de animales silvestres y domésticos; problemas reproductivos, abortos, mal formaciones de fetos, cáncer pulmonar y aumento de la concentración de plomo y de metales pesados en la sangre de las personas que viven próximas a los lugares de explotación minera, son solamente algunos de los problemas generados por la actividad.
«En nuestros países la población mayoritaria somos las mujeres, pero no somos consultadas ni tomadas en cuenta en las tomas de decisión, tal es el caso que en Honduras se está discutiendo una Ley de Minería elaborada por mineros, en la que no fuimos consultadas y que obviamente esta ley responde al interés de mineros sin resguardar los derechos de las comunidades y las mujeres”, destacan.
La minería no es la única actividad de explotación que preocupa a las mujeres. En el pronunciamiento, también denuncian el monocultivo en la región. Según ellas, el monocultivo ha provocado el desalojo de varias comunidades y la contaminación de la naturaleza por la utilización de agro tóxicos. Por esta situación provocada por las dos actividades, las mujeres refuerzan el grito contra la destrucción del planeta y declaran sus territorios «Libres de minería y de monocultivos”.
Traducción: Ricardo Zúniga
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