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Obreros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia junto al cuerpo del minero Héctor Choque. / MARTIN ALIPAZ (EFE)

Hasta hace ocho años, la minería era un sector poco trascendente en el mundo y también en Latinoamérica. Incluso había perdido peso en países mineros como Bolivia, donde este miércoles murió un obrero en un enfrentamiento para dirimir quiénes explotarán el yacimiento de estaño de Colquiri. Las crisis del petróleo de los años setenta habían depreciado las cotizaciones. Pero a partir de 2004, ante el creciente apetito de China por minerales que den abasto a sus industrias y la actividad de la construcción, los precios del oro, la plata, el cobre, el níquel, el zinc y el hierro comenzaron a trepar tanto que han alcanzado máximos históricos. Y ahí comenzaron los conflictos.

Las empresas mineras, la mayoría multinacionales, han acelerado sus proyectos de exploración y producción en América Latina. Los gobiernos han comenzado a reclamar que tributaran una parte mayor de su renta, los empleados de las compañías han iniciado protestas por mejores nóminas, los mineros independientes y cooperativistas han elevado su voz para explotar también el recurso y muchos pobladores de regiones mineras, en general zonas áridas y pobres, se han puesto en pie de lucha para oponerse a los yacimientos a cielo abierto por el impacto medioambiental que éstos provocan por el uso de agua, cianuro y arsénico.

Impacto de la minería.

En toda la región se han desatado unos 161 conflictos entre gobiernos y empresas, por un lado, y ciudadanos que se resisten a la instalación de yacimientos a cielo abierto en sus territorios con el argumento de que, a diferencia de la menos rentable minería subterránea, los nuevos proyectos dañarán su entorno ambiental y sus actividades agrícolas tradicionales. Incluso empresas de aguas, como Danone, o bodegas, como la española O. Fournier, se han opuesto a desarrollos mineros en Argentina. Con lemas como que el agua vale más que el oro, unas 212 comunidades se enfrentan a unos 173 proyectos mineros y reclaman que se las consulte antes de su ejecución. En Perú es donde más conflictos de este tipo se han producido, unos 28, e incluso este jueves la policía reprimió un bloqueo de una carretera que lleva a una mina de oro de la empresa Barrick, canadiense, al igual que muchas de las mineras que operan en la región, y mató a uno de los manifestantes. Ya son 19 los muertos en Perú en protestas por demandas relacionadas con la explotación de recursos naturales (la mayoría mineros, pero también por hidrocarburos) desde que Ollanta Humala asumió la presidencia del país, en julio de 2011.

La resistencia contra la minería a cielo abierto ha llevado a que algunas compañías paralizaran proyectos en Perú y también en Argentina, donde este año la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de una ley que impide la explotación minera y petrolera en zonas de glaciares. Los conflictos mineros por cuestiones ecológicas se extienden por casi toda la región, en unos 16 países. En Costa Rica se han prohibido nuevos proyectos a cielo abierto a partir de 2010.

Otros se pelean por cómo se reparte la tarta cada vez más grande que supone este negocio. Entre 1990 y 2003, la minería suponía el 3,9% del PIB de Bolivia. Entre 2004 y 2009, el 5,7%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La proporción subió también mucho en Chile, del 7,7% al 17,7% (estas estadísticas incluyen también el acotado sector de hidrocarburos); en Ecuador, del 6,9% al 14,7%, y en Perú, del 4% al 8,5%. Latinoamérica produce el 52% de la plata del planeta, el 45% del cobre y el 22% del zinc.

Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales discuten entre sí y con las empresas mineras (además de europeas y norteamericanas, las hay chilenas, mexicanas y brasileñas) para definir cuántos impuestos pagan. Los políticos de izquierdas no han rechazado la minería a cielo abierto sino que le han exigido que tribute una porción mayor de sus beneficios considerados extraordinarios por el alza de las cotizaciones de recursos no renovables que pertenecen a los estados y se concesionan al sector privado (solo Chile cuenta con una minera estatal importante como Codelco). Pero este tipo de disputas no acaban en violencia como los que enfrentan a las compañías con los propietarios de las tierras donde se descubre el mineral y que piden mayores arriendos, o con los trabajadores mineros que piden mejores nóminas. También han acabado mal algunas refriegas de obreros que practican la llamada minería ilegal, sin autorización de los gobiernos, en Perú o Brasil.

La muerte del miércoles en Bolivia ilustra la disputa por la renta minera. En junio pasado, el Gobierno de Evo Morales había nacionalizado la parte del yacimiento de Colquiri que estaba en manos de la suiza Glencore. Pero a partir de entonces comenzó la tensión sobre quién debía explotar el recurso: si la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a la que defienden sus empleados, o los cooperativas mineras, que cuentan con el respaldo de Morales. Cooperativistas protestaron el jueves en la sede del sindicato de los empleados mineros. Murió uno de los asalariados. Otra prueba más que de en Latinoamérica a algunos se les va la vida por la minería.

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/21/actualidad/1348243213_213024.html

La Monsanto

Publicado: agosto 1, 2012 en QUIEN DEBE A QUIEN

Por: Martín Caparrós | 31 de julio de 2012

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La frase era un dechado: “Hace unos instantes estuve con Monsanto (sic) que nos anunció una inversión muy importante en materia de maíz y además estaban muy contentos porque la Argentina está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos, en repatriación de científicos y fundamentalmente también en respeto a las patentes. Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias nos hemos convertido también en defensores de las patentes”.

Dijo, con esa cara de falsa ingenua que le queda tan rara, y enarboló un folleto. Cristina Fernández estaba en un sitio peligroso: es una tradición que los presidentes argentinos, cuando comparecen en el Club de las Américas de Nueva York, hablen de más. Se ve que los anima el público de grandes empresarios americanos –en este caso, entre otros, representantes de JPMorgan, Barrick Gold, Ford, Fox, IBM, Cargill, Walmart, DirecTV, Procter & Gamble, Pfizer, Monsanto, Microsoft– y se sueltan, y después a veces se arrepienten.

Nadie sabe si la doctora Fernández se arrepintió de definir el oportunismo con esa frase sonriente: “Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias nos hemos convertido también en defensores de las patentes”. Después de haber estado, se sobreentiende, muchos años “en contra” de esas mismas patentes. O eso parecía en 2006, cuando Monsanto trababa embargo contra barcos con granos argentinos en Europa porque el Estado argentino no le dejaba cobrar lo que quería por la patente de uno de sus productos estrella: la semilla de soja RoundUp Ready. La otra es el RoundUp, el herbicida hecho de glifosato que mata todo lo que pulula alrededor salvo esas semillas, genéticamente modificadas para sobrevivir al killer.

(La historia es larga y está bien contada en un artículo de Le Monde Diplomatique. En síntesis: en los noventas, cuando empezó a venderla, Monsanto no patentó la semilla en la Argentina pero, a cambio, recibió del gobierno de Menem la autorización para su uso –lo cual, en países como Brasil, tardó años de pruebas y debates. La RoundUp Ready copó, muy pronto, la gran mayoría de los campos argentinos. Durante diez años Monsanto se dio por satisfecho con sus acuerdos con las productoras que les pagaban un cánon por las semillas y, sobre todo, con las ventas crecientes del Round Up, que completaba el combo. Hasta que decidió que quería cobrar más y empezó su ofensiva política y judicial.)

Aquella tarde de junio en Nueva York, Cristina Fernández siguió hablando y explicó los términos de su nueva alianza con Monsanto: la empresa americana tendría una planta productora de semillas de maíz genéticamente modificadas en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, y un par de proyectos de investigación conjunta con científicos argentinos. Quizá Monsanto quiera hacer ahora aquí lo que suelen hacer las multinacionales químicas: modificar lo suficiente el producto que no patentaron –o cuya patente va a vencer– para patentarlo como si fuera otro, y recaudar.

Cada época tiene sus ogros: Monsanto es uno de los más presentes estos días. Todo empezó hace casi cincuenta años, cuando la empresa fabricaba el “agente naranja”, un defoliante poderoso con que el ejército americano se cargó los bosques y cultivos de Vietnam para tratar de rendir a sus defensores. En esos días, aviones militares derramaban torrentes de veneno sobre el país, medio millón de vietnamitas moría en esos bombardeos, otro medio millón nacía malformado –y Monsanto prosperaba en paz. Pero su verdadero salto a la fama llegó un cuarto de siglo después. En los noventas empezaron a convertirse en lo que son ahora: una empresa multinacional que estableció la propiedad privada de la reproducción natural. Con sus semillas de plantas que no dan semillas, Monsanto controla el mercado mundial de semillas transgénicas y, a través de eso, se acerca cada vez más a una posesión en la que puede definir quién come, quién no, a qué precios, bajo qué condiciones.

Todo tan claro que Eduardo Galeano solía llamarla “la serial killer multinacional”. Tan claro que, hace menos de un año, Carta Abierta decía en una carta abierta que “el gran capitalismo agropecuario tiene su mirada en la Bolsa de Chicago, en las operaciones políticas de gran escala, en los secretos de los gabinetes químicos que perfeccionan la semilla transgénica, nuevo padrenuestro de una teología que sin tener santidad tiene a Monsanto, mientras empresarios voraces, pioneros cautivos de un clima de mercantilización de todas las relaciones humanas, se comportan como forajidos de frontera, escapados de otra época, pero tiñendo de una agria tintura este momento histórico que aunque les es heterogéneo, caen en la incongruencia de querer apropiarlo”.

Tan claro que hace tres años, un día en que el señor Verbitsky, falto quizá de nada más excitante, decidió tirarle un par de prontuarios por la cabeza al tornadizo Felipe Solá, escribió uno de sus artículos acusándolo de haber “trabajado para Monsanto”. Hasta que Cristina Fernández mostró su alborozo y su cariño por su nuevo socio, y ninguno de ellos dijo esta boca es suya –señora presidenta.

Pero, más allá de los vaivenes clásicos, más acá de sus nuevos amores, Monsanto va a seguir planteando sus dos problemas principales.

Uno son sus efectos sanitarios y ecológicos. El maíz transgénico, por ejemplo, que van a fabricar en Córdoba está prohibido en Francia por contaminante; el gobierno francés –del liberal Nicolas Sarkozy– pidió en febrero último a la Unión Europea que lo prohiba en todo su territorio. Y, aquí, la mayoría de los productores dicen que no saben qué puede quedar de sus tierras después de unos años de semillas transgénicas –pero que la ganancia es tan grande que las siguen usando. Aunque varios me dijeron, últimamente, que trataban de hacerlo en tierras arrendadas: ajenas.

Que rebosan de RoundUp. Monsanto solía presentarlo como biodegradable hasta que tribunales franceses y americanos los condenaron por publicidad engañosa. En realidad es biodegradante: degrada toda la vida que hay alrededor, y por eso solo se pueden plantar las semillas de Monsanto, que lo sobreviven. Pero no las personas: el mes pasado, precisamente en Córdoba, empezó el primer juicio oral y público por un caso de envenenamiento por fumigación con glifosato.

Los acusados –faltaba más– no son los inventores del tóxico sino los aviadores que lo fumigaron, pero la historia es siniestra –en un suburbio cordobés muy expuesto a las fumigaciones, casi 200 cancerosos sobre 5000 habitantes, un bebé nacido sin riñones– y fue bien contada por Página/12 cuando todavía hablaba del asunto, antes de que Monsanto se convirtiera en “un nuevo inversor”.

Monsanto seguirá envenenando –como decía Galeano– los campos y los campesinos argentinos; ahora, con el apoyo del Estado. Pero esto es pura coherencia: después de todo, este gobierno nunca simuló preocuparse por la salud pública. En cambio, sí hizo de la “lucha contra los monopolios” una de sus banderas más flameadas.

Decíamos: Monsanto es, ahora mismo, el nombre global del monopolio despiadado. Lo cuentan muchos y, entre ellos, Marie-Monique Robin –la periodista francesa que consiguió que generales argentinos hablaran en cámara de sus torturas y asesinatos– en una película que vale la pena mirar. Porque el 87 por ciento de las plantaciones de semillas transgénicas –algodón, maíz, soja– del mundo usan sus semillas; esto es: la enorme mayoría de las plantaciones del mundo engordan a Monsanto. La noticia de que el gobierno nacional y popular está encantado de hacer negocios con semejante emblema ya tiene un mes; podría haber provocado incomodidades, molestias, escozores; no se vieron.

Olvidemos que Monsanto es uno de los principales responsables del hambre de millones de personas a las que dejaron sin tierras o sin semillas, porque a nosotros no nos importa el hambre de los indios o los somalíes y, de últimas, nuestra prosperidad viene de sus penurias: ellos se hunden con los aumentos de precio de los granos que a nosotros nos salvan.

Y olvidemos los efectos que está teniendo sobre la estructura social y económica de la Argentina el imperio de la soja transgénica –la concentración de las explotaciones agrarias, la expulsión de los pequeños campesinos, la transformación de regiones enteras en desiertos verdes, la probable esterilización de los suelos de buena parte del país– porque, en última instancia, nada de eso va a influir en las elecciones del año que viene sino en las vidas de las próximas generaciones de argentitos.

Pero, aún así, es curioso que la llegada de Monsanto se discuta tan poco. Y creo que no se discute porque los fieles seguidores del gobierno no suelen discutir sus medidas, y lo que nos hemos acostumbrado a llamar “la oposición” –que podría hacerlo– sigue controlada por la derecha. Lo cual le sirve a la derecha y al gobierno: a la derecha para dejar claro que lo que debe suceder tras el fracaso de este gobierno es el retorno de su gente; al gobierno para evitar que le critiquen renuncios como éstos –porque es obvio que ni Clarín ni La Nación ni Macri ni Scioli, aliados naturales de los grandes monopoios, van a hacerlo.

Para eso, en síntesis, sirve la crispación, la división actual de la política argentina: para que dos fracciones del mercado distraigan con ladridos mientras siguen adelante con “un capitalismo en serio”: mientras siguen cuidando los negocios de la Barrick, Walmart, Proctor & Gamble, Cargill.

Para que siga funcionando la agrupación que realmente importa: la unidad de negocios que algunos llaman La Monsanto.

http://blogs.elpais.com/pamplinas/2012/07/la-monsanto.html

Investig Action
Traducción del francés por Susana Merino
Mali es extremadamente rico en recursos naturales desde el oro hasta sus enormes arrozales. Paradojalmente el pueblo de Mali consume un arroz industrial importado de Oriente…Investig’action ha conversado con Eric Pauporté, especialista enMali, quién nos ha aclarado la situación y nos ha pedido preocuparnos por sus granos…

La actitud del poder político de Malli y el control de Francia en la región ¿se explican por el interés de controlar sus riquezas y por la independencia económica de Mali?

Efectivamente existe un control tanto político como económico. Ha sido la política conjunta de Francia y del FMI con sus ajustes estructurales los que han impedido el posible desarrollo.

¿Qué es lo que el FMI le ha aconsejado a Mali y en qué circunstancias?

El mercado mundial ha provocado el empobrecimiento del país por estrangulamiento. Uno de sos mecanismos de estrangulamiento ha sido la especulación con el algodón. En los años 90, el FMI impulsó en Mali la producción en gran escala de algodón para la exportación. El mercado mundial redujo fuertemente el precio del algodón de Mali. Esa especulación endeudó a Mali quién se dirigió al FMI quién le prestó dinero a cambio de sacrificar toda la inversión pública y abrirse a la inversión extranjera. Como resultado todos los recursos y todas las riquezas fueron entregados a precio vil. El ferrocarril fue vendido a una compañía canadiense por 107 millones de Francos CFA, es decir nada. Una verdadera estafa! En cuanto a las minas, las multinacionales les compraron sus tierras a los campesinos por 54€ las 7 Has. De modo que los campesinos se quedaron sin nada.

Y ¿quién compraba esas tierras?

Morila S.A. es la sociedad extractivista perteneciente a la Anglogold parte del consorcio Anglo Americano y a Randgold perteneciente a Oppenheimer-Debeers (monopolio sudafricano) Y ¿con qué interés ? 

Con el interés de controlar todo el país. Mali fue disecado. Basta mirar el mapa minero de Mali Es un territorio que ha sido dividido como una torta y repartido entre las multinacionales.

¿Qué nos puede decir de la Oficina del Niger? 

La Oficina del Niger es la administradora de las arroceras del delta inferior del Niger no muy distante de la ciudad de Segou. Esa oficina pertenece al estado. Se trata de una enorme llanura muy bien regada por el Niger, tierras arriba del embalse de Markala.La llanura tiene un potencial de producción de arroz de más de un millón de hectáreas. Tiene capacidad para alimentar a todo el oeste de Africa! La Oficina del Niger tiene la función de administrar toda esa llanura.     

¿Tienen derecho los campesinos a explotar esa llanura?

Si pueden explotarlas con la condición de arrendarlas. Concretamente pagan un canon para mantener la red de riego. Son cánones muy caros y no sirven más que para llenar los bolsillos de las personas que ocupan el poder. Además de todas las estructuras que conforman la Oficina: fábricas de abonos, fábricas de aceites que extraen de la semilla de algodón. Todas las estructuras de dominio público han sido liquidadas. Aminatou Toumani Touré, el presidente derrocado, ha vendido unas después de otras por centavos a las multinacionales y a funcionarios corruptos. Miles de campesinos han debido abandonar sus tierras en manos del poder.

¿Cómo han vivido esto los campesinos? 

Ha despertado un enorme descontento. Se han producido enfrentamientos armados. Uno de los legisladores locales del partido SADI (oposición de izquierda) fue asesinado inmediatamente después de su elección Luego se ha sancionado una ley de reforma agraria que consiste en darle título de propiedad a quién reivindique una fracción de tierras. Tradicionalmente las tierras pertenecen ala comunidad. Pero como los campesinos están endeudados no pueden venderlas. Es un círculo vicioso.

Fuente: http://www.michelcollon.info/Le-Mali-une-terre-riche-un-Etat.html?lang=fr

Publicado: marzo 3, 2012 en QUIEN DEBE A QUIEN, REFLEXIONES

MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO 3 MAR 2012

España se arriesga a perder peso internacional por los recortes en cooperación

Países como China ya se posicionan

Los expertos piden dinero para los más necesitados sin desatender a los ‘amigos’

Por imperativo moral. Por interés. Por estrategia. Ayudar a los países necesitados combina con frecuencia la responsabilidad ética con intereses más espurios como la política (o el egoísmo): el primer ministro británico, David Cameron, ha defendido con ardor mantener la ayuda oficial al desarrollo alegando que, si se da la espalda a determinados países, estos devolverán el desdén en forma de inmigrantes o terroristas. Un mensaje muy gráfico sobre la conveniencia —o la necesidad— de cooperar.

En un momento de recortes en la ayuda oficial al desarrollo (AOD, la que prestan los Estados), la política de cooperación española afronta su primera prueba de fuego en ocho venturosos años, en los que ha llegado a ser uno de los principales donantes de la Unión Europea y el séptimo del mundo. Gracias a esta contribución, España se ha sentado en el G-20, ha aspirado a presidir la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura) y ha figurado entre los principales donantes del Fondo Mundial contra el Sida de la ONU.

Pero en época de crisis, ¿conviene primar la calidad? ¿Modificar objetivos o perseverar en los lazos históricos, como Francia e Inglaterra con sus excolonias o España con América Latina? La polémica desatada por las declaraciones de Bill Gates -que dedica 33.000 millones de dólares a la ayuda al desarrollo- sobre la inconveniencia de ayudar a países de renta media como Perú ha sembrado la duda sobre la oportunidad de algunas políticas. Porque la cooperación es también una de las patas de la política exterior de un país.

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Definido por la crisis el contexto, cabe preguntarse si la ayuda debe ser vista más como inversión que como gasto. “Para una potencia media como España, la cooperación es una palanca de influencia a la que no puede renunciar, porque en un mundo interdependiente resolver los problemas ajenos también es resolver los propios. Cooperar es una actitud ética que también puede ser muy rentable: cómo posicionar a las empresas españolas en el sector de las renovables en América Latina y África, por ejemplo. Políticamente, estamos en el G-20 en gran medida por el esfuerzo de los últimos ocho años”, opina Gonzalo Fanjul, especialista en cooperación y coordinador del blog 3.500 millones en ELPAÍS.com.

Los recortes implican también una redefinición de objetivos, es decir, un eventual rediseño de la propia política exterior. “Si el Gobierno decide abandonar África, sería una inmoralidad, pero dentro de África debe combinar sus intereses con la obligación moral, con la responsabilidad. ¿Por qué ir a la República Centroafricana si los intereses estratégicos están en Senegal, por la emigración?”, plantea.

“Estamos en la ONU, el G-20… por haber sido buen donante”, dice un consultor

Ayudar solo o mayoritariamente a países amigos es otra de las críticas que se hacen a la cooperación al desarrollo, para algunos la más superflua de las políticas públicas en época de crisis. Francia e Inglaterra mantienen con sus excolonias una relación de dependencia —calificada por muchos de neocolonialismo— que llega al extremo de la reciente regañina de Londres a Nueva Delhi por la compra de aviones de combate Rafale (franceses), pese a haber incrementado su ayuda al gigante asiático. India, una de las potencias emergentes, con un crecimiento en torno al 9% y la mayor clase media del mundo, podría ser, a efectos de la cooperación, lo que Perú a España, por volver a la polémica de Gates: países de renta media, en teoría autosuficientes. “Pero en India hay unos niveles bestiales de desigualdad, un 40% de los niños sufren malnutrición. En el caso de Reino Unido e India hay un interés económico evidente”, explica Fanjul. “Como punto de partida, los países que deben ser objetivo de la cooperación son aquellos con los niveles más bajos de desarrollo humano, pero eso no significa abandonar a otros intermedios”.

El Gobierno ha anunciado que destinará 1.000 millones menos

Por ejemplo Perú, que Gates (y con él, el 32% de los españoles, según una encuesta de UNICEF y la Fundación Bill y Melinda Gates) propone aparcar. “Es una afirmación frívola; si uno va hoy a Lima quedará boquiabierto ante el cambio de los últimos años, pero a costa del cinturón de asentamientos que rodea la ciudad, casas sin agua potable ni condiciones de habitabilidad, ni escuelas”, opina María Teresa de Febrer, responsable de Sensibilización de la ONG Prosalus y coautora de Guía de incidencia para el derecho a la alimentación, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y que la FAO utilizará como herramienta de trabajo. “La cooperación no es gratuita. El derecho a la alimentación, el agua o la salud es un derecho reconocido internacionalmente por la ONU al que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dado fuerza jurídica; es decir, hay una obligación legal por parte de los Estados de cumplirlo. Si los Estados no llegan, la cooperación internacional debe tomar cartas en el asunto. Porque los pobres no son pobres porque sí, sino porque hay una dejación de funciones de los Estados”.

¿Y qué pasa con Perú, el Perú pretendidamente autosuficiente de Gates? “No se puede obviar el papel del Estado peruano a la hora de borrar esa desigualdad. Perú ha podido llegar a un nivel de vida importante gracias en parte a la cooperación. Es una afirmación tan simplista como cuando se compara el derecho a la alimentación en África con el hambre en España: aquí hay cauces para acceder a ayudas, allí no. La cuestión no debe ser elegir entre países desarrollados o en vías de desarrollo, sino adoptar una política coherente y global”.

Dinero y política

  • En el Gobierno del Partido Popular, la anterior secretaría de Estado de Cooperación se integra en la de Iberoamérica.
  • El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un recorte de 1.016 millones para el Ministerio de Exteriores y Cooperación.
  • La ayuda oficial al desarrollo (AOD) de España supuso en 2011 el 0,4% del PIB (unos 4.200 millones); las previsiones para 2012 la rebajan hasta el 0,25%.
  • España reanudará su contribución al Foro Mundial contra el Sida de la ONU, la iniciativa global de vacunas y el programa global para la seguridad alimentaria, suspendida desde 2011.
  • El 16% de los españoles cree que América Latina debe recibir la mayor parte de la ayuda española, según un sondeo de Unicef y la Fundación Gates.

La coherencia de las políticas de cooperación internacionales depara hoy datos tan reveladores como la reciente creación de un ministerio del ramo (sin cartera) en una Italia hundida en la crisis, o la enardecida defensa del presupuesto de su departamento, que incluye la ayuda exterior (51.500 millones de dólares en total para 2013), que la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, hizo el martes ante el Senado de su país. Frente a estos países, o a los nórdicos, que superan —algunos por ley— el 0,7% del PIB dedicado a la ayuda al desarrollo, el caso español es la nota discordante: la AOD sufrirá un recorte de mil millones de euros, según el ministro José Manuel García-Margallo en comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso el pasado 23 de febrero. Ningún portavoz del ministerio respondió a la solicitud de EL PAÍS de una entrevista.

García-Margallo ha adelantado que el Gobierno centrará sus esfuerzos en los organismos multilaterales (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF, Onusida y Onuhábitat), pero muchos expertos critican el recorte precisamente porque supone una pérdida de presencia en el mundo. “Somos una potencia de tipo medio con presencia en la ONU, el G-20, el G-8, laOrganización Mundial del Comercio (OMC), la OCDE… En la reunión del G-8 en Italia nos invitaron a presidir una mesa sobre seguridad alimentaria precisamente porque éramos el primer donante”, explica Fernando Mudarra, consultor de cooperación internacional que ha trabajado durante 15 años para la AECID. “A todos los países esa presencia les genera información para sus tejidos empresariales e institucionales, y nosotros la vamos a perder. Si bajamos el perfil de la cooperación, estos últimos años no habrán servido para nada. Tenemos suficiente capital de cooperación y tenemos ya ganada la presencia en las instituciones [multilaterales], nos bastaría con mantenerlo”.

La posición que deje España en el mundo, apuntan los expertos, pronto será ocupada por otros (potencias emergentes; la propia China, que acaba de dotarse de un libro blanco de la cooperación y a la vez está entrando como elefante en cacharrería en África mediante la compra de tierras de cultivo…). “Italia no va a poner ni un euro, pero tiene un ministro de Cooperación. Con los recortes, y la desaparición de la secretaría de Estado de Cooperación, si España envía ahora a un subsecretario a los foros [internacionales], le recibirá un subsecretario…”.

“Es frívolo que Gates diga que olvidemos a Perú”, opina la ONG Prosalus

Mudarra ve otros dos perjuicios en los anunciados recortes. El primero, “perder la oportunidad de participar en todo ese negocio que gira alrededor de la cooperación: iniciativas de investigación, think-tanks, informes; personal colocado en instituciones internacionales…”; también, además de la cantidad, está en cuestión la calidad: “Es terrible no saber qué hacer con el dinero que queda. No es solo una cuestión económica, ser predecible y confiable es mucho más importante que actuar a impulsos, tanto para la cooperación como para la presencia internacional”.

“Lima ha cambiado a costa de un cinturón con casas sin agua potable”

España ha tenido en los últimos años un presupuesto de cooperación en torno a los 4.000 millones de euros, “un 0,43% del PIB”, dice Mudarra; con los recortes previstos, la ayuda bajará a los 3.000 millones. “La contribución española al fondo europeo de desarrollo (entre 800 y 1.000 millones) no va a poder recortarse, así que se deducirá de otras transferencias multilaterales”, continúa el consultor. De cualquiera de las 130 contribuciones a organismos internacionales que España llegó a sufragar en los años dorados de la cooperación, como el Fondo del Agua, una ambiciosa iniciativa de agua y saneamiento para América Latina, alrededor de 60 programas aprobados que están echando a andar. “Cómo vamos a dejar pasar la oportunidad de estar presentes, que se nos reconozca como autoridad en el tema… Me preocupan los bandazos: esto no es una cosa de ONG, es una cuestión institucional, por eso no es una política sustituible”.

Para Verónica Hernández, portavoz de Intermón Oxfam, los recortes en AOD suponen “pérdida de legitimidad social para el Gobierno, en un asunto que concitaba tanto consenso social; incluso en un momento de crisis como este, hemos batido el récord de ayudas de particulares para Haití y el Cuerno de África”. Más allá del clamor social, Hernández coincide con el resto de expertos consultados en las consecuencias internacionales que puede tener para España un repliegue exterior: “Los países que se disputan la primacía internacional luchan por liderar la cooperación al desarrollo, es una apuesta estratégica. España va a perder un sitio en la vanguardia. Hemos estado trabajando para presidir la FAO; España desea estar en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2015, pero un país no puede pretender estar solo un poquito en la ONU, si quiere ser creíble debe hacer muy bien los deberes”.

Un analista observa: “Hay solidaridad, pero a la calle se sale por el paro”

La cooperación internacional es una política de Estado desde el pacto suscrito en 2007 “que suscita unanimidad de las fuerzas políticas”, recuerda la portavoz de Intermón. Frente a otros países del entorno, “España, que ya recortó la ayuda en 2010, va contra corriente en política interior (compromiso social) y en el exterior, donde la política de cooperación contribuye a forjar la marca España”, remacha Hernández. Tanto ha calado el mensaje que propuestas como la tasa Tobin, defendida sin descanso por ONG durante los últimos años, ha traspasado los límites de la sociedad civil para ser aupada a los centros de decisión económicos, noqueados por la crisis.

El sector cree que la ayuda privada debe ser complemento de la oficial

La cooperación es la política pública que más se ha recortado por la crisis, “en torno a un 40% entre la Administración central y las autonómicas y locales desde mayo de 2010”, apunta Hernández. Dedicar pues el 0,7% del PIB al desarrollo queda en el limbo del tijeretazo. “Iremos a otra fecha, pero pediremos un plan, suscrito por todos los partidos”.

“Hemos vendido que llegaríamos al 0,7%, pero ahora faltamos a la palabra dada. Y fuera el que pierde es el Estado, no el Gobierno”, sostiene José Ángel Sotillo, profesor de Relaciones Internacionales y director del máster en Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. La visión a medio y largo plazo característica de la cooperación —los frutos de la ayuda al desarrollo, pública y de ONG, tardan en madurar— puede ser sustituida por un programa a 3 o 4 años vista “que no ha medido bien en qué se recorta ni el impacto, pues eso equivale a tener muertos en muchos lugares, al deterioro de enfermedades endémicas, a que el sida vuelva a hacer más y peores estragos”. El interés geoestratégico está fuera de dudas para Sotillo. “En el mundo hay amenazas a la seguridad, y herramientas militares, diplomáticas o de ayuda al desarrollo para hacerles frente. David Cameron es muy claro al respecto”, recuerda. Claro que no todo puede atribuirse a los recortes. Sotillo alude a la denominada “fatiga de los donantes”, “al hecho de no haber sido capaces de explicar los logros… También ha habido oscilaciones en la cooperación, y ha desaparecido la demanda de parte de la ciudadanía para exigirle al Gobierno que mantenga ese compromiso; sigue existiendo el sentimiento de solidaridad, pero ahora la gente sale a la calle a protestar por el paro o la reforma del mercado laboral, no por el 0,7%”.

El enésimo elemento para el debate es el papel de la filantropía, que tutea, como Gates, a los Gobiernos, pero que, por sus propias características, es contingente; ítem más, ¿no es también la filantropía una manera nada encubierta de privatizar la ayuda que los Estados deben prestar? “La ayuda privada, como la de Gates, un día se puede acabar. Esto no es un asunto caritativo, hay que verlo como un derecho, el derecho al desarrollo. La ayuda privada debe ser un complemento a la oficial. Los Estados son los auténticos responsables, tienen una obligación; lo contrario sería asistencialismo”.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/02/actualidad/1330686883_852909.html

Crisis y paraisos fiscales

Publicado: octubre 23, 2011 en QUIEN DEBE A QUIEN

Por: CCS el 20/05/11 07:59

Sobre nuestras vidas deciden oscuras instituciones nada democráticas: agencias de rating, el FMI y medios de comunicación al servicio de las minorías.

Se acumulan presagios económicos catastrofistas en prensa, radio y televisión sobre endeudamiento, déficit y su repercusión en la recuperación económica. Para que la ciudadanía acepte lo que le echen como única salida. Y, mientras tanto, se desmontan poco apoco las garantías laborales y se reducen o eliminan los derechos a salario suficiente, a seguridad social, a una vida digna… Esos proclamados recortes inevitables e imprescindibles “reformas estructurales” son violaciones de derechos humanos.

Esta escalada de reiteradas noticias sobre déficit, deuda y los males que nos acechan contribuyen a desmontar el estado de bienestar. Los logros sociales, unos derechos humanos conseguidos con coraje, sangre, prisión y sufrimiento. Pero este desmantelamiento no sería posible sin la complicidad de los medios informativos; medios de persuasión al servicio de intereses minoritarios concretos.

Toda esta porquería actual empezó hace poco con la actuación de las agencias de clasificación de crédito, también denominadas de calificación de riesgo o de rating. Agencias que evalúan productos financieros o activos de empresas, Estados o gobiernos regionales; valoran el riesgo de impago y la solvencia del emisor de deuda en los mercados de valores con cálculos estadísticos y métodos matemáticos.

La cuestión se complica cuando los dictámenes de esas agencias son considerados las tablas de la ley entregadas a Moisés en el Sinaí. Tales agencias son parte del problema, no de la solución. El presidente de Moody’s ha admitido que los graves errores de las agencias de rating contribuyeron a la crisis financiera porque otorgaron buenas calificaciones a las hipotecas-basura. Pero al error ya fue cósmico al convertirse la crisis de las hipotecas en crisis global que ha desmontado las economías. Ocurrió cuando la banca de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota, poco antes de ser rescatada urgentemente con dinero de los ciudadanos estadounidenses. ¿Saben qué calificación daban esas agencias de rating a Lehman Brothers el mismo día que Lehman pidió auxilio porque se hundía? Muy buena.

Pero no aprenden y persisten en sus discutibles y oscuras actuaciones sobre Grecia, España, Portugal… Las agencias maniobran contra la solvencia de España, aunque la deuda pública española sea 20 puntos menor respecto al PIB que la de sus vecinos europeos. ¿Y qué ocurre en España ante las calificaciones a la baja de esas agencias? Recortes, congelación de pensiones, rebajas de salarios… Frenos a la reactivación económica. El Nobel Paul Krugman denuncia que “se ha convertido en sabiduría que hay que socavar la recuperación económica para apaciguar a quienes temen que haya inflación, aunque no la haya ni por asomo. Y eso es lo realmente malo”.

El otro expolio a la ciudadanía es la usurpación de soberanía; una soberanía que todas las constituciones nacionales proclaman, pero que hoy detentan quienes no han sido elegidos y ante nadie responden.

Sobre nuestras vidas deciden oscuras instituciones nada democráticas. La política presupuestaria de los países de la zona euro, por ejemplo, está marcada en realidad por el Banco Central Europeo. Y el FMI (otro que tal) es un tinglado donde la designación de responsables es fruto de enjuagues y cambalaches entre los países más poderosos.

Marshall Auerback, investigador económico del Roosevelt Institute, denuncia que “camuflados tras todo el furor contra el déficit están los beneficiarios de la reciente prodigalidad pública. Las élites político-económicas, los mayores beneficiarios de la magnanimidad gubernamental en los dos últimos años, despotrican contra la política fiscal que dicen es irresponsable e insostenible”. Y Bill Mitchel remacha que “los neoliberales socavan deliberadamente el derecho a trabajar de millones de personas, forzándolas a una situación de dependencia para entrar a saco en el sistema de bienestar y negar el alivio que ese sistema les proporciona.”

Ante tal miserable despropósito sobre deuda y déficit, Auerback insiste que “la mejor reforma para lograr estabilidad financiera es el pleno empleo, porque así crecen los ingresos y la capacidad para reducir deuda; descienden impagos a bancos y hay menor necesidad de rescates públicos. El pleno empleo es el valor real que debe guiar la política económica, no el falso énfasis en proporciones financieras siempre en manos del sector financiero”.

Estoy con Auerback cuando dice que “la depravación moral de las élites es verdaderamente inconcebible”. Yo las denomino minoría privilegiada.

Artículo de Xavier Caño Tamayo, periodista y escritor

http://www.canalsolidario.org/noticia/fmi-gana-la-minoria-privilegiada-pierden-la-soberania-ciudadana-y-los-derechos-humanos/23984

Oro negro

Publicado: mayo 2, 2011 en QUIEN DEBE A QUIEN

Por: CCS el 11/03/11

Tiempo estimado de lectura : 2 minutos

Si pudiera diseccionar su portátil, su pantalla de plasma o su teléfono móvil, y acceder a su corazón, encontraría coltan, un mineral que se produce a partir de la columbita y la tantalita. Se trata de dos óxidos escasos en el mundo que, desde hace unos veinte años, se han convertido en materia prima estratégica. Australia, Brasil, Tailandia y Canadá son los grandes productores, pero es la República Democrática del Congo la que tiene el 80% de las reservas mundiales. Tras la explotación de esta amalgama de piedras color azul mortecino está la financiación de guerras y la explotación infantil. Se estima que por cada kilo del mineral extraído mueren de dos a tres niños.

Lo que hace que el coltan sea tan preciado es sus propiedades de resistencia al calor, de conducción y de almacenaje de energía. Por estas razones, el “oro gris” está presente en el desarrollo de la nueva tecnología, desde un DVD a un satélite, desde una nave espacial a armas teledirigidas.

“Las guerras del Congo con más 4 millones de muertes no han sido guerras tribales sino guerras para apoderarse del tantalio”, afirma Alberto Vázquez Figueroa, autor del libro Coltan. Ruanda y Uganda han robado al Congo el preciado mineral y lo han vendido a países como Estados Unidos. Con ello han podido financiar las guerras.

África se convierte en despensa de los países desarrollados, mientras en sus sociedades sólo quedan muerte y miseria. El salario de niños que trabajan en las explotaciones de entre 6 y 10 años es de 0’25 euros diarios, cuando consiguen cobrar. Muchos mueren enterrados en los desprendimientos de tierra que se les vienen encima; otros, intoxicados de respirar el polvo de los terregales. Cuanto más pequeños, mejor llegan a lugares de difícil acceso, más cerca de la mala hora.

Pero el coltan no sólo trae muertes accidentales. La guerra, disfrazada de rivalidades tribales, origina desplazamientos –más de 1 millón, según la ONU-, huidas desesperadas donde las familias se desmoronan en la confusión de los ataques y donde se comenten violaciones y todo tipo de atrocidades con total impunidad. Joseph Kony es el líder de La Resistencia del Señor, un ejército ugandés que se ha financiado con el robo de minas y el asalto de camiones de coltan. El terror que creó fue tal que en Uganda surgieron Los caminantes de la noche, niños que huían de sus hogares para no ser raptados y ser utilizados como soldados o, en el caso de las niñas, violadas por los mandos militares.

 

 

http://www.canalsolidario.org/noticia/coltan-buscamos-tecnologia-y-sembramos-miseria/23671