Libertad de circulación, libertad de expresión

Publicado: agosto 7, 2011 en Actúa!, OPINIÓN
BELÉN MACÍAS MARÍN (REDACCIÓN)

LUNES 7 DE MARZO DE 2011.  NÚMERO 145

La crisis arrecia y se recrudece la situación para las personas inmigrantes, acorraladas por la falta de trabajo, las enormes dificultades para regularizar su situación y el acoso al que se ven sometidas en la calle por la policía. Mientras que desde el Gobierno se niega tal hostigamiento, ciudadanos y profesionales de la información denuncian prácticas como los controles masivos de documentación con criterios raciales. Vigilar a los vigilantes es legal pero supone arrestos, multas y detenciones. Además del caso del fotógrafo de este periódico, Edu León, desgranamos otros de los que acontecen a un lado y otro de la cámara.

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Foto: Olmo Calvo.

“Es la tercera vez que me paráis esta semana, esto no hay quien lo aguante”, se queja con cansancio un adolescente negro en un locutorio en el madrileño barrio de Lavapiés, junto con dos colegas a los que la policía acaba de pedir la documentación. Estaban haciendo fotocopias para el próximo examen en el instituto. Se trata de una escena cotidiana en un creciente número de barrios y ciudades dentro de la fortaleza de los países más ricos y que se replica, incluso, en algunos de los países menos pobres de entre los empobrecidos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha denunciado a España, en una audiencia celebrada el 23 de febrero en Ginebra, por la detención de inmigrantes según perfiles racistas.

Destacan que “la policía se maneja con circulares racistas para detener a inmigrantes indocumentados” y que “sindicatos de policía han revelado que deben cumplir con una cierta cantidad de detenciones”.

El acoso al inmigrante con sistemáticos controles de identidad basados en criterios raciales constituye una de las ‘performances’ públicas con las que el poder mantiene posiciones ante la crisis: da seguridad a unos, a aquellos que se sienten ahora más amenazados que nunca, atemorizando a otros. Buena gestión del miedo de todos. Organizaciones de inmigrantes enmarcan estas redadas en una estrategia de creciente “racismo institucional”, junto con otros hechos, como la denegación arbitraria de tarjetas de residencia o las trabas administrativas para empadronarse.

Son ilusiones

No obstante, el ministro que mejor ha entendido que la política se hace en las ruedas de prensa, Alfredo Pérez Rubalcaba, insiste en su tesis: “No hay redadas, las prohíbe la constitución”. El responsable de Interior afirmó en la presentación del balance de la lucha contra la inmigración ilegal, a finales de enero, que los 3.321 extranjeros expulsados en 2010 por estar en situación irregular fueron localizados en “operativos antiterroristas o en controles de alcoholemia”.

La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), ante lo que calificó como “falta de transparencia del Gobierno en la publicación de datos oficiales”, investigó en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2009 y desveló que ese año fueron expulsadas 8.935 personas de las 16.590 que fueron detenidas y que entraron a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). “La privación del derecho a lalibertad de las personas no estuvo justificada entonces en la mitad de los casos”, denuncia AEDIDH.

Al tiempo que organismos internacionales vigilan la labor de los gobernantes, en la calle cada vez más ciudadanos y profesionales de la información velan también por el buen desempeño de la labor de los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado. Su trabajo se puede observar, fotografiar y grabar dentro de la legislación vigente. La sociedad de la vigilancia puede volverse contra sus promotores.

Nahia y Cristina, dos vecinas de Bilbao, se pararon a observar la detención de un inmigrante en la noche del 23 de diciembre de 2009 y las detuvieron hasta las cuatro de la madrugada. Más de un año después, la Audiencia de Bizkaia reabre el caso por posible arresto ilegal. “Se trata de terror machista policial. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que denuncien estas prácticas abusivas y no se acostumbren a vivir con ellas, y a los responsables municipales para que cesen de sus puestos a estos maltratadores uniformados o, en caso contrario, dimitan”, señalan.

Rossío Rodríguez Lizarazu, además de mirar, sacó su móvil y grabó a los policías que estaban ejecutando un control de identidad. “Acababa de ver en la tele a Rubalcaba diciendo que las redadas no existían , estaba tratando de documentar lo contrario”, cuenta a DIAGONAL.

Boliviana y en situación irregular, acabó detenida y le denegaron los papeles que estaba tramitando. Vea aquí su relato

Derecho a informar

Además de la libertad de expresión de este ‘periodismo ciudadano’, muchos profesionales reclaman libertad de prensa, derecho a informar. Edu León, coordinador de fotografía de este periódico,enfrenta ahora su cuarto juicio en menos de un año, por documentar, junto con Olmo Calvo y David Fernández (también de DIAGONAL), los controles de identidad a inmigrantes. Las repetidas detenciones de León, alguna de las cuales es mencionada en el informe sobrelibertad de prensa 2010 de Reporteros Sin Fronteras, han provocado la solidaridad de decenas de compañeros. Muchos de ellos se han convertido en protagonistas involuntarios de noticias paralelas a las realidades que querían fotografiar.

La freelance Alicia Mesonero fue denunciada y llevada a juicio por fotografiar una redada; acabó pagando una multa de unos 100 euros, bajo amenaza de arresto. A finales del pasado enero absolvieron a José Alfonso (ABC) en un juicio por fotografiar a dos policías. Pedro Armestre (AFP PHOTO) pasó un día y medio, entre el 15 y el 16 de febrero, en una celda a tres grados por hacer fotos en la última acción de Greenpeace en la central nuclear de Cofrentes (Valencia).

Jesús Feria (La Razón), Josep Lluis Sellart (El País), Walter Astrada (La Nación, France Press), Guillem Valle (ADN), José Colón (Público) y Martín Carrasco (EFE) han sido agredidos y/o detenidos por la policía mientras trabajaban. Albert Garcia (La Directa) llevó a juicio a Mossos d’Esquadra por acoso y continuas amenazas a finales de 2010. Son sólo una muestra.


COBERTURAS DE RIESGO

¿IDENTIFICARSE POR INFORMAR?

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Ministerio del Interior ultiman, desde hace meses, un convenio para identificar a periodistas gráficos en coberturas con la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

La Asociación de la Prensa de Madrid, la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y TV y la Delegación del Gobierno de Madrid negocian por su parte un acuerdo por el que se garantizará la seguridad sólo a aquellas personas identificadas ante la policía con un peto y el DNI.

En Cataluña se identifican con un brazalete naranja, lo que ha mejorado la situación, aunque no ha acabado con los incidentes entre reporteros gráficos y policía, y tampoco protege a quienes practiquen un ‘periodismo ciudadano’ en auge.

http://www.diagonalperiodico.net/Libertad-de-circulacion-libertad.html?var_recherche=libertad%20de%20expresi%F3n

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comentarios
  1. MDF dice:

    #spanishrevolution, Democracia Real Ya y los Indignados. Señor Palmou, ex-Consejero de Justicia de la Xunta de Galiza presidida por el Sr. Fraga (PPsoe) y miembro del Cuerpo Nacional de Policía durante el FASCISMO, e hijo. Mujer de 79 años, tras ser operada del corazón, y su hijo, que junto a terceros editan una web en apoyo del 15-M, son represaliados por la in-Justicia española. Los restos de su padre fueron desenterrados por el FRANQUISMO y hechos desaparecer. 68 años estuvo sin saber nada de Andrés Pecino García hasta que aparecieron sus huesos en la fosa común 702 de San Eufrasio, Jaén. Tenía 25 años cuando los FALANGISTAS le pegaron el “tiro de gracia”. Hace 2 años su esposo murió o fue muerto en A Estrada (Pontevedra) sin que el Sistema Judicial Español haya incoado investigación (por más que los haya denunciados ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA). ¡Cómo un Juez y quizás algún funcionario del Juzgado de Instrucción núm. 1 de A Estrada pueden estar implicados…! Ese mismo Juzgado vuelve a citarlos para imputarlos en proceso con denuncia notoriamente falsa, ilegal deportación de ambos fuera del casco urbano estradense, sin haberles permitido la defensa, con participación de Partes no reconocidas por Ley (Colegio de Abogados de Pontevedra), cuyas FALSAS FALTAS se hallarían prescritas, etc… Ver en:

    http://aims.selfip.org/spanish_revolution.htm

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